scholarly journals CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL EN EL PROCESO DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO. CASO “LASTAY”

2022 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 109-119
Author(s):  
Marisol Condori Apaza ◽  
Gustavo Reyna Arauco

Durante los últimos años, el Perú viene atravesando por diversos conflictos socios ambientales que ocasionan no sólo pérdidas materiales, sino pérdidas humanas que son irrecuperables. En dichos conflictos “están en juego más que las oportunidades de crecimiento económico, la suerte del medio ambiente local, la calidad de vida de la población y la continuidad de las economías territoriales y sistemas de vida tradicional (…) las concepciones del mundo, de la naturaleza y de la forma en que los seres humanos se relacionan y organizan entre sí”49. Las ciudades que vienen creciendo demográfica y territorialmente, ingresan a un proceso de “modernidad” que los empuja al consumismo de bienes y servicios. Precisamente ese consumismo acelerado crea grandes cantidades de residuos sólidos, cuya disposición final generará conflictos socio ambientales, ya que, las personas tenemos derecho a habitar un ambiente saludable, libre de agentes patógenos o contaminantes; y para acceder a ello, según algunos entrevistados, los residuos sólidos deben estar alejados de lugares habitables y de terrenos agrícolas y ganaderos. Huancayo no está ajeno a esta problemática, porque entre los principales distritos como son: Huancayo, El Tambo y Chilca, la ciudad metropolitana de Huancayo genera un total de 258 toneladas diarias de residuos sólidos y, para su confinamiento final, las autoridades plantean propuestas, pretenden implementar proyectos, que más que un acuerdo entre autoridades, sociedad civil y población, genera consigo conflictos socio ambientales. Tal es el caso acontecido el año 2008 en el anexo de Lastay50, lugar donde se pretendió construir una planta de tratamiento de residuos sólidos para dar solución al problema de disposición final de los mismos. Pero, más que solución lo que se generó fue un enfrentamiento, ya que los pueblos (Lastay y anexos aledaños) organizados en sociedad civil encabezado por el Alcalde de Concepción, Oscar Berríos Fuentes, iniciaron una ofensiva colectiva que mantuvo enfrentadas a las provincias de Huancayo y Concepción, lo cual ocasionó pérdidas humanas y materiales. Finalmente, el proyecto se frustró, ya que no se logró obtener la licencia social. Este hecho muestra una clara oposición por gran parte de la población hacia la construcción de plantas de tratamiento de residuos sólidos u otros proyectos similares cerca a lugares habitables y/o terrenos agrícolas, y es más, ha generado crisis de gobernabilidad local y una imagen negativa del burgomaestre en turno a quien la prensa hablada y escrita ha calificado con adjetivos de pérdida de principio de autoridad y falta de capacidad y eficiencia en la gestión local respecto a la solución de los problemas de la ciudad.

1998 ◽  
Vol 53 (600) ◽  
pp. 909-930
Author(s):  
Roberto Salazar Candell

De cara al próximo gobierno y siglo, este artículo hace una reflexión sobre la situación del Estado salvadoreño y sus expectativas, especialmente en lo que concierne a las reformas que estarán en función de un nuevo parrón de desarrollo, cuya secuela es una mejor calidad de vida de las actuales y futuras generaciones, vale decir: el desarrollo sostenible. El desafío es enorme, no sólo para el Estado, sino también, y especialmente, para la sociedad civil. Un Estado frágil o una sociedad civil débil no pueden lograr encauzar al país por la senda del desarrollo sostenible. En este sentido, las reformas deben orientarse a fortalecerlos a ambos. El Salvador no puede ni debe enfrentar solo el proceso de globalización. Centroamérica tiene que realmente "abrirse hacia adentro" para luego "abrirse hacia afuera". ECA Estudios Centroamericanos, Vol. 53, No. 600, 1998: 909-930.  


UVserva ◽  
2020 ◽  
pp. 215-240
Author(s):  
Estela Casados González

La violencia en el ámbito doméstico en México se encuentra ampliamente extendida e incuba diversos tipos de violencia de carácter psicológico, físico, sexual, económico, patrimonial y feminicida. Este entorno ya ha sido explorado como un posible escenario que merma la calidad de vida a sus integrantes, principalmente a las mujeres. En eventos de carácter extraordinario tales como la contingencia sanitaria derivada del SARS-CoV-2, se recrudece este fenómeno social arraigado fuertemente en nuestro país. Este texto presenta algunas reflexiones derivadas de información oficial que documenta las lesiones y eventos violentos que tienen lugar en los hogares del país, los registros sobre el tema generados por organizaciones de la sociedad civil, así como lo acontecido en Veracruz durante el primer semestre de 2020 recabado por el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres.


