Antecedentes de la reforma de la capacidad en el Código Civil peruano

El presente artículo presenta un recuento del proceso de adaptación normativa de nuestro ordenamiento jurídico a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que trajo como resultado la reforma de la capacidad en nuestro Código Civil en el año 2018. La Convención dio paso a un nuevo concepto de capacidad, además de nuevos parámetros de tratamiento, promoviendo el modelo social y una perspectiva más inclusiva en los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Esto tuvo un gran impacto internacional y en nuestra legislación constituye la más grande reforma realizada por una sola norma.

La denuncia de las Reglas de La Haya por parte del Estado peruano: la responsabilidad civil en el transporte marítimo internacional de mercancías y su regulación en el derecho marítimo convencional

El transporte marítimo moviliza aproximadamente el 80 % del comercio internacional. Dada su importancia, en este artículo se analiza la responsabilidad del porteador en el transporte marítimo internacional de mercancías, a través de un acercamiento a los tres instrumentos internacionales que se ocupan del tema. Se examinan también las diferencias entre el contrato de transporte marítimo y el contrato de fletamento, y la situación en el Perú tras la denuncia de las Reglas de La Haya. Finalmente, se intenta identificar cuál es el régimen de responsabilidad que más le conviene al Perú.

El impacto del COVID-19 en las mujeres trabajadoras del Perú. ¿Se incrementa la desigualdad y la violencia en el trabajo?

La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, que causa el COVID-19, viene afectando gravemente a diversos países en el mundo como resultado de la crisis sanitaria, social y económica generada. El Perú no ha sido ajeno a esta situación; por un lado, el número de víctimas de la enfermedad continúa incrementándose día a día y, por el otro, nuestra economía atraviesa una crisis como consecuencia de las medidas de restricción decretadas por el Gobierno para frenar la propagación de los contagios, que implicaron la paralización de diferentes actividades económicas. Esto ha impactado en los hogares y las empresas, pues en los últimos meses se han perdido más de tres millones de empleos, lo cual agrava el alto índice de informalidad que existe en nuestro país, y ha afectado en mayor medida a las mujeres trabajadoras. Esta situación podría profundizar las desigualdades preexistentes, así como los casos de violencia de género en el ámbito laboral.

Uso y abuso de la prisión preventiva en el proceso penal peruano

El presente artículo muestra la preocupación existente, a pesar de los esfuerzos de la Corte Suprema, por la variada interpretación sobre los diferentes criterios que existen para la aplicación de la prisión preventiva en el desarrollo de los procesos penales en nuestro país. Asimismo, por la inseguridad jurídica que nace como consecuencia de la ausencia de un criterio uniforme de parte de las autoridades al momento de solicitar o imponer dicha medida.

Contratos mineros: comentarios sobre cláusulas para facilitar la ejecución de proyectos mineros

En este trabajo se proponen ciertas cláusulas que pueden ser incluidas en los principales contratos mineros celebrados en el contexto de la ejecución de proyectos mineros. Para ello, primero, se describen las principales etapas del ciclo minero para ubicar en cuáles de ellas se negocian y celebran dichos contratos. Posteriormente, sobre la base de escenarios generales, se detallan los contratos necesarios y las cláusulas que podrían ser incorporadas en ellos para asegurar los intereses de las partes desde el punto de vista del negocio minero.

