Close-out netting (ISDA) y sus consecuencias sobre el principio de paridad de los acreedores en procesos de insolvencia

El acuerdo marco ISDA y su importante herramienta de mitigación de riesgo, conocida como Close-out netting, es un elemento de vital importancia para el mercado de derivados internacional, sin el cual no existiría en su dimensión y volumen actuales. Esta circunstancia implica que los reguladores alrededor del mundo se ven en la necesidad de ajustar su régimen de derecho privado y de insolvencia, para brindar certeza acerca de que este modelo de acuerdo sea ejecutable y válido ante el evento de insolvencia de una de las partes. Estos ajustes regulatorios son las “normas de puerto seguro”. Con todo, la forma y el diseño de estas normas, la mayoría de las veces dirigidas solo a cobijar al mercado financiero, pueden generar serias distorsiones y diferencias con el régimen de insolvencia general, rompiendo así el tradicional principio de igualdad entre acreedores (pari passu o par conditio creditorum) que es esencial a este tipo de procesos. Desde el punto de vista normativo, la ruptura de la igualdad entre acreedores en el proceso de insolvencia debe estar justificada por un valor o razón constitucionalmente atendible. El presente texto pretende hacer una lectura crítica de las ideologías o valores que inspiran tradicionalmente estas normas de puerto seguro, para mostrar que la mitigación de riesgo sistémico como razón que las inspira no es un argumento suficiente para justificar la ruptura de la igualdad entre acreedores

Cuando la política no toma las cosas en serio La efervescencia de la criminalidad y sus causas

El autor analiza la realidad de la cuestión criminal y expone su convencimiento de que hay un proceso relacional en la génesis de la criminalidad causado por el efecto de las estructuras y el funcionamiento del poder económico en la interacción humana, que estimula los factores personales para accionar negativamente; situación que no encara el Estado ausente y empequeñecido por el neoliberalismo, lo que impide a ambos -individuo y sociedad- ver la cuestión criminal a través del conocimiento científico y construir una política criminológica eficaz, asumiendo por el contrario una política penal, puramente represiva, que constituye una criminal política de seguridad integral, de enfrentamiento, no de encuentro y cooperación.

¿Qué es un movimiento social? y su importancia en el estudio de la ciencia política

Este artículo es producto de la revisión bibliográfica y de reflexiones surgidas acerca de esta con nuestros alumnos en la Cátedra de Historia de las Ideas y Movimientos Sociales Contemporáneos, dictada en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela: al comprobar en las lecturas que no hay una precisión conceptual que permita definir qué realmente se entiende por movimiento social, ante las diferentes interpretaciones que del concepto se observan, así como del exagerado uso de la idea para calificar las diferentes manifestaciones sociales que han tenido lugar en Venezuela, España y otras partes del mundo en estos últimos tiempos, lo que genera confusión para identificar claramente qué es un “movimiento social”.

Psicopolítica, Big data y Nudge. Acerca del dominio sin resistencia

Con este escrito se pretende ofrecer razones para sospechar que el nudge es una herramienta del regulador para intervenir en el comportamiento de las personas, llevándolas a actuar de forma predecible para evitar el error y mejorar su bienestar, sin prohibir la libertad de elección y sin cambiar sus incentivos económicos (Sunstein y Thaler, 2008). Al ser combinada con los Big Data, un instrumento psicopolítico usado en la sociedad de la comunicación que permite un conocimiento de múltiples aspectos de la vida de los individuos esencialmente, a partir de la información personal que estos aportan a la red, da origen a una nueva herramienta psicopolítica que anula o limita, en cierto grado, la posibilidad de los individuos de resistirse al uso que de ella haga el regulador.

CrowdLaw y democracia deliberativa: reflexiones sobre la legitimación democrática de las decisiones públicas mediante las nuevas tecnologías

CrowdLaw surge en los últimos años como una propuesta basada en la aplicación de una serie de métodos y herramientas que utilizan como base las nuevas tecnologías para generar una interacción entre los ciudadanos y las instituciones públicas en los procesos de toma de decisiones políticas. Se plantea como hipótesis que esta particular propuesta de participación ciudadana en la toma de decisiones políticas tiene el potencial de satisfacer las condiciones que propone la democracia deliberativa para legitimar las decisiones políticas. Sin embargo, su éxito en dichos términos solo podrá suceder si viene acompañado de un proceso de derrumbamiento de la brecha y la desigualdad digital, como se produce en el caso del acceso al Internet.

El Nuevo Proceso Constitucional de la Acción de Tutela en Modalidad Virtual para la Protección del Derecho Fundamental a la Salud en Tiempos del COVID–19

El presente artículo de investigación es producto de la investigación titulada “Eficacia del derecho fundamental a la salud en el contexto del proceso constitucional virtual en tiempo del COVID-19 en Colombia”, la cual tiene primer objetivo reconocer el nuevo proceso constitucional de la acción de tutela bajo la modalidad virtual para la protección del derecho fundamental a la salud. De esta forma, en este artículo se presentarán los avances de esta investigación los cuales pretenden reconocer las características propias de este nuevo proceso constitucional para la protección del derecho fundamental a la salud, creado por los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura. Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y un método hermenéutico que pretendió comprender holísticamente el significado de los escritos relacionados con la temática conservando la singularidad de estos, a través de matrices de análisis que permiten descomponer los textos para comprenderlos como un todo integrado. Como resultados parciales se puede observar que el nuevo “proceso constitucional de tutela virtual” representa la flexibilización en un contexto de ductilidad en donde la adaptación mediada por las TIC ha permitido la garantía de los derechos fundamentales a través de la no suspensión de términos en materia de tutelas, presentación de la acción por correo electrónico, prevalencia del derecho fundamental a la vida, la salud y la libertad, entre otras.

