Contratación electrónica y los delitos informáticos. En protección al consumidor en el Perú

El artículo tiene por objeto revisar los antecedentes y retos de la contratación electrónica en el Perú, con especial énfasis en la protección legal de la que disponen los usuarios frente a los delitos informáticos. Para ello, se realizó una búsqueda bibliográfica a fin de tener un mejor entendimiento del tema en cuestión. Luego del análisis realizado, se encontró que en el Perú aún no se ha implementado las normas necesarias que aseguren la confianza y seguridad de los usuarios; empero, ya se está dando los pasos necesarios para un mejor desarrollo en estas políticas de seguridad informática; otro de los principales problemas, es el desconocimiento por parte del público sobre estas normas. El presente artículo sirve como pauta de revisión al actual estado de las normativas de la política de seguridad informática del Perú para futuras investigaciones.

El requerimiento del expediente administrativo en procesos vinculados a materia previsional. Aportes para una aplicación correcta del artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584

Al momento de admitirse una demanda en la vía del proceso contencioso administrativo el órgano jurisdiccional, dispone – casi de manera automática - la remisión del expediente administrativo. Pero que sucede si la pretensión demandada está referida a un derecho pensionario y dentro del proceso judicial se insiste en la actuación de un documento que no resulta necesario para resolver la controversia planteada o sobre lo cual la parte demandada, al contestar la demanda, no formula cuestionamiento directo a los documentos presentados por el demandante (usualmente copia de las resoluciones administrativas o de su solicitud a nivel administrativo). Por ello, es importante que se aplique de manera adecuada la disposición legal referida a la solicitud del expediente administrativo, a efectos de que se requiera, solo cuando sea necesario, de ser el caso.

La mala praxis médica y la vulneración del deber objetivo de cuidado

El presente ensayo académico pretende poner de relieve como es que la categoría “deber objetivo de cuidado” en los delitos culposos, ha contribuido a esclarecer el orden de la culpa en el delito, dado que la doctrina clásica del Derecho Penal concebía la “culpa” de forma subjetiva, que junto al “dolo” formaban parte de la culpabilidad. En tal sentido, el objetivo de la investigación es destacar que en la infracción culposa la lesión de la diligencia objetiva de cuidado no pertenece a la culpabilidad, sino a la antijuricidad; y que dicha categoría se aplica válidamente no sólo en los casos del tráfico, sino también para los casos de mala praxis médica; posición que ha sido asumida por la doctrina y jurisprudencia nacional. Al mismo tiempo, destacamos a modo de conclusión, como de manera contradictoria la jurisprudencia nacional no sólo ha asumido la concepción del deber objetivo de cuidado, sino también los criterios de imputación objetiva (creación de un riesgo no permitido) para llegar al mismo destino, que la imputación al tipo objetivo en los delitos culposos radica en la tipicidad y no en la culpabilidad.

La educación en el Perú en tiempos de pandemia Covid-19

El presente artículo nos permite observar como la educación debe ser vista como un derecho y que ha estado presente en el transcurso de la historia constitucional de nuestro país como un sueño anhelado por muchas generaciones; así mismo la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 nos ha demostrado que no estamos preparados para adaptarnos a los nuevos cambios que trae consigo la tecnología, la ciencia y los tiempos que vivimos, pero sobre todo nos muestra el gran reto que debemos asumir en nuestra labor Docente. Frente a este panorama hacemos una reflexión sobre cómo enfrentar a esos nuevos retos que nos trae ya el presente siglo XXI. Partimos de la base legal en el aspecto educativo, donde la educación debe concebirse como un derecho, se habla también de la gratuidad de la enseñanza en todos los niveles educativos y la ansiada calidad educativa que tanto añoramos. Además, hablamos de la educación en el espacio virtual en el Perú donde SÍ es posible desarrollar contenidos actitudinales, incluso proponemos un método y estrategias en el marco de la Educación remota. Finalmente concluimos que si bien la pandemia de la Covid-19 ha acrecentado aún más la brecha digital, trayendo consigo grandes desventajas, también ha hecho posible ver este panorama como la oportunidad para demostrar que con esfuerzo, dedicación, autoaprendizaje y compromiso podemos contrarrestar dichos efectos, transformando nuestras debilidades en oportunidades.

El arbitraje ¿divinidad jurídica o jurisdicción incompleta?

Existe un riesgo potencial por el cumplimiento de decisiones emitidas fuera del marco de competencia de las Entidades, las cuales consisten en los mandatos de Tribunales Arbitrales, que vulneran la obligación jurídica de motivación. En nuestro marco jurídico desapareció la posibilidad de una segunda instancia arbitral, por lo que en este momento de la historia, el Estado Peruano, como cualquier litigante, se ve imposibilitado de cuestionar el fondo del laudo, no por una cuestión de acuerdo de voluntades, sino por la verticalidad de la Ley; por lo que surgen diversos aspectos de relevancia jurídica, como son los casos del perdedor injusto o conforme a nuestra materia, el daño potencial al Estado cuando se ordena el pago a favor de un privado con cargo a fondos públicos basados en una decisión irrevisable e injusta.