Sobre arbitraje administrativo: el caso de las contrataciones de menos de 8 UIT

La forma prevista por el ordenamiento jurídico peruano para contratar con las entidades y empresas del Estado se encuentra en la Ley de Contrataciones; pero en esta norma existen supuestos que permiten su inaplicación, los cuales se dividen en dos grupos: (i) aquellos en los que no se requiere dar cuenta al OSCE de las contrataciones realizadas, como los contratos bancarios o la contratación de notarios, y (ii) las contrataciones que requieren la supervisión del OSCE, como las contrataciones de hasta 8 UIT. Al revisar la Ley de Contrataciones, su reglamento, las directivas y las opiniones del OSCE, podemos advertir que el marco legal de las contrataciones de hasta 8 UIT no se encuentra claramente delimitado, más allá del registro de las mismas en el SEACE, tal como dispone el literal a) del artículo 11.2 de la Directiva 008-2017-OSCE/CD, "Disposiciones aplicables al registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE”. No obstante, y tal como podemos advertir, regular únicamente la forma de registrar la información de estas contrataciones, dejando de lado aspectos sustanciales como cuál es la normativa aplicable para estas contrataciones y cómo se resolverán las controversias de las mismas, resulta insuficiente. En tal sentido y considerando la importancia de los temas planteados, el presente artículo aborda la posibilidad de incluir un arbitraje administrativo especial como medio de solución efectivo de controversias en las contrataciones de hasta 8 UIT.

La activa participación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima en la legislación comercial peruana en los últimos cuarenta años

En este artículo, se pone de relieve la activa participación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima en la gestación de importantes hitos en materia de derecho comercial peruano, así como en los cambios legislativos más relevantes de las últimas décadas en áreas tales como el derecho concursal, de protección al consumidor, arbitraje comercial, entre otros. En ese sentido, primero, se hace un breve recuento sobre el nacimiento de la Universidad de Lima y la posterior creación de su Facultad de Derecho. Seguidamente, el autor comenta su inserción en la cátedra universitaria y su labor de gestión administrativa en dicha facultad, además de la participación de diversos juristas de gran renombre que contribuyeron a la creación y consolidación de diversas cátedras y cursos del currículo de la facultad de especial contemporaneidad y relevancia académica. Finalmente, se ilustran los principales cambios normativos que tuvieron lugar en las décadas recientes en materias legislativas vinculadas al derecho comercial, en relación con las problemáticas que se buscaron atender con aquellas modificaciones y los nuevos paradigmas que estas involucraron.

Algunas precisiones sobre los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos

En este artículo se analizan los principales elementos que conforman la estructura típica del delito de enriquecimiento ilícito con el objetivo de delimitar en su justa medida cuál es el ámbito concreto de su aplicación legal en la práctica. A partir de ahí, se pretende definir qué relación existe entre los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos a fin de establecer criterios que faciliten una adecuada subsunción bajo cada uno de estos tipos penales.

El project finance, las asociaciones público-privadas y la brecha de infraestructura en el Perú

La necesidad de cerrar la brecha de infraestructura en el Perú es, creemos, indiscutible. Y uno de los mecanismos más apropiados para el desarrollo de la infraestructura y la prestación de servicios públicos de calidad, sostenibles en el tiempo, son las asociaciones público-privadas (APP). En ese sentido, uno de los aspectos más destacados de las APP es el tipo de financiamiento especial que se utiliza en tales proyectos, conocido como project finance. En el presente trabajo, se analizan brevemente las principales características del project finance, la brecha de infraestructura y la manera concreta como, mediante las APP, se ha impulsado la ejecución de obras de infraestructura pública, utilizando el project finance como modalidad de financiamiento.

Los delitos informáticos y su relación con la criminalidad económica

En los últimos meses se han consolidado las operaciones comerciales virtuales como las transferencias realizadas a través de los monederos digitales, lo que demuestra claramente una transformación sin retorno de nuestra convivencia socioeconómica común. Desde marzo del 2020 hasta la fecha, nos enfrentamos a un nuevo modo de adquisición de activos, pago de servicios e incluso formas de trabajo. Esta “evolución” hacia el mundo informático y virtual ha aportado muchos beneficios. Sin embargo, también ha generado innumerables dificultades. Uno de los problemas más relevantes y significativos son las actividades delictivas cometidas a través de los sistemas informáticos, las cuales han sido debidamente reguladas por nuestro legislador nacional en la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, modificada por la Ley 30171. El presente artículo abordará los delitos de fraude informático y suplantación de identidad, que son los más frecuentes en esta nueva convivencia socioeconómica. Asimismo, se analizará la vinculación entre los delitos informáticos y la criminalidad económica.