De lo ideal a lo real: sentencia de la CIDH sobre el encarcelamiento preventivo

El 27 de enero de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado ecuatoriano por la violación de derechos y garantías regulados en la Convención Americana de Derechos Humanos contra el ciudadano Mario Alfonso Montesinos Mejía. En consecuencia, la Corte dispuso una serie de medidas a cumplir por el Estado responsable de dichas vulneraciones, resaltando la supremacía del ordenamiento internacional sobre el doméstico. La detención ilegal de Montesinos Mejía se prolongó desde 1992 hasta 1998.

Deber de prevención del Estado, fundamentalmente en contexto pandémico

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de 3° Nominación de la ciudad de Córdoba no hizo lugar a una medida cautelar planteada por una psicóloga que trabaja en un centro de atención primaria de la salud (CAPS). La profesional solicitaba, entre otras cosas, que el Estado provincial se abstenga de obligarla a prestar servicio y que el tribunal la autorice a no concurrir a su lugar de trabajo, sin afectación de ingresos, hasta tanto la Provincia entregue los equipos de protección personal y garantice, en su lugar de tareas, las recomendaciones de bioseguridad para evitar el contagio de coronavirus COVID-19.

O direito à saúde dos dependentes de tabaco no brasil: uma análise a partir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça brasileiro

El presente artículo tiene como objeto analizar el derecho fundamental y humano a la salud basado en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia acerca de la responsabilidad civil de los productores de tabaco, por los daños causados ​​a sus consumidores. Como objetivos específicos, se examina la importancia del Convenio Marco para el Control del Tabaco a nivel internacional y nacional, así como el impacto directo que generan las decisiones pretorianas en la salud, especialmente de los más vulnerables. En conclusión, puesto que, si bien Brasil tiene una amplia protección regulatoria multinivel, la ausencia de la responsabilidad civil de la industria por los daños causados a los consumidores y las arcas públicas del Estado brasileño hasta hoy pueden traducirse en un obstáculo a la amplia efectivización del derecho a la salud bajo la perspectiva de las enfermedades relacionadas con el tabaco.

La sentencia de la CIDH en el caso lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina: los DESCA en el marco de los conflictos etnoambientales

Este trabajo tiene como propósito destacar los principales argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina”, de febrero del año 2020, donde declara la responsabilidad internacional del Estado Argentino por la violación de distintos derechos de 132 comunidades indígenas. La sentencia es un precedente clave para la justiciabilidad y exigibilidad de los DESCA, destacando la importancia fundamental de la propiedad comunitaria indígena (artículo 21 CADH) para el goce efectivo de los demás derechos analizados (DESCA del artículo 26 CADH): a un ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural; estableciendo su interdependencia y autonomía. Se hará este repaso siguiendo los apartados de la sentencia, y comprendiendo los DESCA en el marco de los conflictos etnoambientales.

Ineficacia del despido incausado: primacía normativa y la vulnerabilidad de la trabajadora embarazada

El Juzgado de Conciliación y Trabajo de Cuarta Nominación Secretaría Octava de la Provincia de Córdoba, resolvió hacer lugar a la demanda autosatisfactiva incoada por la trabajadora y en consecuencia, declarar la nulidad del despido dispuesto por la empleadora estando vigente tanto, el período de prueba del artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo como así también, la prohibición de despedir consagrada por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 329/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, le otorgó primacía normativa a este DNU por sobre el artículo 92 bis de la LCT, atento la situación de vulnerabilidad de la trabajadora embarazada y en virtud de la excepcionalidad de la situación y jerarquía del bien jurídico tutelado constitucionalmente.

La justiciabilidad de los DESCA. Una aproximación al derecho a condiciones equitativas y satisfactorias que garanticen la salud de las personas trabajadoras

El caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se vincula con la demora y la denegación de justicia sufrida por Victorio Spoltore, en el marco de un proceso laboral derivado de una demanda por indemnización emergente de enfermedad profesional contra la empresa privada Cacique Camping S.A. La sentencia reviste de una contundencia e importancia tanto para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como para los sistemas jurídicos locales de la región ya que, por primera vez, se reconoce el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias que aseguren la salud en el trabajo como un derecho humano autónomo. En este sentido, el máximo tribunal de derechos humanos de la región condena a un Estado miembro como responsable directo por la violación del art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra los denominados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en conexión con el acceso a la justicia y con la obligación de respetar, proteger y garantizar dichos derechos.