El delito de peculado en la jurisprudencia

La ubicación del delito de peculado en el Código Penal, el conglomerado de tipos penales que agrupa el Sistema Administración Pública, la mención del individuo que interviene en su comisión y la relación competencial de este con el objeto de apropiación, son particularidades de un delito especial, por cuya razón, para ser considerado sujeto activo de este delito la norma, de todas las personas que integran la comunidad nacional, identifica a uno en particular con características definidas, roles, servicios, prestaciones y competencias contemplados en el artículo 425 del Código Penal, sin embargo, el delito de peculado no deja de ser uno de infracción de deber, ya que, la relación del sujeto activo y el bien objeto de protección se encuentran debidamente normados. Las particularidades en mención, han servido a la Corte Suprema al votar por una definición amplia del atributo normativo “funcionario público”. Por otra parte, el tipo penal del delito de peculado no fija parámetros cuantitativos mínimos para sancionar la conducta del agente público que, por ejemplo, utiliza cuatro hojas del papel que se le ha asignado a un abogado para desempeñar su función, en un escrito de defensa particular, lo que ha dado lugar a que se inaplique la disposición que sanciona el delito de peculado.

El cambio climático desde un enfoque del derecho internacional de los derechos humanos

Este artículo describe los avances del desarrollo del Derecho Internacional Ambiental respecto al cambio climático y los impactos de este a los derechos humanos, en especial estando en un contexto internacional que demanda la acción climática global teniendo como base los últimos reportes científicos alarmantes. La aparición de litigios en materia de cambio climático continúa desarrollándose, mucho de los cuales reclaman la acción a gobiernos y a empresas cumplir con sus obligaciones, incluso alegando afectación a derechos humanos.

Revisión sistemática del análisis del marco legal peruano en el ámbito del acoso psicológico laboral o Mobbing

En el Perú, no existe regulación normativa que sancione el acoso psicológico laboral. El objetivo de este estudio es determinar la necesidad de una regulación específica de la figura del acoso psicológico laboral o mobbing en el marco legal peruano. Para ello se ha analizado artículos nacionales e internacionales sobre el mobbing, término que es sinónimo de acoso psicológico, acoso laboral y acoso moral, publicados como estudio teórico en las bases de datos Redalyc, Scielo y ALICIA, entre el período de 2009 al 2019. El acoso psicológico o mobbing produce un menoscabo a la dignidad y salud mental de los trabajadores que lo sufren, por lo que, se recomienda que ésta figura jurídica se incorpore de manera específica en el Artículo 25 del TUO del Decreto Legislativo N.º 728, como una falta grave.

Tecnologías disruptivas: Contexto Político-Jurídico, Desafíos y Oportunidades en Latinoamérica

En el presente trabajo se contextualizan las denominadas tecnologías disruptivas, explicando su naturaleza y principales características que son parte al ecosistema digital; se describen y ejemplifican de acuerdo a los siguientes autores: Vidal, Gavilondo, Rodríguez y Cuellar (2015); Boude y Andrea (2017); Rodríguez, Vidal y Martínez (2018); Mena, (2018); Vidal, Lio y Santiago (2018) y Naranjo (2018). De igual forma, se exponen de manera general, las principales estrategias en materia de políticas y leyes digitales y de conectividad en Latinoamérica. Se detallan tres casos de estudio, a fin de exponer el marco político y jurídico que describen las acciones y objetivos que estos tres Estados del Cono Sur han establecido para el abordaje de estas tecnologías de cuarta revolución industrial. Finalmente, se exponen los desafíos y oportunidades que se desprenden del análisis. Para ello, la metodología de investigación que se siguió es no experimental de carácter teórica sobre la base de fuentes bibliográficas actuales; planes de políticas de Colombia, Argentina y Uruguay en los temas de digitalización y, los principales informes de organismos internacionales. Concluyéndose que la tecnología ha permeado la existencia humana y, resulta de alto cuidado en materia de tecnologías disruptivas, no establecer límites en su uso, reconociendo que hay desafíos aun por superar y oportunidades que aprovechar a fin de garantizar el bienestar de la colectividad y, la asignación de responsabilidad frente a los abusos en el uso de estas tecnologías disruptivas.

Avances en la lucha para la erradicación de la corrupción en Perú: un análisis sobre la ética y transparencia en la función pública

La corrupción en Perú es un fenómeno que limita el desarrollo, ahonda las diferencias socioeconómicas entre los peruanos y menoscaba la confianza en las instituciones. Las leyes implementadas para hacerle frente han perdido la batalla y el cáncer de la corrupción ha hecho metástasis en un Estado agobiado y cada vez menos eficiente. La ausencia de medidas de detección temprana, un sistema de justicia ineficiente y la falta de difusión de las responsabilidades civiles y penales que acarrea el cometimiento de actos ilícitos en contra de los recursos del Estado, corroen la integridad pública y son las causas visibles de este mal. Es prioritaria la implementación de mecanismos que fomenten y fortalezcan la integridad pública, a través de impecables normas de conducta, respeto irrestricto a la meritocracia, así como la creación de capacidades y concienciación sobre el valor de la ética y transparencia en la función pública son las vías para rehabilitar la buena gobernanza en el país, lo que contribuirá a hacer frente a los efectos de la corrupción, no solo en el gobierno nacional, sino también en los regionales y locales, la fuerza productiva empresarial y la sociedad en general. La lucha contra la corrupción precisa de la sinergia de fuerzas y un enfoque de integralidad.