La responsabilidad patrimonial del Estado

La responsabilidad patrimonial resulta una institución que reafirma la calidad del Estado de Derecho. Al calor de la nueva Constitución de la República de 2019, el impacto de la regulación de la responsabilidad patrimonial precisa reflexionar sobre los aspectos esenciales de su tracto histórico, desarrollo constitucional y configuración de su régimen jurídico. A tales efectos, el artículo se propone valorar, al calor de proceso constitucional, el impacto de su regulación sobre el régimen jurídico actual. Las valoraciones que se realizan de la responsabilidad patrimonial en sus diversas esferas de despliegue, permiten concluir acerca de los aspectos esenciales sobre los cuales deben producirse cambios legislativos de modo que se regule y aplique adecuadamente, conforme a su finalidad como garantía patrimonial de los ciudadanos antes los daños sufridos por el ejercicio del poder público.

Del principio de autoridad al autoritarismo penal

Como parte de las voces que referencian a los pueblos, se presenta una entrevista de Clara Camps Calvet e Ignasi Bernat Molina a August Gil Matamala, realizada en el marco del proyecto de investigación: “Conflicte a Catalunya i repressió política” (2017 RICIP-0015) financiado por el Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). Gil Matamala (1934) es abogado, con una larga trayectoria en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. Desde muy joven se implicó en la lucha contra la dictadura franquista. En esta entrevista, su voz sólida, crítica y resistente nos ayudan a entender de forma muy clara la idiosincrasia del Estado Español y los principios que lo rigen. Su larga experiencia en la defensa de militantes perseguidos políticamente ante los tribunales españoles, tanto durante el franquismo como en democracia, nos permiten entender por qué hoy en el Estado Español sigue existiendo la persecución política, presos políticos y exiliados de las persones que defienden los derechos y la soberanía de los pueblos.

El derecho de los Pueblos indígenas al uso del propio idioma en sede judicial

La libre determinación de los Pueblos indígenas incluye el derecho a usar su propio idioma en los procedimientos judiciales para garantizar la participación indígena en condiciones de igualdad, tanto a nivel individual como colectivo. Este trabajo explica cómo la normativa constitucional y supralegal garantiza a los Pueblos indígenas el uso de su propio idioma en sede judicial impactando de lleno en los sistemas judiciales argentinos donde se viene implementando el sistema adversarial, cuya nota distintiva es que las controversias se dirimen en audiencias orales, públicas, con inmediación e igualdad, lo que exige respetar y garantizar la interculturalidad. Expertos en antropología aportan aquí sólidos fundamentos para que el estado garantice el derecho al uso de la propia lengua de los pueblos indígenas en sede judicial como derecho individual y colectivo por ello indisociablemente asociado al derecho de participación de los pueblos en asuntos que puedan afectar sus intereses como el control de los actos judiciales, por lo que el intérprete debe ser garantizado por el estado. La casuística exhibe la urgencia de adecuar los sistemas judiciales argentinos para que garanticen efectivamente el respeto de la interculturalidad, dejen atrás la discriminación racial y garanticen la igualdad en un sistema democrático de derecho.

Autodeterminación y represión política en Catalunya

El referéndum del 1 de octubre de 2017 sobre la autodeterminación en Catalunya fue convocado por el gobierno catalán, pero la jornada fue posible gracias a la organización popular. Una prohibición judicial y la violencia y la brutalidad policial fueron la respuesta del Estado a la convocatoria. A esta represión política, le seguirían la apertura de varias causas judiciales, la más importante de ellas la que se ha conocido como “juicio del proceso”, que acabarían con acusaciones de delitos muy graves, con encarcelamientos y con el exilio político de par-te del gobierno catalán y de líderes sociales. En este artículo analizamos los “marcos de referencia” y los “repertorios de acción” de la acción colectiva de los votantes del 1 de octubre, y usamos esos mismos constructos para analizar la respuesta política y judicial del Estado español. Este análisis nos permite descubrir que el conflicto político alrededor de los hechos del 1 de octubre, es la expresión de una divisoria de confrontación transicional entre un bloque social que defiende unos valores conservadores, autoritarios y ultranacionalistas con otro bloque social que quiere ampliar los límites democratizadores y, por lo tanto, derechos y libertades. Constatamos, además, que la represión política del Estado ha funcionado como un factor acrecentador de unos significados e imaginarios ligados a la necesidad de ampliar y profundizar en la democracia, a la vez, que ha puesto de manifiesto que los principios de autoridad y de la indisoluble unidad de España están muy arraigados.