La salud: un consumo privilegiado

El presente comentario aborda el razonamiento formulado por la Cámara Civil y Comercial Federal del Poder Judicial de la Nación, que confirmó la sentencia de primera instancia, que acogió la pretensión del actor, condenado a la demandada, entidad de medicina prepaga, a disponer el cambio de plan médico que fuera unilateralmente denegado por ésta, así como también, al reintegro de los gastos que el accionante desembolsó, como consecuencia de dicha negativa. En el presente caso, el actor transitaba una enfermedad oncológica, que motivó la solicitud del cambio del plan contratado, lo que fue resistido por la entidad de medicina prepaga. Ello motivó que, frente al avance de su enfermedad, y la negativa de la demandada a efectivizar el cambio de plan, el actor desembolse, de manera particular, el importe correspondiente al tratamiento que el plan contratado no cubría. La demandada, resistió la pretensión, alegando que no está obligada a asegurar el derecho a la salud. El razonamiento reproducido por la sentencia de Cámara descansa en dos aspectos fundamentales: por un lado, la imposibilidad de que la demandada sea desvinculada de la salud de su afiliado, y por el otro lado, la aplicación del régimen tuitivo consumeril al contrato de medicina prepaga.

La imposibilidad de consentir que la discapacidad sea tomada como un obstáculo para la escucha de niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial

En el fallo, objeto del presente análisis, el Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro, tacha de nula la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y de Minería por haberse dictado sin escuchar al adolescente y se ordena que la misma tenga lugar antes de dictarse una nueva resolución ajustada a derecho. Así las cosas, el presente trabajo, pretende ilustrar a cerca de la gravedad que puede constituir negar derechos de raigambre constitucional como lo es el derecho de Niños, Niñas y Adolescentes a ser escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta en cuestiones que los afectan directamente y más aún fundar dicha negativa en la discapacidad del menor, lo cual resulta de lleno incompatible con el diseño actual de discapacidad basado en los derechos humanos y en la igualdad inclusiva al que se asiste.

Síndrome de Burnout: solicitud de reconocimiento como enfermedad profesional en el cuerpo de funcionarios de la Unión Europea. Respeto del derecho a ser oído.

Este artículo analiza la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 23 de septiembre de 2020, en un asunto entre la Comisión Europea y una antigua empleada de la Agencia Europea de Reconstrucción, mediante el cual se discute la admisibilidad de la solicitud del reconocimiento de la enfermedad del síndrome de burnout como enfermedad profesional, instada con arreglo al art. 73 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea.

El Derecho a la Salud durante la pandemia por COVID-19: su tutela estatal y judicial. La impostergable competencia concurrente

En el siguiente artículo, se analiza la causa “Vilchez, Eric Camilo p.s.a. Violación de medidas sanitarias dispuestas por autoridad competente” (Expte Nº 9160972), con fecha 12 de mayo de 2020. En ella, el señor juez provincial resolvió respecto a la citación a juicio del imputado, quien fue encontrado transitando sin fundamento legal alguno por la vía pública y, por lo tanto, infringiendo las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional tendientes a evitar la propagación de la epidemia del virus COVID-19; y en consecuencia, dispuso no hacer lugar a la solicitud de incompetencia material impetrada por el Sr. Asesor Letrado de 16° Turno, Dr. Diego Ortiz, y por lo tanto, confirmar la competencia de la justicia provincial en relación al hecho obrante en la plataforma fáctica de la causa, calificado como Violación a las normas sanitarias dispuestas por autoridad competente (art. 205, C. Penal). Asimismo, rechazó la nulidad articulada por el nombrado defensor, respecto a la requisitoria fiscal de elevación a juicio obrante en las presentes actuaciones y finalmente declaró que no existe mérito suficiente para elevar a juicio ni para sobreseer al imputado como supuesto autor de los delitos de Violación de las normas sanitarias dispuestas por autoridad competente y Resistencia a la autoridad, en concurso real (arts. 45, 205, 239 y 55 del CP), remitiendo la causa a la Fiscalía de Instrucción de conformidad al artículo 358, 2º párrafo del CPP.