Derecho administrativo en el marco de la comunidad andina: la ampliación de la legitimidad activa para solicitar interpretaciones prejudiciales

Uno de los temas de mayor trascendencia en el Derecho Administrativo comunitario andino está referido a la ampliación de la legitimidad activa para solicitar interpretaciones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). De hecho, el TJCA ha interpretado de manera amplia y generosa el concepto de “juez nacional”, incluyendo a los órganos administrativos de los Estados miembros, así como a los árbitros. De tal manera que, el problema de investigación gira en torno a qué se entiende por “juez nacional” a la luz del Derecho comunitario andino y el objeto y fin del mecanismo de la interpretación prejudicial. La hipótesis principal consiste en que, tanto los órganos administrativos como los árbitros son, en los hechos, “jueces comunitarios” por colaborar en la interpretación y la aplicación uniforme del Derecho comunitario. En ese sentido, en el presente trabajo se analizará la interpretación prejudicial como uno de los más importantes vehículos para garantizar el Estado de Derecho en materia de Propiedad Intelectual en el marco de la Comunidad Andina (CAN), y se hará un breve análisis comparativo entre la consulta prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la del TJCA. Por último, se brindarán algunos apuntes sobre cómo se deben enfrentar los cambios jurisprudenciales del TJCA.

La compra pública de innovación: retos y oportunidades para el desarrollo de la I+d+i desde la demanda pública

La compra pública de innovación (CPI) es una modalidad de compra que pretende aumentar la inversión en I+D+i y la mejora de los servicios públicos desde el lado de la demanda, y constituye una apuesta estratégica de la OCDE y de la Unión Europea, especialmente impulsada en los últimos años. Los contratos de CPI presentan una serie de peculiaridades jurídicas en su tramitación que los hacen singularmente complejos, tanto en su fase de preparación y adjudicación como de ejecución, lo que requiere un proceso de aprendizaje y de adaptación para los gestores públicos y para el propio mercado, cuyas claves jurídicas se destacan y comentan pormenorizadamente en este trabajo.

Colaboración público-privada y transferencia de riesgos

El estudio analiza las consecuencias que tiene la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria sobre el clausulado de los mecanismos de colaboración público-privada. En particular, cómo configurar un adecuado reparto de riesgos y especialmente cómo se estructuran los apoyos públicos puede determinar que compute como déficit público a los efectos de la doctrina de Eurostat sobre el SEC 95.

El concierto social como fórmula alternativa (y no contractual) para la gestión indirecta de los servicios sociales públicos

Las Directivas de la Unión Europea en materia de contratación han habilitado la posibilidad de que los Estados miembros puedan gestionar los servicios sociales públicos a través de fórmulas no contractuales. En España, esa posibilidad se ha concretado en los denominados conciertos sociales, regulados a través de las leyes de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas. Se trata de acuerdos a celebrar entre la Administración titular o responsable de los servicios y entidades de carácter privado, normalmente, sin ánimo de lucro. La naturaleza y el régimen jurídico de estos conciertos sociales, tal y como deriva de la regulación vigente, plantea, no obstante, algunas dudas que deberán ir resolviéndose a medida que su uso generalizado evidencie las fortalezas y debilidades de esta figura y la jurisprudencia resuelva al respecto.

El principio de no interferencia judicial sobre los arbitrajes: Comentarios al artículo 3 de la Ley de Arbitraje peruana

Las virtudes del arbitraje dependen del principio de no interferencia judicial en su trámite y de un régimen limitado de control judicial posterior de los arbitrajes. Sin embargo, existe mucha confusión y complejidad en la articulación de las distintas vías procesales de control aplicables a los arbitrajes, la oportunidad de su activación y sus alcances. El artículo 3 de la Ley de Arbitraje consagra el principio de no interferencia judicial, pero necesita ser comprendido dentro de todo el entramado de defensas procesales existentes. Para esos propósitos, la historia de la jurisprudencia nacional y comparada juega un papel sumamente relevante.

