El interés público y la concesión minera en la Constitución. Aportes para su comprensión desde una perspectiva ambiental

La Constitución chilena de 1980 afirma que el titular de una concesión minera debe desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Este trabajo propone el desarrollo de dimensiones ambientales para la noción de interés público en la minería. La noción de interés público ha sido poco estudiada por la doctrina nacional y tiene incipiente desarrollo en la jurisprudencia, su comprensión ha sido restrictiva y se lo ha asociado en la práctica con dimensiones fiscales y económicas. Se analizará su significado ambiental a partir del derecho y jurisprudencia comparada, buscando aportar bases para una comprensión ambiental en la minería y en los criterios para la actuación de los jueces.

¿Existe el enfoque nexo agua-energía-alimento en el mandato constitucional del Ecuador?

La gestión integrada de los recursos naturales debe ser una constante para un uso más eficiente de los recursos, y esta sinergia se evidencia en los tres elementos del enfoque nexo agua-energía-alimento. Estas interconexiones no pueden alejarse de los derechos humanos, ya que son el hilo conductor del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de las interacciones que se puedan suscitar entre agua, energía y alimento. El presente trabajo aborda el anclaje constitucional para determinar si existen elementos del enfoque nexo. Concluye que, si bien los asambleístas constituyentes de 2008 no formularon la creación de la Constitución a partir del enfoque nexo, la norma constitucional sí desarrolla elementos como la soberanía económica, de la que forma parte la soberanía alimentaria y energética. Además, se establece el derecho humano al agua como un derecho autónomo e identifica los diferentes usos del agua evitando una posible conflictividad por el uso, esclareciendo cuáles son las interacciones del recurso hídrico con sectores como la alimentación y energía. Esto exige la aplicación obligatoria del mandato constitucional, lo que permite proyectar sus exigencias sobre todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en aras de hacer realidad la Constitución en su vertiente de garantía de los derechos fundamentales anudados al medio ambiente, así como a un desarrollo económico sustentable alineado al cumplimiento de los ODS.

La Desviación procesal en el contencioso administrativo ambiental chileno

El objetivo de este trabajo es analizar los contornos de la desviación procesal como institución de origen jurisprudencial en el contencioso-administrativo ambiental chileno, entendida aquella como la modificación en sede judicial de la pretensión, motivos o vicios de legalidad incorporados en la vía administrativa. Se trata de una institución que produce una carga para los ciudadanos, quienes deben promover en los recursos administrativos todos los vicios vinculados al acto impugnado. Para ello se quiere dar cuenta de la importancia de su correcta aplicación en materia ambiental dada la función que cumple el agotamiento obligatorio de la vía administrativa en temáticas complejas y altamente discrecionales como las ambientales. Esto es de suma importancia por las implicancias que su configuración produce en el acceso a la jurisdicción ambiental, desde que, si se constata la desviación procesal, el tribunal no debe pronunciarse del vicio alegado. Por ello, junto con realizar un análisis del estado de la cuestión en la jurisprudencia y doctrina nacional y comparada, y entregar razones de la conveniencia de mantener un sistema de impugnación que prefiera el agotamiento obligatorio de la vía administrativa, se proponen casos en que la modificación de la pretensión entre una u otra instancia no suponen desviación procesal, por lo cual los tribunales deben analizar el fondo de la controversia promovida.

Cambio climático y planificación urbana: desafíos y oportunidades para la Evaluación Ambiental Estratégica

El cambio climático afecta severamente a las ciudades y sus habitantes. Sus efectos en los centros urbanos —aumento de la temperatura, olas de calor, islas de calor urbanas, desastres naturales, escasez de bienes y alimentos, e inundaciones— impactan en la salud de la población y se ven exacerbados en un contexto de pandemia. En este escenario, los instrumentos que regulan el territorio requieren de una mirada estratégica que permita una planificación urbana que integre la variable climática con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia de las ciudades, al mismo tiempo que estas contribuyen en la reducción de gases de efecto invernadero. En este sentido, nuestro trabajo examina el marco jurídico de la Evaluación Ambiental Estratégica y el rol que cumple para integrar las diversas visiones sobre el territorio, contribuyendo a lograr una planificación que armonice las distintas escalas territoriales. Asimismo, describimos el apoyo que este instrumento le brinda al órgano responsable para la incorporación de consideraciones de adaptación y mitigación del cambio climático durante el proceso de elaboración del instrumento de ordenamiento territorial respectivo. Finalmente, revisamos algunos desafíos y oportunidades para este instrumento de gestión ambiental, destacando la relevancia de su aplicación transversal a los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, así como el involucramiento activo de la ciudadanía.

