Inclusión de la modalidad de acogimiento post adoptivo, en la ley 30162 a favor de los niños abandonados en el Perú.

El acogimiento familiar ofrece a los niños la posibilidad de vivir en un ambiente familiar, cuando su familia de origen no se encuentra en condiciones de hacerlo o están atravesando por múltiples circunstancias que impiden la permanencia con sus hijos. El marco Jurídico y las legislaciones nacionales e internacionales, sobre el acogimiento familiar, han previsto que la familia es el entorno más favorable para el menor donde puedan vivir, crecer y desarrollarse, debido a su estado de vulnerabilidad propio de su edad. Sobre esa base, en este estudio se propone la necesidad de incluir la modalidad de acogimiento post adoptivo, en la ley 30162 a favor de los niños(as) y adolescentes abandonados, entonces habrá un mayor número de niños acogidos y por ende existirán más familias motivadas a pertenecer al programa de acogimiento familiar, debido a que el legislador ha considerado únicamente el Acogimiento familiar de carácter temporal.

El Contrato Administrativo de Servicios, los trabajadores de los hospitales y la eventual necesidad de establecer un tratamiento jurídico diferenciado

El Contrato Administrativo de Servicios (CAS), diseñado para superar una serie de contingencias de carácter laboral en el Estado, hasta la implementación de un régimen único, es muy utilizado en el Sector Salud. Sin embargo, durante la primera ola de contagios, ocasionados por la Covid-19, ha mostrado su principal carencia: la falta de estabilidad, con el personal médico y asistencial de los hospitales del país, que son el personal más expuesto y sacrificado de la primera línea de defensa. Esto es un problema que merece pronta solución, teniendo en cuenta la demanda de inconstitucionalidad dirigida contra la Ley n.° 31131. En ese sentido, se propone un tratamiento jurídico que garantice la estabilidad laboral de estos trabajadores, como justo reconocimiento a su enorme sacrificio, teniendo en cuenta la Constitución Política del Perú, los criterios del Tribunal Constitucional y la legislación vigente.

Aportaciones del Derecho Natural en el concepto de Derechos Humanos

El presente trabajo investiga las contribuciones de las diversas tesis del derecho natural, haciendo un repaso a sus postulados desde los Pre Socráticos hasta Del Vecchio y distintos instrumentos papales, en la construcción de las características esenciales de los Derechos Humanos y que son reconocidos por el concierto internacional en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.

Solidaridad y deber jurídico. Aportes para la fundamentación jurídica de la Responsabilidad Social Corporativa

Para el iusnaturalismo, el hombre rige su conducta a partir de un único sistema ético. Este sistema tendrá distintas reglas en función de los efectos que genere dicha conducta. Así, si los efectos de ésta acercan al hombre a su perfección, al máximo bien o la felicidad en último término, estaremos en el ámbito moral, mientras que, si los efectos de la acción le permiten contribuir a la convivencia y la paz con los demás, nos encontraremos en el ámbito de lo jurídico. Sin embargo, esto que podría parecer sencillo de entender no lo es tanto cuando se plantea en términos de positivismo jurídico, pues desde siempre se ha cuestionado la relación entre la moral y el derecho, incluso reduciéndose a términos de obligatoriedad o no de una conducta en función de encontrarse en uno u otro ámbito. Esto porque, si partimos de la perspectiva del deber, solo el deber jurídico – y no el deber moral - podría ser considerados dentro del ámbito del derecho, y por tanto, de obligatorio cumplimiento. Bajo este marco, en la presente investigación se busca analizar la naturaleza de la solidaridad como conducta humana y determinar la existencia de un deber de solidaridad, desde la perspectiva jurídica y no solo desde una óptica moral, partiendo de la idea que la solidaridad – más que un concepto de realización utópica – tiene efectos concretos en el desarrollo de la convivencia entre los hombres, sobre todo en tiempos como éste, en los que se requiere de ella en todos los ámbitos, incluso a nivel empresarial en la cual la Responsabilidad Social Corporativa busca un fundamento.

Comentarios al procedimiento acelerado de refinanciación concursal

Dentro del paquete de normas para hacer frente a la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, el Estado creó el Procedimiento acelerado de refinanciación concursal-PARC. Como ha ocurrido con momentos de inminente crisis económica, el Sistema concursal peruano, creado mediante Ley 27809, debe dar alternativas al sector empresarial para reordenar su situación económico financiera y evitar que sus efectos generen un alto costo social. Este procedimiento llega también en un contexto de reducción considerable de los procesos concursales, derivado de varios factores que no son objeto de análisis del presente trabajo. Por el contrario, consideramos que este es el momento preciso para que el sistema se ponga a prueba y se resalte su verdadera naturaleza: ser instancia de diálogo entre acreedores y deudor. En las siguientes líneas analizaremos exclusivamente el PARC, tomando como base la norma concursal general y dentro de esta el procedimiento que lo inspiró: el procedimiento concursal preventivo.

