CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL CUANDO LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ES POSTERIOR A LA OPORTUNIDAD LEGAL

<p>Este artículo estudia la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato es liquidado por fuera de las oportunidades legales para su adopción bilateral o unilateral. El estudio inicia con un análisis de las posiciones encontradas al interior de la Sección Tercera del Consejo de Estado respecto al objeto de estudio. Posteriormente, el artículo finaliza señalando que una eventual unificación jurispru- dencial debería acoger la tesis que contabiliza el término de caducidad a partir de la ejecutoria del acto de liquidación. Esto debido a que es una tesis garantista de los derechos de acceso a la administración de justicia e igualdad, y porque la tesis contraria desborda el ámbito de aplicación de la norma.</p>

El Sector Productivo Colombiano, su vinculación a la jurisdicción especial para la paz y su incidencia en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado

En el marco de un nuevo proceso de justicia transicional en Colombia, el presente trabajo busca desarrollar la responsabilidad de las personas jurídicas de derecho privado dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Si bien no existe la responsabilidad penal para personas jurídicas en nuestro ordenamiento, es necesario reconocer a las empresas como actores (directos e indirectos) del conflicto armado, por lo que deben responder por sus actos a través de nuevos esquemas de responsabilidad civil. En virtud de ello, se crea y se propone la implementación de un test que, de ser aplicado casuísticamente, auxilia al juez para determinar responsabilidad de la corporación derivada de los hechos relacionados con la confrontación armada en nuestro país. El test consta de dos fases, una primera de vinculación que le permite al juez determinar si vincula o no a la empresa al proceso y cuenta con tres criterios i) temporalidad, ii) conducta endilgada y iii) cargo desempeñado; una segunda de atribución de responsabilidad, que corresponde a unas actuaciones procesales paralelas al proceso penal que permiten determinar la responsabilidad civil extracontractual de la empresa por la comisión del delito del particular, para lo cual el juez cuenta con cuatro criterios, i) atribución, ii) conducta, iii) jerarquía empresarial y iv) metas y políticas empresariales. Con el presente trabajo se busca una contribución, desde el empresariado colombiano, a la reconstrucción de la verdad y a la reparación de las víctimas del conflicto, así como materializar los principios procesales en la justicia transicional.

LA IMPOSICIÓN DE MULTAS EN LOS CONTRATOS ESTATALES POR LOS JUECES ARBITRALES

<p>Si bien la imposición de multas por parte de la administración a sus contratistas, como una forma de apremio en situaciones de incum- plimiento por parte de estos de sus obligaciones contractuales, ha sido catalogada como una potestad exorbitante o excepcional, debe reconsiderarse su naturaleza jurídica. Lo anterior si se tiene en cuenta que de conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la imposición de multas quedó al igual que las cláusulas penales, por fuera del catálogo de las potestades excep- cionales enunciadas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 referente a los medios que pueden emplear las entidades estatales para lograr el cumplimiento del objeto contractual. Exclusión que mal podría pasarse por alto para seguir catalogando la imposición de multas como una especie de potestad excepcional de la administración. Razón por la cual, puede afirmarse inicialmente que la exclusión hecha por el legislador implicó un vuelco en su naturaleza jurídica, para así retomar la concepción del derecho privado en donde su naturaleza es netamente contractual, sujeta al libre consentimiento de las partes.</p>

APLICACIÓN RETROACTIVA Y RETROSPECTIVA DEL PRECEDENTE JUDICIAL SEGÚN EL CONSEJO DE ESTADO COLOMBIANO

Dada la mora en el tiempo de tramitación de procesos que enfrenta el sistema formal de justicia colombiana, se han presentado múltiples dificultades de orden operativo que han causado traumatismos tanto en los operadores judiciales como en sus usuarios. Uno de los mayores problemas ha sido la aplicación retroactiva y retrospectiva del precedente. En especial, en el Consejo de Estado, estos virajes han generado inseguridad jurídica, desigualdad entre los usuarios y la posible violación a su confianza legítima. Por ello, el presente artículo, a partir de los pronunciamientos más recientes de la Sección Tercera del máximo tribunal de lo contencioso administrativo y desde un punto de vista práctico, tiene como objetivo dar a conocer las últimas tendencias en cuanto al uso inmediato o futuro de las mutaciones del precedente y, propone algunas alter- nativas que hagan menos gravoso para los litigantes los cambios de las reglas de juego en el transcurso de su disputa jurisdiccional.