Cambio Climático, Agenda 2030 y Cuestiones Agrarias Después de la Pandemia: Estados, Legitimidad y Regulación Ambiental Local en Chile, Suecia y EE. UU.

El propósito de este artículo es contribuir al análisis conceptual y empírico de la regulación ambiental local en zonas rurales en el contexto de la crisis del covid-19 y la crisis climática. Para ello se presenta un análisis socio-jurídico de las relaciones entre la política del cambio climático y Agenda 2030 en el contexto de las actuales cuestiones agrarias en tres contextos rurales en la región del Ñuble en Chile, la región de Uppsala en Suecia y el condado de Delaware en el estado de Nueva York en Estados Unidos. El artículo se basa en trabajo empírico y una metodología cualitativa para la investigación en las señaladas áreas rurales. Conceptual y analíticamente se discuten las relaciones entre distintos tipos de Estado y los problemas de legitimidad y conflictos normativos en el contexto de la regulación ambiental. A partir de lo anterior, el artículo presenta un análisis socio-jurídico comparado de la política rural y los procesos de regulación ambiental en los tres contextos nacionales antes indicados para explicar cómo la política rural se transforma en un tema jurídico central en el contexto de la pospandemia y la crisis climática, donde preguntas sobre la regulación ambiental local y el desarrollo rural son radicalmente resignificadas. En este contexto, el análisis comparativo ofrecido en este trabajo nos muestra la centralidad de los conflictos normativos y los problemas de legitimidad en la regulación ambiental en el contexto de las nuevas cuestiones agrarias en territorios rurales donde se desarrolla una parte fundamental de la política del cambio climático y la acción climática. El artículo concluye resaltando la importancia de focalizar el análisis socio-jurídico de las experiencias de regulación ambiental local en las áreas rurales para entender el potencial y los límites de este tipo de experiencias en tanto alternativas de política ambiental local con mayor legitimidad en el contexto de procesos de democracia local y la participación de los gobiernos locales en la planificación y definición del uso y manejo de recursos locales.

La naturaleza jurídica del alta mar en materia de responsabilidad por daños ambientales

A la luz del derecho internacional ambiental se estudiaron los regímenes jurídicos, jurisprudenciales y doctrinarios que engloban a la institución de alta mar, ya que tanto la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho de Mar de 1982 como la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 congregan una desnaturalización a los derechos y obligaciones de protección establecidos en beneficio de alta mar; porque dentro de estos instrumentos internacionales sus efectos y aplicación radican dentro de la teoría soft law, debido al carácter soberano de los Estados y por la escasa técnica legislativa contemplada en su desarrollo normativo; cuestiones que inducen a la formación de vacíos legales que provocan que los casos en materia de contaminación y sobreexplotación de recursos naturales no renovables que yacen en alta mar queden en la impunidad. Por ende, este trabajo invita a la comunidad internacional a modificar la estructura jurídica de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho de Mar de 1982, en la medida que incorpore una protección efectiva en la Parte VII sobre alta mar; y, además incluya en cierto modo al medio ambiente con el objeto de prevenir y reducir potenciales actividades antrópicas que provocan el deterioro del ambiente por los nuevos usos y costumbres instigados en el siglo XXI.

