DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES. ESPECIAL REFERENCIA A LA ÍNTIMA CONEXIÓN ENTRE EL ART. 224.2 Y EL ART. 225 BIS CP.

El art. 224.2 CP y el art. 225 bis CP sancionan conductas que presentan elementos comunes. Así, ambos comportamientos son realizados principalmente por los titulares de la patria potestad y el objeto material recae sobre los hijos menores de edad. La relación que existe entre ellos es de un concurso de normas que deberá resolverse en atención al principio de especialidad, dependiendo de la edad y madurez del hijo menor. Sin embargo, tampoco puede olvidarse que existirá un gran número de supuestos que serán atípicos atendiendo a la libre decisión de aquel.

INTERESES SOCIALES PROTEGIDOS A TRAVÉS DEL BIEN JURÍDICO-PENAL DEL DELITO DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA

Este artículo pretende describir los contenidos de los diferentes intereses sociales implicados en la persecución penal de la publicidad engañosa, que no son otros que el mercado, la libre y leal competencia dentro del mismo y, por último, los derechos de los consumidores y usuarios. Tal tarea se acomete con la ayuda del examen de las normas nacionales e internacionales que configuran el marco de referencia para la protección jurídica de tales intereses. Tras ello, se esboza cuáles son los diferentes perfiles del concreto contenido del bien jurídico penalmente protegido en el delito de publicidad engañosa en el Código Penal español y, finalmente, se concluye argumentadamente acerca de la legitimidad material de la decisión adoptada en su día por el legislador en orden a la persecución penal de comportamientos mendaces en la publicidad de productos ofertados en el mercado a los consumidores.

APROXIMACIÓN CRIMINOLÓGICA A LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

La presente investigación comprende un estudio teórico y empírico relacionado con la prisión permanente revisable, la cual, a pesar de llevar en vigor pocos años en nuestro Código Penal, se configura como una condena de gran repercusión dogmática y social. En consecuencia, los dos pilares sobre los que se sustenta el debate generado se establecen en la gravedad de los hechos delictivos cometidos por las personas condenadas por la misma y en la duración de la mencionada condena.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA. REUS Y AEDA. 2021

Se analiza la legislacion internacional, comunitaria y nacional sobre producción ecológica incidiendo en las novedades aportadas desde el Reglamento comunitario de 2018.

CONFIGURACIÓN ACTUAL DEL DELITO DE EUTANASIA A LA LUZ DE LA LEY ORGÁNICA 3/2021

La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, ha supuesto una cambio absoluto no sólo en el ámbito sanitario sino también en la regulación penal al contemplar, entre otros aspectos, una cláusula exoneradora de la responsabilidad penal, la cual surtirá efecto cuando se practique de acuerdo a lo establecido normativamente, generando un nuevo marco típico diferenciado por la eutanasia punible y la no punible. En la presente investigación, se abordan y dotan de contenido ambas figuras desde un prisma legal y doctrinal dada la ausencia de jurisprudencia consolidada al respecto.

EN LOS ALBORES DE LA CODIFICACIÓN ESPAÑOLA: RASTROS DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LOS CÓDIGOS DE 1822 Y 1829 EN GRANADA

El objetivo principal del presente artículo es el dar a conocer la información, por otra parte, escasa, que hay en el archivo de la Real Chancillería de Granada sobre los códigos que se vieron la luz durante el reinado de Fernando VII, concretamente el Código penal de 1822 y el Código de comercio de 1829.

PLANTEAMIENTOS DE POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE LESIONES DEPORTIVAS

El deporte, como institución dotada de su propia normativa y de organismos encargados de aplicarla a los individuos sujetos a su jurisdicción, ha pretendido erigirse con autonomía respecto del Ordenamiento Jurídico común. Esta situación plantea serios problemas cuando en el ámbito deportivo tiene lugar un ilícito pues surge la incertidumbre sobre cuál es la normativa a aplicar en ese caso, especialmente en cuanto a lesiones deportivas se refiere. En este sentido, a través de la revisión de la literatura y la jurisprudencia, el objetivo planteado en la presente investigación es delimitar la intervención del Derecho Penal para los casos de violencia endógena que derivan en resultados lesivos.

SIN ALTERNATIVA A LA PRISIÓN: EL PERIODO DE SEGURIDAD Y LA FINALIDAD RESOCIALIZADORA DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD

La declaración constitucional contenida en el art. 25.2 aun cuando no se configure como un derecho subjetivo susceptible de amparo, interpretada de forma menos limitada a la exclusiva proyección a la ejecución penitenciaria, sirve para rechazar las penas de prisión de larga duración y para discutir la pertinencia del denominado “periodo de seguridad” que, introducido por LO 7/2003, obliga a cumplir, en ciertos casos de forma imperativa, una parte de la pena de prisión no susceptible de remisión. Este periodo blindado en el que parte de la pena debe cumplirse irremediablemente en el Centro penitenciario sin que pueda obtenerse el tercer grado de tratamiento antes de cumplir la mitad de la pena, supone un elemento extraño al principio de flexibilidad inherente al sistema de individualización científica vigente en nuestra LOGP, al fundarse exclusivamente en el dato de la gravedad de la pena y el cumplimiento de cierto periodo de tiempo, lo que nos retrotrae el sistema progresivo que creíamos superado y nos acerca a fines de prevención general. La atenuación del rigor que supuso la reforma de 2010 configurando el instituto como potestativo y la posibilidad de vuelta al régimen ordinario de cumplimiento, no logra evitar la disfuncionalidad que supone que sea el Juez sentenciador quien decida, al margen del tratamiento penitenciario, la adecuación de una figura que afecta a la ejecución, sin precisarse con qué criterio, ni soslayar las dificultades que presenta el proceso de revocación del mismo, en el que también interviene activamente la víctima.

CIBERCRIMINALIDAD: HACIA LA NUEVA REALIDAD -VIRTUAL- DEL DERECHO PENAL

El fenómeno de la cibercriminalidad se expande cada vez más. Y lo hace de una manera desterritorializada y anónima. Esta situación provoca una lógica preocupación en el derecho penal y la criminología. El presente estudio pretende aproximarse a la problemática de la cibercriminalidad, partiendo de su conceptos y contexto, e intentando describir los problemas que plantea su tratamiento jurídico-penal y análisis criminológico, así como planteando algunas soluciones provisionales de lege ferenda.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS COMPLEJOS: RESPONSABILIDAD POR OMISIÓN DE LOS DEBERES CONDUCTUALES DERIVADOS DE LA BUENA FE

La comercialización de productos financieros de alto riesgo es una cuestión controvertida por el importante desembolso económico que realiza el adquirente de los mismos. Su suscripción y adquisición mediante contratos de adhesión limitan la posibilidad de intervención del cliente en el proceso de contratación. Por ello, el ordenamiento jurídico ha tenido que arbitrar modos alternativos para que el consentimiento del mismo este correctamente formado. Cuando quiebran los deberes precontractuales de conducta por la falta de diligencia del deudor de los mismos, el cliente ha de ser resarcido. Tradicionalmente este resarcimiento se lograba mediante el ejercicio de una acción de anulabilidad por error-vicio siempre que el mismo fuese esencial y excusable. En los últimos años, nuestro Tribunal Supremo ha autorizado una vía alternativa mediante la indemnización por daños al amparo del artículo 1101 del CC.