Incorporación de la prueba cibernética e informática: electrónica y digital

Los Tribunales y postulantes se enfrentan de forma cotidiana a la compleja labor de la incorporación de medios de convicción que provienen de las nuevas tecnologías de la información y la comuni- cación; lo anterior, deriva de la falta de legislación precisa y oportuna en materia de ofrecimiento, desahogo y valoración, así como el trabajo procesal de la conservación forense. Asimismo, impera el uso de sinónimos por lo que refiere a la prueba electrónica y digital, lo que esfuma la claridad para que el juez cuente con reglas claras para su revisión. El presente artículo tiene su base en un método deductivo y hermenéutico que pretende generar ruptura en la ideología dominante y rescatar el valor epistemológico del concepto “documento”. Asimismo, propone un estudio etimológico sobre el concepto de pruebas cibernéticas, informáticas, electrónicas y digitales, los principios fundamentales para su incorporación y una vía adecuada, jurídico-técnica, para su debida valoración.

ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LA INHABILIDAD ESPECIAL DE LOS CONCILIADORES*

<p>La conciliación es un mecanismo auto-compositivo de resolución de controversias en el cual las partes gestionan la solución de sus diferencias con ayuda de un tercero neutral llamado conciliador. La Ley 640 de 2001 que regula en Colombia este mecanismo alternativo de solución de conflictos ha previsto, con el propósito de garantizar la imparcialidad de los conciliadores, una inhabilidad especial que opera, en primer lugar, para toda clase de asuntos durante al año siguiente al término previsto para la conciliación; y respecto de la causa objeto de la conciliación esta inhabilidad se extiende de manera indefinida en el tiempo. Se puede pensar, de forma preliminar, que esta inhabilidad indefinida se convierte en una pena o sanción irredimible que contraría principios y disposiciones constitucionales. Esta es la razón por la cual este artículo pretende analizar de forma exhaustiva la constitucio- nalidad de esta regulación.</p>

LA EFICACIA DEL PACTO ARBITRAL EN ALGUNOS CONTRATOS DE SEGURO. UNA REVISIÓN DESDE LA JURISPRUDENCIA

Habiéndose pactado cláusula arbitral en algunos contratos de seguros se han presentado decisiones judiciales contradictorias, unas restándole eficacia y otras apuntalándola, cuando con ocasión de llamamientos en garantía o en el ejercicio de potestades exorbi- tantes por autoridades públicas se suscita controversia respecto de la jurisdicción competente para conocer de ellas, en especial al revisar relaciones surgidas en contratos de seguro de responsabilidad civil y en seguros de cumplimiento de contratos estatales. Este artículo, al revisar distintas providencias judiciales contradic- torias, pretende presentar algunas conclusiones respecto de cuál de los fundamentos de las decisiones analizadas debe prevalecer.

LA AMIGABLE COMPOSICIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS APLICACIÓN A CONTRATOS DE CONCESIONES VIALES

Actualmente, después de un proceso evolutivo en la legislación y la jurisprudencia, la amigable composición se entiende como una figura de naturaleza contractual y compleja, a través de la cual las partes de un negocio jurídico buscan dirimir sus controversias mediante un tercero que fallará en equidad con efectos de cosa juzgada. A partir de su definición, el presente artículo muestra la evolución legal y jurisprudencial de la amigable composición en relación con su aplicación en la contratación estatal, iniciando con la regulación general del Código de Procedimiento Civil de 1970, pasando por la definición que introdujo la Ley 446 de 1998, la cual generó dudas sobre su aplicabilidad en este tipo de contratos y finalizando con la expedición de la Ley 1563 de 2012 la cual despejó cualquier duda sobre la viabilidad de la utilización de este mecanismo para la solución de controversias, cuando al menos una de las partes es una entidad pública. Las naturaleza y características de la amigable composición, ha motivado su implementación en negocios jurídicos de infraestructura de Transporte desde la tercera generación de contratos de concesión viales, llegando hasta los nuevos contratos de cuarta generación de concesiones viales los cuales destacan por tener una completa regulación del mecanismo en el que se incluye normas sobre su constitución, funcionamiento, remuneración y efectos. Esta detallada regulación, permite obtener decisiones más oportunas sobre los conflictos presentados en la ejecución contractual.

La nueva contribución especial para laudos de contenido económico - un obstáculo más para el arbitraje colombiano

La nueva contribución especial para laudos de contenido económico - un obstáculo más para el arbitraje colombiano

El acceso limitado a la justicia administrativa frente a los requisitos de procediblidad

<p>El acceso limitado a la justicia administrativa frente a los requisitos de procediblidad</p>