Cuestionamientos en torno al anuncio del sentido del fallo previsto en la legislación procesal civil colombiana

La legislación procesal civil colombiana prevé la figura del anuncio del sentido del fallo, en el evento en el que el juez opte por dictar la sentencia por escrito. La mencionada institución procesal encuentra importantes vacíos que han repercutido en que, en la práctica, se profieran anuncios del sentido del fallo incompletos y fundamentados en razones erróneas, en contravía del propósito de la figura. En adición, jurisprudencialmente se ha contemplado la posibilidad de cambiar en la sentencia escrita el sentido del fallo anunciado de manera previa, lo que contraría la legislación procesal civil y vulnera el derecho al debido proceso. En todo caso, y a pesar de no ser de frecuente utilización, existe un mecanismo procesal para lograr la completitud del anuncio del sentido del fallo, consistente en la solicitud de adición o complementación; y para atacar el cambio del sentido del fallo anunciado en la sentencia escrita por vulneración del debido proceso, correspondiente al recurso de apelación –cuando este proceda–, y la acción de tutela, de manera subsidiaria y excepcional.

¿Está constitucionalmente prohibido el arbitramento internacional de inversiones en Ecuador?

La prohibición del sometimiento a instancias de arbitraje internacional en caso de disputas derivadas de la suscripción de instrumentos internacionales genera un ambiente de inestabilidad para las empresas foráneas que desean invertir en el Ecuador. Este artículo aborda la problemática en relación con la interpretación y aplicación del artículo 422 de la Constitución del Ecuador. Por medio de un enfoque cualitativo se analiza si esta cláusula cumple los parámetros para calificar si ha caído en desuso y, en caso de no cumplirlos, si la limitación al sometimiento de arbitraje a jurisdicción internacional es absoluta. Finalmente, se analiza la posibilidad de una interpretación flexible que permita al Ecuador suscribir tratados internacionales de inversión que se sometan a tribunales arbitrales internacionales.

Sentencia Citizens United v. Federal Election Commission, corrupción y derecho al voto en Estados Unidos

En este artículo se estudia la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission (Ciudadanos Unidos contra la Comisión de Elecciones Federales), dictada por la Corte Suprema de Estados Unidos como mecanismo de legalización de la influencia irrestricta del financiamiento privado en la política estadounidense. La hipótesis aquí es que esta modificación institucional legaliza, a su vez, una forma de corrupción política que se evidencia en la actual legislación restrictiva del voto. Se presentará un marco referencial en el que se definirán los conceptos que articulan el análisis. Luego, se hará una descripción de los antecedentes y el contexto de la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission; en seguida, se realizará un análisis de la sentencia, para pasar luego al repaso de dos de sus consecuencias: la primera es la influencia del dinero negro (donaciones anónimas) tanto en las campañas como en la selección de jueces, y la siguiente es la exposición de la influencia del financiamiento privado ilimitado de las campañas en la legislación restrictiva actual del voto.

Control constitucional en el mundo contemporáneo - Retrospectiva y prospectiva

Nuestro propósito en este artículo es retomar, actualizar y revisar teóricamente Judicial Review in the Contemporary World, de Mauro Cappelletti, una obra que fue pionera en su tratamiento del control constitucional. El principal recurso cartográfico, en homenaje a Cappelletti, es la metáfora de la ola. Trazamos un mapa de tres olas globales de control constitucional dentro de un mismo orden constitucional, las cuales son secuenciales y están superpuestas geográficamente a nivel mundial. La primera ola es la serie de “revoluciones constitucionales” al interior de los ordenamientos jurídicos nacionales. La segunda ola es la aparición del derecho internacional como fuente de derecho superior que los tribunales utilizan en el ejercicio de su poder de control constitucional. La tercera ola es una respuesta y reacción a la primera y segunda olas: por un lado, el intento de los tribunales nacionales de suplir las lagunas democráticas e identitarias del Estado de derecho en el marco de la gobernanza transnacional (tener una voz). Por el otro, es el conjunto de casos en los que los tribunales (y los Estados) tratan de escapar de la primera o la segunda ola (el escape). La interacción entre las olas y sus características dialécticas constituyen el marco explicativo que ofrecemos en este artículo. Al destacar las relaciones dialécticas dentro de las olas y entre ellas, esperamos desafiar la narrativa dominante sobre los procesos de constitucionalización como algo progresivo y evolutivo.