Teorías de los fines de la pena: la problemática aplicación de la prevención especial en la política criminal peruana

Debido al existente monopolio punitivo y penitenciario en el Perú, y en gran parte del mundo, los Estados deben justificar mediante una finalidad, el daño que la imposición de una pena causa en el individuo. Ante ello, la política criminal peruana opta por acoger una teoría ecléctica, cuyo mayor relieve se encuentra en la prevención especial. Sin embargo, pese a ser la prevención especial el núcleo de la teoría acogida, este precepto no se ve correctamente materializado.El presente artículo desarrolla el fundamento y los problemas de las diversas teorías de los fines de la pena, las cuales se presentan como una opción de aplicación para el legislador peruano. Analiza, además, la estigmatización, la presión mediática y el exceso de privaciones de libertad. Problemas que impiden la materialización de la prevención especial en el Perú.

¿Hacer en el sector público o comprar al sector privado?La regulación de la autoprovisión administrativa en España

El presente trabajo proporciona una panorámica sobre el actual debate de las técnicas de autoprovisión administrativa en España. El concepto de autoprovisión administrativa se utiliza para explicar las distintas opciones a disposición de los gestores públicos para la satisfacción de las necesidades administrativas de bienes y servicios dentro del propio sector público. Se discute también el panorama normativo de las decisiones administrativas de hacer o comprar al mercado, tal y como se configuran por la Ley 9/2017, de contratos del sector público, así como el surgimiento de mercados públicos al margen de los mercados empresariales de compra pública. Finalmente, todo ello se contextualiza en el debate transaccional en curso sobre la necesidad de mejorar la capacidad prestacional del sector público como herramienta de fortalecimiento del Estado de Bienestar.

El derecho de los contratos públicos en España: novedades y propuestas de futuro

Este trabajo da cuenta de la regulación de la contratación pública en España con ideas de prospectiva sobre cuál debe ser el futuro. Se presta atención a las principales líneas de la regulación española, y sus fines, para finalizar con unas conclusiones propositivas sobre la fundamentación regulatoria.

El Buen Gobierno en las Contrataciones del Estado: La metodología del Total Cost of Ownership como propuesta para mejorar la determinación y aplicación de los factores de evaluación de ofertas

Las normas que regulan el ciclo de la contratación pública otorgan un amplio margen de discrecionalidad para determinar los factores de evaluación, siendo el precio el único obligatorio entre otros de carácter facultativo. La aplicación de principios de buen gobierno puede contribuir a un adecuado ejercicio de la discrecionalidad conferida aplicando instrumentos, tales como la metodología denominada Total Cost of Ownership, que permitan justificar técnicamente la elección de determinados factores de evaluación con la finalidad de garantizar una adecuada relación calidad-precio.

Constitucionalismo abusivo en el Perú: Un análisis a la vacancia presidencial por incapacidad moral y los hechos posteriores al 9 de noviembre de 2020

El presente artículo propone una vista distinta de los hechos ocurridos el 9 de noviembre de 2020 y posteriores en el Perú, a raíz de la vacancia presidencial de Martín Vizcarra por la causal de incapacidad moral. La mirada para analizar estos sucesos se centran en la hipótesis de que el Perú presenció un Constitucionalismo abusivo por parte del Congreso de la República, hipótesis que se busca probar a lo largo del trabajo. En primer lugar, la investigación detalla y explica las concepciones iniciales que tiene el Constitucionalismo abusivo y cómo la doctrina ha ido delimitando el concepto. En segundo lugar, se proponen nuevas formas de manifestación que puede tener el Constitucionalismo abusivo más allá de su definición inicial, de tal manera que pueda incluir otros supuestos en los que se esté socavando la democracia mediante mecanismos aparentemente constitucionales. En tercer lugar, se realiza un estudio crítico al sistema de gobierno peruano y las instituciones constitucionales que ha adoptado en su organización, lo que permite identificar los puntos débiles de su estructura política y cómo el Constitucionalismo abusivo puede manifestarse. En cuarto lugar, se analiza la figura de la vacancia por incapacidad moral y cuáles podrían ser sus posibles delimitaciones. Por último, se realiza el análisis final a los hechos ocurridos el 9 de noviembre de 2020 y se determina la presencia de un Constitucionalismo abusivo en la actuación del Congreso.