El Convenio tripartito como garantía del derecho a la información de los trabajadores traspasados en un proceso de fusión

En la presente investigación se desarrolla el derecho a la información de los trabajadores que son traspasados a consecuencia del proceso de fusión. Del análisis realizado se muestra que los trabajadores traspasados se encuentran desprotegidos frente a la fusión respecto al derecho a la información. Se concluye proponiendo modificaciones en la Ley General de Sociedades peruana con la finalidad de proteger el derecho a la libertad de información de los trabajadores; y, se aconseja como mecanismo jurídico- empresarial al convenio tripartito.

Hacia una adecuada regulación del derecho a la desconexión digital en el Perú y la actuación de la inspección del trabajo

Una nueva “laboralidad tecnológica” nos ha irrumpido, la declaración del estado de emergencia terminó por evidenciar que nuestra normativa laboral no estaba “preparada” para enfrentar los problemas laborales suscitados a raíz de la pandemia; sin embargo, el Estado peruano, a través de diversos decretos de urgencia trató de paliar los escenarios ocasionados ante la imposibilidad de la realización de trabajo presencial. Es así que, mediante el Decreto de Urgencia 026-2020 de fecha 15 de marzo del año en curso, se instauró el trabajo remoto; posteriormente, el 01 de noviembre de 2020, el DU 127-2020, trajo consigo el reconocimiento del derecho a la desconexión digital; no obstante, al ser una medida de carácter excepcional y temporal, no es suficiente. Por ello, la presente investigación pretende brindar un alcance para la adecuada regulación del derecho a la desconexión digital, la cual vaya de la mano con la actuación de la Inspección del Trabajo.

Lo que el tiempo no se llevó: la atemporalidad de la declaración de oficio de la nulidad del acto jurídico

En el presente artículo se analiza la situación problemática recaída en la posibilidad de premunirle de plazo prescriptorio a la potestad del juez de declarar la nulidad de oficio de un acto inválido; es decir, de hacer extensiva las reglas contenidas en el numeral 1) del artículo 2001 del Código civil de 1984 al juez como director del proceso. Se determina que no es posible realizar dicha extensión al encontrarse dos fundamentos distintos, así como la inexistencia de previsión legal respecto al plazo para el ejercicio de la potestad nulificante, lo que conlleva a atender la no convalidación de los actos jurídicos nulos.

Propuesta de medidas jurídicas para la reinserción y permanencia laboral del adulto mayor en las políticas públicas peruanas

El acelerado envejecimiento poblacional que atraviesa nuestro país repercute en distintos ámbitos de la sociedad, entre ellos, el mercado laboral. El marco jurídico y los planes nacionales sobre el adulto mayor, han previsto la obligación estatal de promover y gestionar oportunidades de empleo productivo y formal para este sector de la población. Sobre esa base, en este estudio se proponen tres medidas jurídicas que deberán tenerse en cuenta para efectivizar la reinserción y permanencia laboral del adulto mayor en las políticas públicas que al respecto se han adoptado en el Perú.

Los Criterios de Vinculación y la Responsabilidad Solidaria en los Grupos de Empresas. A Propósito de una Casación en Materia Laboral

En observancia de los artículo 5 y 7 del Reglamento de Propiedad indirecta, vinculación y grupos económicos que defienden la vinculación económica y en virtud del principio de la primacía de la realidad queda debidamente probado en autos la vinculación económica y empresarial existente entre la recurrente y (…) al conformar ambas empresas un mismo grupo económico y empresaria, y ello es así no sólo por la participaciones de acciones en ambas empresas de una misma persona, sino por la relación familiar de los accionistas que pertenecen al mismo grupo empresarial, y que ambas empresas funcionan en el mismo local. El presente artículo comenta la Casación Laboral N° 3733-2009-Lima de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema (publicado en el Diario oficial El Peruano el 1 de diciembre del 2011), mediante la cual se pretenden establecer los criterios para determinar cuándo existe vinculación económica entre empresas que acarree como consecuencia la obligación solidaria en materia laboral, alegando el principio de primacía de la realidad. Tópicos afrontados de forma insuficiente, pues el resultado es que en dicha resolución- debido a su escasa motivación- plantea más dudas que certezas respecto a este tema discutido, pero al parecer aun no definido.