JUSTICIA DE TRANSICIÓN CORPORATIVA

Impresiona la afinidad entre los recientes escándalos corporativos y la red empresarial que sirvió de soporte al régimen autoritario en Brasil. Muchas de las corporaciones involucradas en las recientes operaciones de enforcement ocuparon posiciones centrales en la financiación del autoritarismo en Brasil y siguen a la vanguardia de estructuras estratégicas del mercado nacional. Por consiguiente, se convive con un vacío moral con relación a la ascensión de dinámicas autoritarias, difundiendo en el mercado la retórica del compromiso por la integridad siendo indiferentes del compromiso democrático. La idea de este ensayo es explorar la referencia teórica explicativa sobre lo que podría ser la Justicia de Transición Corporativa – JTC – como nueva categoría analítica en las ciencias criminales, a partir de las que se discuten las posibilidades de atribución de responsabilidad moral y jurídica por la complicidad corporativa, perfeccionando sobre las modalidades sancionatorias y alternativas de restauración y reconstrucción social postconflicto. El texto se divide en nueve tópicos: 1) las generaciones de los estudios transicionales; 2) autoritarismo y redes empresariales; 3) perspectivas histórica y comparada; 4) corporate accountability y su influencia en la concepción de la complicidad y de la responsabilidad jurídica; 5) contribución, causalidad, acciones neutrales; 6) modalidades sancionatorias; 7) obligación moral del sector privado; 8) prácticas restaurativas de configuración transicional y 9) nuevas posibilidades para la victimología corporativa. Se combinan la perspectiva histórica y comparada y convergencias entre estudios criminológicos, transicionales y de justicia restaurativa.

Reflexiones sobre las intersecciones entre las neurociencias y la culpabilidad penal

En el presente artículo, el autor reflexiona acerca de las posibles contribuciones de los más recientes estudios neurocientíficos, en relación con el estudio y análisis de la teoría del delito; en especial, la categoría analítica de la culpabilidad penal. Para ello, entre otras cosas, el jurista analiza las principales concepciones sostenidas en el terreno de las neurociencias, los más destacados problemas metodológicos que surgen de trasladar acríticamente los aportes neurocientíficos al campo de la dogmática penal y la falibilidad de los experimentos basados en las actuales “neurotecnologías”. Para concluir, Arocena propone una conclusión provisoria y breve, aunque no por ello menos inquietante.

El delito de estafa en el Código Orgánico Integral Penal. Breve análisis del tipo penal y las reformas del 2019.

La evolución del tipo penal de estafa en el Ecuador es un reflejo de la necesidades de protección ante el avance de la sociedad en materia comercial y económica, algo totalmente demostrable con las reformas del año 2019 en donde se establecen nuevas conductas como estafas agravadas y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin embargo, este avance no siempre se encuentra acorde al avance doctrinario en el Derecho Penal. En el presente artículo se analizan brevemente los elementos esenciales del tipo penal de estafa, en contraposición con las principales modalidades de estafa agravada, abarcando la responsabilidad penal de las personas jurídicas y haciendo una reflexión respecto a la necesidad de un mayor desarrollo jurisprudencial que merece este tipo penal.

El derecho penal contra-discursivo frente al terrorismo

Este trabajo analiza en clave jurídica y político-criminal los delitos de terrorismo que en la legislación española inciden en el discurso y la radicalización terroristas, cuya expansión e intensificación ha sido notoria en las últimas reformas nacionales, con la finalidad de valorar su posible eficacia preventiva y los efectos que su aplicación produce. Para ello, se emplea el método axiológico, conjugando los principios y valores que integran la base del sistema jurídico vigente con la problemática social a la que se busca dar respuesta normativa. Sumaremos a este método la perspectiva de un análisis crítico y comparativo de base criminológica. En consecuencia, partiremos de los elementos que caracterizan y singularizan empíricamente al terrorismo, para después analizar si la norma penal española se ajusta al elemento de realidad sobre el que se aplica. Llegados a este punto, abordamos la configuración de los delitos considerados como contra-discursivos del terrorismo, concluyendo que su eficacia preventiva es muy limitada, al generar su aplicación más polarización ideológica y radicalización, además de someter a castigo conductas alejadas materialmente de un concepto estricto de terrorismo a nivel criminológico. Por todo ello, se recomienda replantear la sobredimensión que ha alcanzado la norma punitiva española en materia de terrorismo, poniendo en valor los efectos positivos de una política criminal transversal basada en estudios de rigor empírico sobre la entidad de las amenazas, que vierta respuestas proporcionadas y auténticamente preventivas, así como respete el sistema constitucional en el que son concebidas.

Posición de garante del empresario

La responsabilidad omisiva del empresario por delitos cometidos por sus subordinados resulta un problema de difícil solución, tanto en el ámbito dogmático como en el jurisprudencial. La dificultad radica básicamente en el fundamento y, sobre todo en los últimos tiempos, en el alcance de tal responsabilidad. Partiendo de la injerencia como elemento fundante de la responsabilidad penal del empresario, concretizaremos dicha propuesta de la mano del criterio de organización riesgosa de la empresa, todo ello como elemento legitimador, pero al mismo tiempo limitador de la responsabilidad penal omisiva.

Corrupción política, sistema de partidos y criminalidad organizada

El mapa de la corrupción es extenso, tanto a niveles nacionales, como internacionales. La corrupción es un fenómeno universal que se reproduce indistintamente, al igual que la criminalidad organizada, con independencia de la modalidad de gobierno y de sistema político, alcanzando tanto a países ricos, como a subdesarrollados. Ninguna forma de gobierno resulta indemne al desarrollo de las prácticas corruptas. Por ello, este trabajo refleja el esfuerzo por entender cómo incide la corrupción en la esfera política a través del análisis de las fortalezas y debilidades de los sistemas electorales y de los partidos políticos, con el fin de, una vez identificadas las vías de penetración de la criminalidad organizada, implementar estrategias y políticas que posibiliten revertir el acceso de la delincuencia organizada al ámbito político y al ejercicio de Gobierno, con especial intensidad en el espacio local y regional. Cuestión, que se ha convertido en uno de sus principales objetivos estratégicos. Para ello, destacan sobremanera las iniciativas orientadas a la limitación del ejercicio de derechos fundamentales, cobrando especial relevancia en concreto la instauración en los ordenamientos jurídicos de la opción de la prohibición de partidos políticos contrarios al orden constitucional.

El fenómeno de la corrupción y su repercusión en el Estado moderno

Durante las últimas dos décadas la voluntad de luchar contra la corrupción ha aumentado en la sociedad en general. A pesar que hace algunos años su discusión suponía un inconveniente para el debate público, hoy es casi imposible argumentar de manera convincente a favor de la corrupción. El espectro de la corrupción acecha la política y la economía modernas, amenazando la legitimidad de los Estados y los mercados, al mismo tiempo que anima intentos repetitivos e incompletos de limpiar y legitimar el orden político-económico. Así, la lucha contra la corrupción es uno de los pilares fundamentales sobre el cual casi todos los gobiernos modernos, desde los más autoritarios hasta los más democráticos, basan sus pretensiones de legitimidad. Por ello, persiste la necesidad de redoblar los esfuerzos para fortalecer los Estados mediante acciones orientadas a proteger los derechos humanos, lograr la estabilización política y social, asegurar una distribución efectiva y uniforme de la riqueza nacional y asegurar la democracia y el desarrollo sostenible en los países.