La dolarización del comercio granario argentino y su administración en el concurso preventivo: cuando la productividad y el empleo pierden para que gane la especulación

En este trabajo pretendemos mostrar cómo la interpretación de la ley concursal, aislada de otras fuentes del derecho y sin una mirada que contextualice lo socioeconómico, resulta en un factor que acelera y profundiza las inequidades sociales preexistentes.

La regulación administrativa de la cuestión alimentaria

Este trabajo propone una reflexión teórica sobre los desafíos que presenta la regulación de la cuestión alimentaria a partir del análisis del reciente Plan Nacional “AccionAR” (Dec. 894/2020) en relación con la implementación de los programas de política pública alimentaria en Argentina. El Plan Argentina contra el Hambre (Res. Min. de Desarrollo Social 8/2020) es el punto nodal de estos programas. Se procura señalar las potencialidades que presenta esta normativa, pero también algunas de sus limitaciones en vistas a su futura implementación. Como guías del análisis, se recuperan tres conceptos del documento que contiene el Plan AccionAR: “metodología de trabajo interministerial e intersectorial”, “abordaje territorial integral” y “enfoque de construcción de ciudadanía”. Se analiza el significado y alcance de estas expresiones, interpretándolos desde diversas áreas de estudios. Se combinan algunos aportes de la doctrina administrativista con nociones de la geografía crítica, la perspectiva de género y la problemática de la cuestión del cuidado.

Impacto de la crisis sociopolítica en la vida de las mujeres trabajadoras de la maquila textil/vestuario del departamento de Managua-Nicaragua

En este artículo se presentan los principales hallazgos de la investigación “Impacto de la crisis sociopolítica en la vida de las mujeres trabajadoras de las maquilas” desarrollada por el Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas “María Elena Cuadra” (Nicaragua) entre los meses de septiembre y diciembre de 2019 y publicada en julio de 2020. El trabajo revela cómo las obreras de las maquilas de zona franca fueron directamente afectadas por la intensidad y la generalidad de la represión gubernamental iniciada en abril de 2018. Asumiendo un enfoque más allá del basado en el cumplimiento o no de los derechos laborales desarrollado en investigaciones precedentes, en este trabajo se presentan cómo la actual crisis sociopolítica de Nicaragua impactó cinco dimensiones del transcurrir vital de las a saber: (1) La memoria de los hechos proyectados hacia el pasado y el futuro; (2) los derechos laborales y de género en las maquilas; (3) la situación económica-familiar; (4) La salud física y psicosocial y (5) el entorno familiar-comunitario.

Breve esbozo de la evolución histórica de las garantías de los derechos fundamentales en Cuba

El presente trabajo versa sobre las garantías de los derechos fundamentales frente al poder sancionador del Estado en el ordenamiento jurídico cubano, realizando un breve esbozo sobre su evolución histórica, con especial atención a lo preceptuado en este sentido en el orden constitucional, desde la etapa colonial hasta el momento de ruptura que constituye la consagración constitucional del debido proceso como garantía de los derechos fundamentales en la Constitución cubana de 2019, así como de las falencias que presenta en este sentido el proceso penal cubano y la necesidad de cambios legislativos a fin de que concuerden con el nuevo texto constitucional de acuerdo a los principios de legalidad, supremacía constitucional y jerarquía normativa a fin de lograr un modelo garantista frente al ius puniendi estatal.

Perfiles jurisprudenciales de la protección a los terceros adquirentes de viviendas mediante compraventa en Cuba

El artículo muestra un acercamiento a la realidad cubana en torno a la protección a los terceros adquirentes de viviendas obtenidas mediante contrato de compraventa entre personas naturales, en atención a las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo Popular con posterioridad a 2011. Las severas limitaciones impuestas a la autonomía privada en relación con este contrato en particular desde los primeros años de la Revolución, unido al sensible desmantelamiento del Registro de la Propiedad regido por la Ley Hipotecaria de 1893, determinan la desaparición de estos sujetos del escenario jurídico hasta que se produce la flexibilización del tráfico inmobiliario del país en el año indicado, con la puesta en vigor del Decreto Ley Núm. 288, modificativo de la Ley General de la Vivienda. Por ello, se valoran las soluciones ofrecidas por la máxima judicatura cubana a fin de identificar un posible perfil jurisprudencial de los terceros adquirentes y proponer pautas de actuación jurisdiccional que guíen el camino hacia su efectiva protección en el corto plazo.

Doscientos años del Poder Judicial bonaerense

El presente trabajo recorre dos siglos de historia judicial bonaerense, desde su creación en 1821 a la actualidad. Podremos encontrar en las diferentes normas que se citan, el crecimiento del Poder Judicial de una de las provincias más importante de la Argentina y su consolidación en el tiempo, dividido en cinco etapas en el tiempo, con la idea de cumplir con la manda constitucional de afianzar la justicia.