Derecho de postulación en Colombia, apoderados judiciales y terminación del poder en el código general del proceso

Este artículo abarca la configuración conceptual del derecho de postulación en Colombia, detallando la amplitud de sus excepciones, donde legal y constitucionalmente se autoriza la intervención directa. Luego de explicar acciones, hipótesis y controversias motivo de excepción; se muestra el esquema de las modalidades del poder en el Código General del Proceso y las vicisitudes de la presentación personal junto con propuestas al respecto; sin olvidar de otro lado, la normatividad para conferir los poderes bajo la emergencia económica, social y ecológica de la pandemia COVID-19. De esta forma, después de emprender un recorrido analítico, se precisa el alcance teórico y la operatividad de los fenómenos de la revocatoria y renuncia del poder, como motivos para la finalización del mismo, a los cuales se agregan, dentro de esta investigación, la muerte del apoderado y dos clases de inhabilidades bautizadas como ‘inhabilidad sobrevenida’ e ‘inhabilidad originaria’, las cuales no constituyen causal de nulidad procesal. La metodología utilizada tuvo por objeto el análisis de normas proferidas antes y después de la Constitución de 1991, de doctrina y de jurisprudencia en las cuales se observan comentarios, críticas y proposiciones, gracias a la simbiosis entre el derecho procesal y el derecho sustancial.

Los ODS y el transporte marítimo en México: el marco legal internacional para alcanzar las metas del ODS 3 buena salud y del ODS 13 acción por el clima

No existe un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) enfocado en el transporte marítimo, sin embargo, el transporte marítimo está relacionado con varias metas de los ODS; particularmente, el transporte marítimo está íntimamente relacionado con las metas del ODS 3: Salud y Bienestar y del ODS 13: Acción por el Clima. La comunidad internacional ha generado varios instrumentos legales internacionales para coadyuvar con el éxito de las metas de los dos ODS antes mencionados. El logro de las metas generaría beneficios globales. A pesar de lo anterior, algunos países ratificantes no han podido implementar las disposiciones de tales instrumentos legales por cuestiones técnicas o económicas.

El principio de planeación como causal de nulidad absoluta de los contratos estatales: un análisis jurisprudencial desde el principio de taxatividad

La contratación estatal, al igual que todas las actividades de la Administración Pública, es reglada, por lo que su funcionamiento debe someterse a lo establecido en el Estatuto General de Contratación. Entre las disposiciones que regulan la materia contractual, sobresale el principio de planeación, el cual busca que la contratación no sea el producto del azar o de la improvisación. La jurisprudencia, al desarrollar el alcance de este principio, ha determinado que es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas, y le ha definido diferentes consecuencias por su desconocimiento; entre ellas, la establecida en la Sentencia 27.315 del año 2013, según la cual el desconocimiento de la planeación deriva en la nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito. Lo anterior, en oposición al principio de taxatividad, en virtud del cual las sanciones deben gozar de consagración positiva expresa. Por lo mismo, este trabajo, desde un enfoque metodológico positivista – analítico, desarrolla argumentos sólidos que defienden la tesis según la cual el desconocimiento de la planeación no puede conllevar a la nulidad del contrato, en tanto ello desdibuja el principio de taxatividad.

Conciliación prejudicial en las acciones de impugnación de las decisiones sociales

La Ley 640 de 2001 establece la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad antes de acudir a la jurisdicción civil en procesos declarativos. A través de una metodología cualitativa, el presente artículo tiene como objetivo determinar si los vicios en las decisiones societarias son asuntos susceptibles de conciliación y si se debe agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para la acción de impugnación de decisiones sociales. Lo anterior para responder a la pregunta de investigación: ¿se debe agotar la conciliación como requisito de procedibilidad para la acción de impugnación de decisiones sociales? Frente a este tema, la jurisprudencia en Colombia ha sido cambiante, adoptando dos posiciones contrarias. La tesis predominante es que la conciliación no es requisito de procedibilidad toda vez que la nulidad y la ineficacia de las decisiones sociales no son materia conciliable por tratarse de asuntos indisponibles en los que está comprometido el orden público. No obstante, no debe desconocerse que la nulidad puede sanearse por ratificación de las partes (artículo 1742 del Código Civil) y la ocurrencia de las causales de ineficacia puede ser acordada por las partes (artículo 133 de la Ley 446 de 1998). Por lo tanto, a juicio de las autoras de este artículo, sí son asuntos susceptibles de conciliación y debería agotarse la conciliación extrajudicial.