INVURNUS ◽  
2019 ◽  
pp. 3-9
Author(s):  
Reyna Elizabeth García Moraga ◽  
Mario Alfonso Bracamonte Ozuna ◽  
Elizabeth Torres García

A partir de los noventa diversas naciones de América Latina se dieron a la tarea de actualizar y adaptar sus legislaciones mineras en dos grandes vertientes: garantizar jurídicamente un desarrollo sustentable y vigilar con mayor énfasis las inversiones en el ramo para regular los diversos impactos que generan las empresas que se encuentran asentadas en determinadas localidades. México es uno de ellos. La aplicación de instrumentos legales permite a la autoridad gubernamental construir una plataforma fiscal en impactos ambientales y de desarrollo regional. El Congreso de la Unión aprobó en 2014 diversas disposiciones de derechos sobre minería, destacando adiciones a los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos con la finalidad de apoyar a comunidades mineras. Se implementó el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros cuyo objetivo es elevar la calidad de vida de habitantes de las zonas de extracción minera. A través de esta investigación se realizan reflexiones jurídico-sociales en torno al ejercicio y distribución del Fondo Minero como retribución de recursos a las comunidades mineras del país mediante obras de impacto social y se analiza la integración y facultades del Comité de Desarrollo Regional para las zonas implicadas bajo un esquema de participación ciudadana efectiva.


2018 ◽  
pp. 35-56

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Ecuador desde su origen han determinado su compromiso dentro de la sociedad asegurar desde la sobrevivencia, reproducción y calidad de vida del ser humano hasta desarrollar líneas de trabajo concretas como derechos, política pública, ambiente entre otras. Sin embargo, desde el año 2007 se distingue un entorno de tensión entre el ejercicio del poder político con las organizaciones sociales y sus miembros, por prevalecer dentro de la esfera pública los intereses políticos del gobierno que no concordaron con la realidad y contexto de la población. El presente artículo busca describir y evaluar los aportes y desafíos de las OSC como agentes del desarrollo durante la presidencia de Rafael Correa, es decir, el contexto en el que se han desenvuelto, las fortalezas y conflictos que mantienen para el ejercicio diario de su trabajo como actores del desarrollo de nuestro país.


2015 ◽  
pp. 127-144
Author(s):  
Pilar Figueras

Pilar Figueras, Secretaria General de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, AICE, inicia su ponencia reseñando lo que es la ciudad, entendiéndola modernamente como un “marco primario de vida social y de interrelación y, por tanto, de solidaridad”.La educación no es excluyente y en consecuencia abarca a toda la población, ya el término no concierne únicamente a los niños y jóvenes para pasar a cobijar a la ciudadanía que se encuentra inmersa en la ciudad, que no solamente es un espacio para habitar sino que se constituye en Ciudad Educadora en la que el gobierno local interactúa con la sociedad civil articulando políticas para mejorar la calidad de vida de las personas que viven el ella. “Laeducación se convierte en un eje fundamental y transversal del proyecto político de la ciudad”. Una ciudad concebida así cumple una serie de funciones que solamente desde el desarrollo del concepto de Ciudad Educadora son asimilables y aprehendidas por los ciudadanos.


In Crescendo ◽  
2017 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 267
Author(s):  
Wilson Romero Palacios ◽  
Ana Mercedes Ocampo Hoyos ◽  
José Fabián Ríos Obando

