Tensiones utópicas y distópicas en el proceso de integración de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De repente, el acuerdo de comercio y de cooperación con el Reino Unido

Recientemente la Comisión Europea presentaba su Plan de acción para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en el que se indicaba la necesidad de reforzar los importantes logros alcanzados mediante una mayor integración e institucionalización comunitaria. El presente estudio analiza el estado actual de los pilares fundamentales de esta política de la UE (ampliación de los sujetos obligados y del alcance de las obligaciones de diligencia debida conforme al enfoque basado en el riesgo; establecimientos de unidades financieras de información y supervisión, así como de registros centrales de titularidad real y de cuentas bancarias; coordinación y cooperación entre estas unidades y autoridades competentes) y las tensiones suscitadas no solo en la aplicación por parte de los Estados miembros, sino en torno al respecto de los derechos y libertades fundamentes reconocidos por el derecho de la UE conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Finalmente, la cooperación intracomunitaria e internacional resulta primordial para la efectividad de tal política y, en este sentido, cobra especial importancia las previsiones del Acuerdo de comercio y cooperación con el Reino Unido convertido ahora en un tercer Estado.

Ante el reto de diseñar un modelo de tutela colectiva de manos de la Directiva (UE) 2020/1828

Recientemente el Ministerio de Justicia ha sometido a consulta pública la transposición de la Directiva (UE) 2020/1828, relativa a las, así llamadas, acciones de representación. Con ello se da un primer paso para acomodar nuestro ordenamiento a los dictados de la Unión, pero también para que todos, académicos y prácticos, aunemos esfuerzos en diseñar un nuevo modelo de tutela colectiva que supere las deficiencias del actual. En el diseño, desde luego, habrá que tener en cuenta las disposiciones europeas, pero también —y sobre todo— el espíritu que las anima: fomentar la eficiencia judicial, franquear el acceso a la Justicia y poner freno a las demandas fraudulentas o abusivas. Este será el reto en términos generales. Obviamente superar este reto requerirá afrontar otros más específicos y ligados en su mayoría a las exigencias y posibilidades que se abren de manos de la Directiva 2020/1828. El objeto de este trabajo es, justamente, precisar cuáles son estos retos y cuáles, en su caso, las opciones que se presentan a nivel normativo. Y aún tiene este otro propósito: apuntar propuestas concretas que sirvan de estímulo a la reflexión y al debate.

Requisitos para ser considerado consumidor a los efectos de la competencia judicial internacional en contratos celebrados con consumidores Reflexiones al hilo de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de diciembre de 2020 (C-774/2019)

Este artículo está dirigido al análisis y comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de diciembre de 2020 (A.B., B.B. Vs. Personal Exchange International Limited) y, a la vista de dicha resolución, al estudio de ciertas cuestiones sobre la consideración de consumidor a los efectos de la aplicación del foro especial de protección de consumidores previsto en el Reglamento 44/2001 el Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

Las “devoluciones en caliente” en el asunto N.D. y N.T. contra España (sentencia de la gran sala TEDH de 13 de febrero de 2020)

La Gran Sala del TEDH, en sentencia de 13 de febrero de 2020 (as. N.D. y N.T. vs España) considera que las dos expulsiones sumarias de las que fueron objeto los demandantes tras saltar las vallas que separan Melilla y el Reino de Marruecos no vulneran la prohibición de devoluciones colectivas, ni el derecho a un recurso efectivo consagrados en el art. 13 del CEDH y en el art. 4 del Protocolo nº 4. Este pronunciamiento deja sin efecto una anterior resolución del TEDH que condenaba por unanimidad a España. El presente artículo analiza críticamente los argumentos esgrimidos por la Gran Sala y valora la resolución como un retroceso en el amparo que el CEDH dispensa a los derechos de las personas migrantes y refugiadas en las fronteras.

Reino Unido y su lucha contra el terrorismo: tendencias tras el Brexit

El Reino Unido comenzó su lucha contra el terrorismo décadas antes de la vorágine causada por el 11S. Ello explica gran parte de su influencia sobre la legislación antiterrorista europea, a la que parece haber inspirado desde 2002. Los últimos tiempos, con el goteo de atentados en suelo británico y el panorama de los acuerdos del Brexit, han producido cambios en la misma, que, aunque no pueda negarse que siguen la senda político criminal marcada hasta ahora, sí desde luego parecen haberse confrontado directamente-ya sin cortapisas- con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en especial con su artículo 7. En el siguiente estudio se hace un completo análisis de la lucha contra el terrorismo británica, remarcando la incidencia de la política criminal europea, las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a Reino Unido, las evidentes similitudes con la legislación española y las más recientes disposiciones legislativas de la etapa post-Brexit.