Análisis de los acuerdos del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad

El año 2010 se reformó la institucionalidad ambiental de Chile y se creó el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS). Antes de esta reforma cada sector podía dictar actos administrativos generales o específicos, sin contar con una integración coordinada en materias ambientales. Dada esta situación, se le entregó la competencia al CMS de pronunciarse sobre los proyectos de ley y actos administrativos que deriven tanto de la autoridad ambiental como de los organismos sectoriales con competencia en la materia. Sin embargo, tras diez años de implementada, es hace necesario revisar si la reforma ha cumplido el objetivo planteado. Para ello se revisaron los acuerdos adoptados por el CMS siguiendo las actas de sesión publicadas en la página web del organismo para el periodo comprendido entre 2010 y 2020. Los resultados muestran que la creación del CMS no ha contribuido significativamente a la incorporación de la variable ambiental. Además, se demuestra que los acuerdos relativos a las áreas protegidas juegan un rol relevante en la gestión conjunta que realiza el Ministerio de Medio Ambiente con otros ministerios sectoriales.

Pandemia y derechos de acceso a la información y participación en asuntos ambientales en Colombia

Las medidas adoptadas por los gobiernos para enfrentar la pandemia impactan en el ejercicio de los derechos de acceso en asuntos ambientales. En Colombia, estas medidas se han manifestado en una profusa reglamentación y documentos públicos provenientes de las autoridades nacionales y subnacionales. El objetivo general que guía este artículo es comprender cómo esas medidas reglamentarias adoptadas por el Gobierno Nacional de Colombia alteraron el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la participación en asuntos ambientales. Para ello inicialmente describimos el contexto jurídico integrado por la legislación extraordinaria que es la base de las medidas implementadas para enfrentar la pandemia en el país. Luego, hacemos el análisis hermenéutico sobre la restricción al acceso a la información ambiental por medio de la normativa expedida durante la emergencia provocada por la pandemia, estudiamos las limitaciones impuestas a la consulta previa y la audiencia ambiental, y exponemos brevemente los pronunciamientos que sobre estos temas ha hecho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus órganos especiales. Finalmente, ofrecemos algunas conclusiones. Para la consecución de los cometidos reseñados aplicamos una metodología apoyada en el modelo de investigación cualitativa, con aplicación del método hermenéutico y del enfoque dogmático jurídico, aplicando la técnica documental tanto para la recolección de la información como para su análisis

El principio de no regresión en el derecho ambiental chileno

Ad portas de la redacción de una nueva Constitución, y en el contexto de la actual discusión de dos proyectos de ley (en materia de biodiversidad y cambio climático) sobre el reconocimiento expreso del principio de no regresión en materia ambiental, este trabajo buscar determinar el estado del arte en relación con el reconocimiento de este principio a nivel internacional y comparado. Se revisan las fórmulas de su reconocimiento, los principales aportes de la doctrina y la jurisprudencia en cuanto a su contenido, alcance y límites. Se caracterizan dos versiones del principio, en cuanto a los requisitos que lo hacen procedente, aunque ambas exigen una especial motivación de la decisión: la ciencia deberá ser capaz de demostrar que la aparente regresión no implica un debilitamiento importante de la protección ambiental. Además, respecto de Chile, se entregan fundamentos para su reconocimiento, se revisan casos que podrían calificarse de «regresivos» y se comparan las versiones que del principio consideran los dos proyectos de ley comentados.

La educación ambiental en la legislación de Argentina

La preocupación por la situación del ambiente es un problema global que involucra derechos humanos inalienables de creciente importancia para la sostenibilidad de la vida. Este artículo tiene como objetivo analizar el lugar que asume la educación ambiental formal en el sistema educativo obligatorio de la República Argentina. En ese sentido, entiende que la educación ambiental conforma un instrumento de política y gestión de tipo preventivo que contribuye a propiciar conductas y valores relacionados con la protección del ambiente. Se trata de un trabajo exploratorio con una metodología cualitativa que recurre al análisis documental. A lo largo del trabajo se conceptualizan algunos aspectos de la educación ambiental como herramienta de gestión preventiva y se estudia el ordenamiento jurídico que la sostiene a nivel nacional y provincial. Las conclusiones permiten observar que la educación ambiental formal ha permanecido más allá de los cambios en las políticas ambientales y se ha institucionalizado en un conjunto de normativas altamente fragmentadas