El papel de la UE como garante del estado de derecho en relación con el sistema de solución de diferencias de la OMC

El sistema de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio es un componente esencial de la rule of law del comercio internacional. Sin embargo, debido al bloqueo por parte de Estados Unidos del nombramiento de nuevos miembros del Órgano de Apelación, este mecanismo está en crisis. El objetivo de este trabajo es investigar las propuestas de la Unión Europea dirigidas a desbloquear la situación de crisis. Ello exige determinar con carácter previo tanto el contexto económico en el que se ha gestado esta crisis como las críticas estadounidenses que subyacen a su decisión de bloquear el funcionamiento del Órgano de Apelación.

Hacia una moneda digital europea. El euro 2.0

La posibilidad de que los bancos centrales emitan dinero digital (CBDC por sus siglas en inglés) ya se está debatiendo. El Banco Central Europeo presentó un informe el 2 de octubre de 2020 sobre la emisión de un euro digital en la eurozona. Es una forma de responder al creciente interés por las criptomonedas, así como de valorar un posible nuevo mecanismo de gestión y control económico. Sin embargo, sus indudables ventajas no aparcan del todo las dudas que aún genera. Este trabajo intenta, de una parte, analizar los CBDC, tradicionalmente confundidos con otros instrumentos que surgen de la digitalización económica, y, de otra parte, estudiar las implicaciones de un CBDC europeo o euro digital, teniendo en cuenta las posibles bases normativas que ofrece el derecho primario de la Unión Europea para su puesta en funcionamiento. Se finalizará estudiando las consecuencias que pueden aflorar de la implantación del euro digital en tres áreas: la política monetaria y fiscal, el sistema de pagos o la propia pervivencia del dinero en efectivo.

To be or not to be (legally binding)? Judicial review of EU soft law after BT and Fédération Bancaire Française

El soft law de la UE es como una criatura mitológica de la gobernanza de la UE: si un sátiro es mitad hombre y mitad cabra, así la ley blanda de la UE es mitad derecho y mitad no-derecho. Su doble naturaleza irrestricta por el procedimiento legislativo ha facilitado su proliferación, pero sigue surgiendo la controversia sobre su papel en la UE y en los Estados miembros. Dos casos recientes se suman a la saga sobre los efectos del soft law de la UE: BT contra Balgarska Narodna Banka y Fédération bancaire française contra Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Estas dos sentencias, fruto de dos cuestiones prejudiciales, son en cierta medida extraordinarias: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha analizado por primera vez la validez de las recomendaciones y directrices de la UE, medidas de soft law de la UE por excelencia, en el contexto de las solicitudes de cuestiones prejudiciales. Pero además de sus resultados, estas decisiones también han arrojado dudas sobre los efectos del soft law de la UE. Tras exponer las conclusiones de los abogados generales y las sentencias del Tribunal de Justicia, el trabajo aborda tres cuestiones: las lagunas en el concepto de «efectos jurídicamente vinculantes» en el derecho de la UE, las orientaciones (poco claras) sobre el uso del soft law de la UE en los tribunales nacionales y la evolución de la revisión de la validez del soft law de la UE. Ser o no ser (¿jurídicamente vinculante?) Esa es la cuestión del soft law de la UE.

Legal challenges for the European Union concerning an international treaty on business and human rights

Las violaciones de los derechos humanos perpetradas por empresas son una realidad que ha sido un tema de derecho internacional y órganos de los derechos humanos por un período considerable. A lo largo de los años, se contemplaron diversas propuestas e instrumentos de carácter diverso para la regulación de la conducta empresarial. Todos son objeto de un intenso escrutinio y se han convertido en elementos polémicos entre los Estados involucrados en las negociaciones. El único documento adoptado por consenso en las Naciones Unidas, los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, contiene reglas no vinculantes. Sin embargo, los intentos de producir un tratado internacional vinculante nunca cesaron y actualmente se debaten con una participación considerable de la Unión Europea (UE). El objetivo de este artículo es analizar el progreso en el marco de desarrollo de las relaciones de las actividades comerciales con los derechos humanos, considerar la participación de la UE y determinar si la UE puede seguir avanzando en el estándar de protección, especialmente si tiene competencia suficiente para concluir el posible acuerdo de empresas y derechos humanos y qué enfoques son viables para que la UE implemente dicho acuerdo en su ordenamiento jurídico.

De una factura de electricidad impagada a la primacía del derecho europeo: así nació la jurisprudencia Costa/Enel

Aunque Costa/ENEL es el punto de partida de la mayoría de los estudios realizados sobre el principio de primacía, la génesis procesal de este asunto es, en cierto modo, aún poco conocida. ¿Qué condujo a Flaminio Costa a demandar a su proveedor de electricidad por una factura de tan solo 1925 liras (unos 22 euros hoy en día)? ¿Por qué el Juzgado de Paz de Milán decidió involucrar tanto al Tribunal Constitucional de Italia como al entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en una cuestión aparentemente de escasa importancia? ¿Y por qué estos tribunales adoptaron decisiones tan diferentes? ¿Cómo terminaron las actuaciones judiciales internas tras la sentencia del Tribunal de Justicia? Sobre la base de documentos judiciales parcialmente inéditos y de entrevistas con algunos de los actores involucrados, este trabajo tiene por objeto arrojar luz sobre algunos aspectos aún poco conocidos del asunto Costa/ENEL, en el contexto de la nacionalización de la electricidad en Italia en el punto álgido de la Guerra Fría, y evaluar la contribución de esta jurisprudencia y su «arquitecto», Gian Galeazzo Stendardi, a la consagración del principio de primacía.

Crónica de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mayo-agosto 2021

Crónica de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mayo-agosto 2021

Crónica de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mayo-agosto 2021

Crónica de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mayo-agosto 2021

El locus standi de terceros Estados para interponer recurso de anulación contra medidas restrictivas de la UE: el asunto C-872/19 P, Venezuela/Consejo

La sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2021, Venezuela/Consejo, abre una nueva dimensión en relación con el alcance de los criterios de admisibilidad del art. 263 TFUE, párr. cuarto, puesto que el TJ considera por primera vez que Venezuela, un Estado tercero, debe considerarse «persona jurídica» y por tanto está legitimado —siempre que se cumplan los demás requisitos de admisibilidad— para plantear un recurso de anulación contra medidas restrictivas dirigidas contra él. Según el TJ, esta interpretación es acorde con el principio a la tutela judicial efectiva y el respeto del Estado de Derecho. Además, el interés de este asunto también radica en las argumentaciones en torno al alcance de principios de derecho internacional público como el de reciprocidad y el de inmunidad soberana. Finalmente, el fallo del TJ también permite aventurar la posibilidad de un cambio de paradigma en la elección y adopción de medidas restrictivas por la UE.