La policía como actor político

La novela de George Orwell (2010, p. 5) “1984” describe una sociedad bajo el control del Estado que determina cómo pensar, vivir, educarse, y en sí, comportarse, para preservar la convivencia social. Este texto comporta un antecedente presente en la sociedad del siglo XXI, que cada vez es más vigilada, recreando un aspecto de la sociedad que se pretende abordar: las instituciones de control social, en específico la Policía, vista como un actor que juega un papel preponderante en las relaciones sociopolíticas. La policía se recoge en los términos de LeClere (1965, p 46) como unas entidades de diversas denominaciones: gendarmerías, milicias, cuerpos de seguridad y otras acepciones que han ejercido la función histórica del control en las civilizaciones primitivas, antiguas, modernas y contemporáneas.

El neoconstitucionalismo y la crisis de la adjudicación del derecho

Los efectos que ha generado la segunda guerra mundial en términos culturales, económicos, sociales son innumerables; incluso muchos de ellos, continúan proyectándose en la actualidad sin que dimensionemos sus alcances más relevantes. Al respecto, el punto de inflexión jurídico propiciado por tal acontecimiento ha generado una disputa de tal magnitud que también se han afianzado, desde un punto de vista externo o del observador (Hart, 1963), distintas disputas académicas sobre modelos ontológicos y epistemológicos de la pretendida ciencia del derecho. Por ello, dicho fenómeno ha sido abordado desde diversas perspectivas.

Los delitos políticos y su diferenciación de los delitos comunes relacionados con la pertenencia, promoción y financiación de grupos armados ilegales

El establecimiento de categorías delictivas generales representa un problema político-criminal y dogmático muy notorio a la hora de implementar y aplicar disposiciones normativas abstractas para brindar prerrogativas o para restringir el ejercicio de derechos. Esta es una problemática que justamente ha experimentado la categoría jurídica denominada como delito político, ya que tradicionalmente el ordenamiento constitucional ha dotado al delito político de unas prerrogativas que permiten afirmar la existencia de un tratamiento diferenciado frente al tratamiento ordinario que se le da al delito común.

Balance de los derechos de participación en Ecuador

El objetivo de la incorporación de los derechos de participación en la Constitución ecuatoriana del 2008 era la necesidad de establecer una mayor relación entre Estado y sociedad, es decir que el ciudadano sea parte en la toma de decisiones sobre los asuntos de interés público. Específicamente en ese sentido Boaventura de Sousa, plantea que la democracia participativa viene a ser complementaria de la representativa (Santos, 2004). Esto con la finalidad de intentar superar la crisis que sufría el modelo representativo liberal (Santos, 2004). Así, el constituyente ecuatoriano instituyo nuevos derechos, garantías e instituciones con ese propósito. No obstante, a nueve años de esa promesa constituyente, existen muchas críticas, y detractores de esta. En este trabajo, me propongo revisar algunas de estas objeciones, desde una perspectiva analítica y critica.

Guarda compartida: la doctrina de las audiencias provinciales de cataluña y su evolución

Es sabido por todos que tanto la actual legislación, como ya anteriormente la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, realizan una apuesta clara y decidida por la custodia compartida –mejor dicho: guarda alternada–. En este trabajo de investigación, no pretendo hacer una exposición dogmática de la denominada guarda compartida, sino centrarme en elaborar un estudio exhaustivo de la doctrina de las Audiencias Provinciales de Cataluña. A partir de aquí, indirectamente me he visto obligado a analizar también cierta jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo, dado que, como veremos, las propias Audiencias consolidan su doctrina mediante múltiples remisiones a los fundamentos jurídicos alegados por dichas instancias superiores.

El consejo europeo: una institución atípica de la construcción europea

El sistema institucional de la UE constituye un fiel representante de los grandes cambios que el proceso de construcción europeo ha vivido desde su creación. Mientras el conjunto del edificio comunitario iba desarrollándose a través de, entre otros, una continua ampliación de competencias a favor de este ente (Molina Del Pozo & Bergamaschine Mata Diz, 2013) y a la progresiva adhesión de nuevos miembros, el sistema institucional iba reformándose, de cara a perfeccionar los mecanismos decisorios y evitar así a toda costa cualquier tipo de bloqueo en una Europa ampliada que habría podido convertirse rápidamente en totalmente ingobernable. Sin duda alguna, dicha realidad es la que ha permitido a la UE convertirse con el paso del tiempo en un ente sui generis (Molina Del Pozo, 2015a, p. 65), cuya principal fuerza radica precisamente en la superioridad de sus actos, adoptados en el marco de un complejo sistema de toma de decisiones en el que los principales intereses estén representados (UE-Estados-ciudadanos), sobre cualquier normativa nacional.