Este trabajo examina los avances en materia de participación pública que han tenido lugar recientemente en el ámbito de la protección del medio ambiente a nivel internacional y en España. En el veinte aniversario de la firma del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado en Aarhus en 1998 bajo los auspicios de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas, los progresos más relevantes han tenido lugar también en la esfera internacional. En 2018 se firma un nuevo acuerdo internacional que va a seguir sus pasos en la región de América Latina y el Caribe: el Acuerdo de Escazú. La primera parte de este trabajo se centra en una comparación entre las disposiciones en materia de participación pública de estos dos instrumentos internacionales. En cuanto a los novedades en España, la segunda parte de este trabajo examina las modificaciones operadas en materia de participación pública en la Ley de evaluación de impacto ambiental así como los retos pendientes para avanzar hacia una participación efectiva. Finalmente, en la tercera parte, se da cuenta de algunas importantes resoluciones judiciales aplicando las disposiciones sobre participación pública en materia de medio ambiente.El análisis de estas novedades pone de relieve la creciente importancia del derecho de participación en materia de medio ambiente y de su tutela judicial efectiva. En la espera internacional, la comparación entre el Convenio de Aarhus y el Convenio de Escazú revela que si bien este último se inspira en la estructura y enfoque del primero, va a prestar especial atención a los problemas específicos de la región para la que se ha diseñado, como la igualdad en el acceso a la participación pública, así como a retos actuales tales como el uso de las nuevas tecnologías como medio para ejercerlos. El Convenio de Aarhus es, sin embargo, algo más preciso en la delimitación de las condiciones de participación que han de respetar las autoridades públicas en la toma de decisiones relativas a ciertas actividades susceptibles de tener un impacto significativo en el medio ambiente.Por lo que se refiere a los avances en España, a nivel normativo vienen impulsados –una vez más- por la obligación de transponer al ordenamiento nacional las modificaciones de la Directiva de Evaluación Ambiental de la Unión Europea. Finalmente, se advierte que los tribunales españoles siguen desarrollando una notable jurisprudencia –no exenta de algunas sombras- para hacer efectivo el derecho de participación.
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