El proyecto tiene como principal objetivo, analizar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) desde la dimensión social de la sostenibilidad. Para tal fin, se describirá la participación de la sociedad civil de la comuna 21 de Cali, teniendo en cuenta que  juega un papel importante en el desarrollo sostenible de la región y la localidad inmediata. La presente investigación parte de una necesidad sentida en la ciudad de Cali, en donde se observa de manera sistemática una desarticulación, entre la política pública en relación a la capacidad de respuesta a las carencias que presenta la población, en cuanto a la atención de consideraciones sociales y ambientales, e incluso económicas, de la población vulnerable para garantizar el desarrollo sostenible para un crecimiento armónico de la ciudad. Para esta finalidad se entrevistó a una muestra de 400 personas en la comuna  21,  con algún grado de escolaridad distribuidas de la siguiente manera: 204 con Bachillerato, 72 con nivel Técnico, 68 con nivel Tecnológico, 56 Universitarios.  Se empleó una encuesta donde se recogen datos sociodemográficos, conocimiento sobre el POT de la ciudad de Cali y la participación en la construcción del mismo. Se encontró que en la gran mayoría 74% (148 encuestados) no conocen el sentido del POT, el 82,5% (165 encuestados) no reconocen el POT de la ciudad de Cali y el 100% nunca tuvo participación para su construcción.  De igual manera, el 89,5 (179 encuestados) no conocen las implicaciones  para la comuna donde habitan y el 87,5% (175 encuestados) no consideran o no saben que el POT puede afectar su calidad de vida. La investigación evidencia la falta de promoción de espacios, por un lado y de participación ciudadana por el otro, para que adquiera sentido el desarrollo urbano sostenible.


1999 ◽  
Vol 14 (3) ◽  
pp. 525 ◽  
Author(s):  
Víctor L. Urquidi

En la Declaración de Río de 1992 se asumió un compromiso trascendental: la adopción del objetivo del desarrollo sustentable, es decir, un desarrollo económico y social que incluya la protección ambiental y el respeto a los recursos naturales, que sea equitativo y asegure a las generaciones venideras el acceso a los recursos y a tecnologías no contaminantes para mejorar la calidad de vida a escala mundial. Hasta ahora, el balance general no ha sido positivo. Río+5 transcurrió sin mayor resultado ni perspectiva. La conferencia de Kioto destinada a poner en marcha programas para controlar el cambio climático global no ha conseguido mucho apoyo. Ningún país ha emprendido todavía un proceso integrado de desarrollo sustentable. No es un asunto técnico, sino social y político: exige movilizar los recursos necesarios, dar prioridad al nuevo objetivo, conjugar los esfuerzos gubernamentales con los empresariales y los de la sociedad civil, crear conciencia de los umbrales peligrosos y aun irreversibles que puedan presentarse, construir una cultura de conocimiento y comunicación que contribuya al desarrollo sustentable. Éste deberá comprender el empleo de energía no contaminante; el uso proambiental del agua, los suelos y los recursos forestales; la protección de la biodiversidad; el reciclaje de desechos municipales, industriales y agrícolas; la promoción de sistemas de educación y capacitación para el ambiente y la salud, y, de igual importancia, una política demográfica efectiva y de largo alcance. Ningún país podrá aislarse de esta perspectiva, y ninguna medida en particular será suficiente por sí sola. En el caso de México, pese a adelantos institucionales en materia de política ambiental a partir de 1989, el ambiente continúa deteriorándose en todos los órdenes, Los múltiples factores condicionantes de un proceso integrado de desarrollo sustentable no han contado con la prioridad, los recursos y la atención constante que se requieren en una perspectiva de largo plazo. Dada la relación particular de México con Canadá y Estados Unidos por medio del TLCAN, será urgente llevar a cabo un estudio de las perspectivas del desarrollo sustentable de los tres países en su conjunto. Falta dar el primer paso en esa dirección.


Author(s):  
Ricardo Uvalle Berrones

El autor aborda el problema de la marginación como uno de los retos del mundo contemporáneo. Señala que las políticas públicas deben tender a recuperar la calidad de vida en la sociedad civil, situación particularmente compleja en un ambiente de restricción y contracción del gasto público. Propone un enfoque de nueva gobernanza donde haya una mayor interacción entre sociedad y gobierno en el manejo de los asuntos públicos para encontrar alternativas de generación de un desarrollo más justo para las personas, los grupos, los sectores y las organizaciones civiles.