Los nuevos avances en la regulación europea de la responsabilidad civil por los daños ocasionados en el ámbito del transporte con inteligencia artificial

El rápido desarrollo de tecnologías como la robótica y la inteligencia artificial, especialmente con su capacidad de aprendizaje, son los principales facilitadores de la evolución del transporte digital y automatizado en Europa. Sin embargo, la movilidad automatizada también conlleva nuevos riesgos que tienen su origen, en la cada vez más creciente autonomía de estos vehículos para adoptar sus propias decisiones no programadas ni predecibles. Es por este motivo que, en la otra cara de la moneda, se encuentra el elevado riesgo potencial de estas altas tecnologías de causar graves y cuantiosos daños en los casos de decisiones erróneas, siendo el sector del transporte, precisamente, un sector que se mueve en estas coordenadas de peligrosidad. De ahí, la conveniencia y urgencia de afrontar legislativamente, a nivel europeo, esta nueva realidad que avanza a un ritmo vertiginoso. El presente trabajo se centra en el estudio de las lagunas e insuficiencias existentes en la legislación europea sobre la responsabilidad civil por los daños derivados del transporte con inteligencia artificial, y en las iniciativas jurídicas adoptadas recientemente por la Unión Europea para la elaboración de una legislación completa y armonizada en esta materia.

Turbulencias sobre la primacía del Derecho de la UE: últimos desafíos, respuestas y aportaciones

Recientemente se han producido una serie de resoluciones de diversos tribunales constitucionales que vienen a desafiar abiertamente el principio de primacía del Derecho de la Unión, haciendo valer para ello diversos límites derivados de la Constitución nacional. Una vez apuntadas muy sucintamente estas decisiones conflictivas, así como los mecanismos existentes para garantizar la primacía del Derecho de la Unión y los límites que se suelen oponer a la misma, el trabajo se centra en indicar las posibles vías para resolver la contraposición entre norma constitucional y Derecho de la Unión, y en recoger algunas propuestas que pueden contribuir a encauzar este tipo de turbulencias (jurisdiccionales) respecto al principio de primacía. Propuestas tanto en lo concerniente a la posición de la jurisdicción constitucional nacional ante tales conflictos, como a la dinámica decisoria desarrollada por parte del TJUE en los mismos. Buscando puentes sobre aguas turbulentas.

El Tribunal Constitucional Español y el diálogo judicial europeo

Este trabajo analiza el impacto que ha tenido el Derecho de la Unión Europea en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español. Se expone la gradual incorporación del Derecho de la Unión como un parámetro de enjuiciamiento en el canon de constitucionalidad, empezando por su uso como criterio de interpretación, hasta integrarse en preceptos constitucionales, como el artículo 24 de la Constitución. Asimismo, el artículo analiza la relación entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional, como dos jurisdicciones que operan en planos diferentes, pero unidas por intereses y normas comunes.

El derecho a la protección internacional en España: hacia una necesaria reforma legal

El presente artículo tiene por objeto facilitar el trabajo de adaptación del ordenamiento jurídico español relativo al derecho a la protección internacional (asilo y protección subsidiaria) a las normas comunitarias que están actualmente en proceso de discusión y que conformarán la futura tercera fase del Sistema Europeo Común de asilo. Una serie de instrumentos jurídicos que dotarán a los ordenamientos jurídicos nacionales de un alto nivel de uniformidad y coherencia, principalmente, en virtud de la apuesta decidida por transformar las directivas de procedimientos y de reconocimiento en reglamentos comunitarios. Para dicho estudio, con la excepción del Sistema de Dublín, se analizan las propuestas de la Comisión de los años 2016 y 2020 y se indican aquellas novedades más destacables que debería prever la futura Ley española de Asilo y de la Protección Subsidiaria y su Reglamento de desarrollo.

La declaración de compatibilidad del impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica (IVPEE) con el Derecho de la Unión Europea: asunto Oliva Park (Sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2021, C-220/19)

El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, aprobado en el año 2012, ha sido cuestionado tanto desde la perspectiva del ordenamiento constitucional como del Derecho de la Unión Europea. Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre esta cuestión declarando la compatibilidad del impuesto español con el Derecho de la Unión Europea, precisando el concepto de impuesto indirecto en el ámbito de los impuestos especiales y el alcance de las obligaciones de los Estados a la hora de introducir beneficios fiscales motivados por objetivos medioambientales de la Unión Europea.