Cortoplacismo societario como una expresión del modelo de primacía de los accionistas y la necesidad de repensar dicho modelo: Estados Unidos y Colombia

El cortoplacismo societario es una expresión del modelo de primacía de los accionistas, el cual se abordará desde su aplicación en Estados Unidos y Colombia. El incremento de las ganancias de los accionistas a corto plazo podría, según el caso, generar externalidades negativas en otros stakeholders y poner en riesgo el futuro de la compañía y las inversiones de los propios accionistas a largo plazo. De allí que resulte pertinente y necesario repensar dicho modelo para adoptar el stakeholder model y asignar a los administradores un rol mediador entre las diferentes partes interesadas. Adicionalmente, los accionistas también deben asumir responsabilidad y es momento de comenzar a discutir sobre la asignación de deberes expresos para ellos, más allá de la buena fe y la prohibición de abusar de los derechos, como ocurre para el caso de los administradores.

(Im)precisiones de la interpretación conforme constitucional: dimensiones y elementos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana

Este texto explora las temáticas relacionadas con la interpretación conforme al interior de las decisiones de la Corte Constitucional colombiana, para así advertir no solo sus diferentes dimensiones, sino sus implicaciones dentro del ordenamiento y su relación con principios, normas y parámetros del control constitucional. De tal forma, en cuatro acápites, previos a las conclusiones, se exponen y correlacionan, primero, el marco conceptual de la interpretación constitucional y sus modalidades; después, la metodología empleada para la recolección de las decisiones del tribunal, para pasar a los resultados obtenidos del análisis de la jurisprudencia, y, finalmente, acceder a las reflexiones y propuestas para la discusión sobre las ventajas o limitantes de la categoría objeto de estudio.

Delimitación conceptual del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales

La preocupación de la comunidad internacional frente al fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales o mal denominados “falsos positivos” es alta. Las cifras alarmantes de víctimas y la preocupante impunidad frente a estos casos han llevado a que organizaciones no internacionales y organismos internacionales adelanten reportes, informes y estudios jurídicos sobre el tema. Sin embargo, el concepto de “falsos positivos” no es del todo claro, pues parece ser tanto una violación de derechos humanos por parte del Estado colombiano, como una conducta que puede constituir un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra. Cualquier intento actual por entender el fenómeno debe iniciar por delimitar conceptualmente qué se entiende por “falsos positivos”.

Deuda de los centros de conciliación de los consultorios jurídicos con las personas en situación de insolvencia. Siete años de inactividad del procedimiento de insolvencia en escenarios conciliatorios de práctica legal

En Colombia, desde el año 2012, se definió un procedimiento de insolvencia para personas naturales no comerciantes cuyo propósito es la estabilización financiera del deudor y la recuperación del crédito a favor de sus acreedores. Según el marco normativo, este procedimiento podría iniciarse gratuitamente ante centros de conciliación de los consultorios jurídicos de las facultades de derecho. A pesar de lo anterior, y aun cuando existe la imperiosa necesidad de atención y adelantamiento del procedimiento para las personas en condiciones de vulnerabilidad que se encuentran en situación de insolvencia, al año 2019 y habiendo pasado 7 años desde la expedición de dicho procedimiento, ningún centro de conciliación universitario de la ciudad de Bogotá estaba prestando este servicio. El presente artículo es resultado de un ejercicio investigativo cuyo propósito consistió en determinar los factores que explicarían lo anterior. De esta manera, se relaciona el concepto de pobreza y precariedad económica con la situación de insolvencia; se desarrollan los propósitos del procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante y la situación de debilidad manifiesta de los deudores insolventes en Colombia; se hace referencia a los propósitos pedagógicos y sociales de los consultorios jurídicos, y se exponen los resultados.