2019 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 50
Author(s):  
Jorge Mandl ◽  
Hernán Málaga

Esta investigación realizada en cinco municipios rurales de Venezuela, estuvo orientada a evidenciar como las políticas públicas saludables son consecuencia de un conjunto de interacciones entre el Estado y la sociedad civil que impulsan la construcción de nuevas articulaciones politicas y sociales, determinando una práctica local para la salud y el bienestar. Se selecciono el paradigma cualitativo, asumiendo la fenomenología así como elementos hermenéuticos. El estudio demostró la construcción colectiva de propuestas hacia una nueva cultura política dirigida a universalizar los derechos básicos, la justicia y equidad. Los significados revelaron que las políticas públicas saludables constituyen una secuencia de respuestas integradas y sostenidas, resultado de procesos multisectoriales y transdisciplinarios del Estado con mediación social, cuyas dinámicas participativas garantizan llevar objetivos comunes a la praxis y asumir compromisos con el fin de actuar sobre aquellos determinantes sociales de la salud que determinan las transformaciones sobre la calidad de vida.


2019 ◽  
Author(s):  
◽  
Máximo Croce

Partiendo de un concepto innovador de gasto social definido como capital mental, se intentará realizar la primera medición del gasto en inversión en capital mental, en este caso para la Provincia de Buenos Aires, durante el período comprendido entre 2013 y 2016. El gasto en inversión en capital mental es un concepto nuevo que surgió en Inglaterra en 2008, y se lo define como la totalidad de recursos cognitivos, emocionales y sociales con los que una persona cuenta para desenvolverse en la sociedad, adaptarse al entorno e interactuar con los demás y con el medio ambiente. Este conjunto de recursos incluye habilidades cognitivas (la atención, la memoria y el lenguaje), emocionales y sociales (la capacidad para reconocer y controlar las emociones, la empatía, las estrategias de afrontamiento), la capacidad de aprendizaje de manera flexible y eficiente y la resiliencia frente a situaciones de estrés, entre otros. Como el capital mental representa una constelación amplia de recursos que las personas pueden desarrollar durante toda su vida, el cuidado del mismo excede naturalmente el área de competencia de una jurisdicción determinada. De allí, la importancia de garantizar un enfoque intra e intergubernamental que conecte no sólo a los distintos ministerios entre sí, sino también a los gobiernos locales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Dos ejemplos ilustran la importancia de articular actores e intereses para adoptar y escalar hallazgos científicos que impactan directamente sobre el capital mental. En educación, la intervención temprana está asociada a menores niveles de participación en actos de violencia futuros, mejoras en la productividad laboral, mayores ingresos económicos, menor tolerancia a la corrupción, menor mortalidad materno-infantil y mayor equidad de género, entre otros. La amplitud y profundidad del impacto de las intervenciones educativas necesariamente supera la capacidad y alcance de un Ministerio o dependencia pública equivalente. De manera similar, en materia de salud la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo en 1948 que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Más recientemente, la caracterizó como el emergente de una serie de factores que interactúan entre sí y cuyo desbalance o incumplimiento genera malestar o enfermedad. Estos componentes incluyen el estado de adaptación al medio (biológico y sociocultural), el estado fisiológico de equilibrio, el equilibrio entre la forma y la función del organismo (alimentación), y la perspectiva biológica y social (relaciones familiares, hábitos). Por ello, al sostener que “la salud es parte de la responsabilidad de los gobiernos”, la OMS interpela a un amplio conjunto de actores estatales y de la sociedad civil por fuera de lo estrictamente sanitario. Ambas temáticas -la educación y la salud- ilustran por qué el diseño de políticas basadas en evidencia requerirá cambios significativos en la naturaleza compartimentada de la administración pública y la gestión de gobierno. En los últimos años, esta conceptualización transversal del desarrollo humano se materializó en la visión trazada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre los que se encuentran terminar con el hambre y la pobreza en todas sus formas, garantizar la seguridad alimentaria y una nutrición mejorada, promover la salud y el bienestar mental y garantizar el acceso a educación de calidad y a la educación superior. Al ratificar su adhesión a la Agenda 2030, el Estado Argentino se comprometió a abordar aspectos cruciales para el desarrollo del capital mental en materia de educación, vivienda, seguridad alimentaria, provisión de servicios básicos, desarrollo urbano, protección social y gestión del riesgo. Esta agenda de cambio interpela a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ya que sus intervenciones tienen un impacto directo sobre la calidad de vida de la ciudadanía y su participación activa resulta imprescindible para alcanzar las 169 Metas propuestas para el año 2030. En el ámbito científico, la investigación transdisciplinaria será fundamental para determinar cuáles son las condiciones óptimas para el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales.


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