Responsabilidad e impactos a las partes por la comisión de errores en la etapa precontractual

A partir de la Constitución Política de 1991 se ha establecido que el Estado tendrá a su cargo el cumplimiento de los fines esenciales, con el propósito de asegurar a la sociedad la prestación adecuada de bienes y servicios; prestación que se materializa mediante la celebración de contratos entre el Estado (a través de las autoridades administrativas competentes para ello) y particulares. Sin embargo, se ha demostrado que las partes del contrato estatal se han mostrado en algunas ocasiones omisivas frente al cumplimiento del de la Constitución y del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por tanto, resulta pertinente identificar la responsabilidad que le asiste a las partes en cuanto al negocio jurídico celebrado con vulneración a presupuestos legales de orden público.

El sistema federal de contratación de los Estados Unidos: una introducción

Este artículo proporciona una introducción al derecho de la contratación estatal de los Estados Unidos, especialmente el derecho federal, que está más desarrollado que el derecho de los estados o el derecho local, y que tiene lecciones que pueden ser útiles para otros sistemas. El artículo se divide en siete partes y su análisis abarca la historia, que ha dotado al sistema de sus características actuales; el acceso al mercado y las potenciales barreras de entrada; los principales métodos de contratación en el sistema federal; los principales tipos de contratos; el sistema de protestas para los oferentes agraviados; y los mecanismos de protección anticorrupción del sistema estadounidense. Todos estos elementos actúan como piezas de un engranaje que, sin ser perfecto, ha evolucionado a lo largo de los años para llegar a ser un régimen de contratación estatal que es, a la vez, complejo y maduro.

La necesaria claridad conceptual y teórica sobre los contratos estatales que se rigen por el derecho privado como presupuesto para su control judicial efectivo

Pese a la paradoja de calificar como “especial” un contrato estatal por regirse por el derecho privado, el hecho de que se celebren en gran cantidad y los problemas cotidianos de su estudio e interpretación justifican un esfuerzo de claridad conceptual y teórica, entre otras, para permitir el control judicial efectivo de una jurisdicción que ha construido su objeto a partir de la comprensión de “instituciones” jurídico administrativas. Desde la constatación de una realidad que se aleja de las pretensiones de unidad que caracterizaron al contrato estatal en el Estatuto General, este artículo pretende identificar los principales problemas estructurales y proponer un orden conceptual de ellos, a efectos de sentar las bases de un control judicial coherente y consecuente.

Intervención administrativa sancionadora en urbanismo y ordenación del territorio en Colombia

Paradójicamente, mientras el mundo, el continente y el país aumentan su tendencia de concentración poblacional en asentamientos urbanos, los controles y medidas para exigir de los ciudadanos comportamientos acordes con dicha realidad no van al mismo ritmo. En los países del tercer mundo, la existencia de asentamientos precarios, procesos de segregación socioespacial, ocupación informal del espacio público e incumplimiento de obligaciones urbanísticas son asuntos cotidianos. Por ello, este artículo analiza la intervención administrativa encaminada al ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito urbano-territorial en Colombia con la intención de examinar algunos de sus aspectos más importantes: ¿cuál es el origen de dicha potestad?, ¿a quién le corresponde su ejercicio?, ¿cómo se está ejerciendo?, ¿qué procedimiento le es aplicable?, y ¿qué tan eficaz es? Todas estas preguntas tienen respuestas a partir de un análisis de fuentes secundarias de orden doctrinal, normativo y jurisprudencial, así como de la lectura de la realidad urbana.

La inhabilidad por actos de corrupción en la Ley 2014 de 2019: el fortalecimiento del guardián del contrato y el nacimiento de una nueva potestad pública contractual

La Ley 2014 de 2019 es uno de los más recientes esfuerzos legislativos para combatir la corrupción en la contratación pública. Para tal fin, se introducen modificaciones a la inhabilidad por actos de corrupción prevista en el Estatuto de la Contratación Pública y, paralelamente, se da carta de nacimiento a la cesión contractual unilateral por actos de corrupción. No obstante, el poco tiempo transcurrido desde su aparición y la deficiente claridad legislativa han sido fuente de interrogantes sobre la naturaleza, el fin y la operatividad de las modificaciones introducidas. Abordar tales aspectos constituye el objeto del presente artículo.

Los medicamentos espurios y su venta online en tiempos de pandemia

Las tecnologías de la información y la comunicación han transformado nuestra sociedad. Su influencia se ha extendido a todos los ámbitos, afectando con especial intensidad a la industria farmacéutica y la compraventa de medicamentos. De cualquier modo, internet ha posibilitado una nueva vía de acceso del medicamento falsificado. A tal efecto, la Unión Europea ha realizado un destacable esfuerzo de lucha y control frente a este complejo reto, que ha tenido como última consecuencia el desarrollo del Sistema Europeo de Verificación de Medicamentos. En la actualidad, a consecuencia de la pandemia generada por el sars-CoV-2, estamos siendo testigos de la adaptabilidad del mercado de los medicamentos falsificados y de su destacable capacidad para desarrollar fármacos e, incluso, vacunas falsificadas o de baja calidad frente al covid-19.

El ámbito de aplicación del Estatuto del Consumidor y su carácter transversal ante los derechos de los usuarios de servicio de transporte de pasajeros

El presente artículo estudia la aplicación transversal del Estatuto del Consumidor para cada modo de transporte en particular, resaltando la unificación normativa que aspiró lograr su expedición y poniendo de presente que no hay que crear un régimen especial para cada sector de la economía, toda vez que esta protección debe ser aplicada de manera conjunta para los usuarios del servicio de transporte en cada una de sus etapas. Luego de examinar dicha aplicación, se abordan las particularidades de cada relación de consumo, indicando quiénes la conforman y qué autoridades son competentes para proteger a la parte débil de la misma, tanto por vía judicial, como por vía administrativa. A través de este análisis se busca dar claridad sobre de las diferentes alternativas que tienen los usuarios del sector transporte, con independencia del modo afectado.

La responsabilidad precontractual en la actividad contractual del Estado

En el presente escrito se estudia la responsabilidad que se deriva para quien ha frustrado las tratativas por su acción, omisión o extralimitación en la etapa precontractual, y que, de esta manera, ha causado un daño. De este modo se intenta responder importantes interrogantes: ¿dónde se ubica la responsabilidad precontractual del Estado?, ¿cuál es el fundamento de dicha responsabilidad? y, aún más, ¿dónde empieza y dónde termina la responsabilidad precontractual de la Administración pública? Para esto, se revisan los antecedentes históricos de la institución, pasando por sus fundamentos mediatos e inmediatos, así como su radio de acción en situaciones concretas de responsabilidad precontractual en las que puede incurrir la Administración pública o el proponente.

Los contratos de asociación público privada ¿Novedad o huida del derecho administrativo?

La investigación condensada en el presente trabajo tuvo como propósito determinar si las asociaciones público-privada (APP), como técnica o modo de colaboración entre el sector público y privado, requieren de una nueva tipificación dentro de la contratación administrativa o si puede enmarcarse dentro de los ya clásicos contratos administrativos, o bien si se trata de un contrato de derecho privado de la Administración pública. A través de una comparación y el método deductivo se hace una revisión de la doctrina y dogmática jurídica en materia de contratación estatal, y tomando como referente los principios generales que rigen el derecho Administrativo, se propone una definición de este tipo de contratos.