Hacia la generación de un ius anti corruption is commune en Latinoamérica

Dados los riesgos que plantea la corrupción para los derechos humanos de millones de personas en América Latina, hoy se requiere de la adopción de medidas estándar de naturaleza internacional, de la generación de instrumentos definidos a nivel interamericano –ius commune anti corruption–, que incorpore las instituciones, los mecanismos y la legislación estándar que permita a los países de la región prevenir, detectar, sancionar y reducir a niveles tolerables los actos de corrupción, pero, sobre todo, represente una auténtica garantía de los derechos humanos a nivel regional.

La objeción presidencial a actos legislativos en Colombia

En el 2012, luego de que el presidente de turno Juan Manuel Santos Calderón objetara el Acto Legislativo de Reforma a la Justicia, se abrió uno de los debates constitucionales más importantes del momento, el cual fue conocido por los altos tribunales como los son la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. En el presente artículo se hace un análisis histórico de la competencia de objeción a reformas constitucionales, se observa en un ejercicio de análisis de referentes las disposiciones constitucionales de algunos países de América Latina sobre dicha atribución, se desarrolla una carga argumentativa de las razones de improcedencia, además de examinar sentencias de los tribunales antes mencionados en lo que respecta al tema de investigación.

Función disciplinaria del Autorregulador del Mercado de Valores en Colombia

El Autorregulador del Mercado de Valores - AMV en Colombia cumple una función disciplinaria que tiene un marco normativo especializado, cuya aplicación busca generar confianza en el mercado y prevenir el riesgo sistémico. En desarrollo de esta función no surge un mecanismo de protección patrimonial a los inversionistas, en tanto no está diseñada para proteger derechos patrimoniales sino para generar confianza en el mercado y para que los intermediarios de valores administren el riesgo reputacional.

Desafíos de una nueva justicia dialógica ante la vigencia del ius constitutionale commune en América Latina

La presente investigación parte de un método histórico-comparativo sobre el estado de derecho y su evolución hasta el siglo XXI, así como de sus implicaciones formales y sustanciales en un contexto de globalización tendiente a la materialización de los derechos humanos, a partir de su exigibilidad en sede jurisdiccional tanto nacional como internacional. Concluyendo que el diálogo entre cortes constitucionales, la incorporación de la figura del estado de cosas inconstitucionales y la adopción de la metodología establecida en el Protocolo de San Salvador, establecen las bases para una adecuada respuesta a los problemas estructurales que tienen lugar en América Latina.

El derecho fundamental al debido proceso Vs. Procedimiento sancionatorio entre particulares

El propósito del texto es ahondar sobre conceptos jurídicos procesales y laborales respecto del procedimiento sancionatorio realizado a los trabajadores con ocasión de lo previsto en el artículo 115 del C.S.T., y desarrollado por la Corte Constitucional en Sentencia C-593 del 2014, al analizar los derechos y deberes que le asisten a las partes envueltas dentro de una relación laboral al momento de llevarse a cabo un procedimiento disciplinario, esto es, el empleador quien se encuentra facultado para imponer sanciones tenga en cuenta los parámetros que conforman el debido proceso con el fin de no menoscabar las garantías de defensa que tienen los empleados sometidos a un proceso sancionatorio; y en particular plantear una posición jurídica que abarque instituciones procesales desde una óptica constitucional, bajo el cual se entienda satisfecho el derecho del empleado a debatir en una segunda instancia el resultado del procedimiento que se le adelantó.

Investigación de la violencia sexual contra hombres (Balance teórico)

En este artículo se presenta un balance teórico sobre los trabajos que se han realizado a propósito de la violencia sexual contra los hombres, y su objetivo principal es visibilizar los trabajos que hay sobre este tema e impulsar la investigación de este tipo de violencia en Colombia. El balance hace parte de una investigación más extensa sobre violencia sexual contra hombres en el marco del conflicto armado colombiano, y se realizó a partir de aproximadamente 150 trabajos, entre libros y artículos. Ahora bien, esta investigación muestra tres temas fundamentales desde los cuales se ha estudiado la violencia sexual contra los hombres: 1. La violencia sexual y organismos internacionales. 2. Aspectos conceptuales y teóricos sobre este tipo de violencia. 3. Rutas y vías para visibilizar y tratar esta problemática, temáticas que sin duda alguna son importantes para la comprensión del tema.

Impactos normativos y mediáticos de los casos de agresiones con ácido a mujeres en España y Colombia 2010-2017

El presente documento expone los resultados de la investigación: “Estudio comparado de los impactos normativos y mediáticos de las agresiones con ácidos a mujeres sobrevivientes en España y Colombia”, la cual tuvo por objeto abordar la situación de estas agresiones con el propósito de responder a la pregunta sobre cómo ha sido el tratamiento noticioso de la temática en los dos países y su influencia en la estructuración y fortalecimiento de sistemas jurídicos. De esta manera, a partir de la implementación de una metodología de investigación cualitativa, se adelantó una revisión normativa y documental que permitió la selección de dos casos paradigmáticos, en los dos países, a partir de los cuales fue posible identificar impactos de la esfera mediática en escenarios de la vida y agenda pública, como: la influencia positiva de las prácticas comunicativas en el desarrollo normativo y jurisprudencial de los Estados, su incidencia en las decisiones judiciales, la regulación de la comercialización de sustancias químicas y la visibilidad de las organizaciones civiles que, lideradas en su mayoría por sobrevivientes, buscan la garantía de sus derechos. Finalmente, este trabajo presenta unas conclusiones en las que resalta la importancia del reconocimiento de la influencia de la esfera mediática en el tratamiento de las agresiones con ácidos en escenarios que resultan en la revictimización de esta población, víctima de una problemática que actualmente trasciende fronteras y el género femenino.

La prevención del delito a través de prácticas situacionales

La prevención del delito constituye una aspiración histórica del Derecho penal y específicamente de la criminología, la que como ciencia de carácter científico y tomando como referente los estudios empíricos desarrollados regularmente, identifica en lo fundamental la prevención social comunitaria y la prevención situacional, las que con propósitos determinados se diferencian desde lo axiológico, pero presentan un objetivo común: prevenir el delito. La prevención situacional para fundamentar su contenido toma como referente las teorías de la oportunidad, la de la elección racional, la de las ventanas rotas y la del diseño ambiental, base sobre la cual se han implementado estrategias preventivas de esta naturaleza en diversos países, incluyendo países en vías de desarrollo, estimándose viable el desarrollo de estrategias de prevención situacional mediante el diseño ambiental; tiene un fundamento ideológico eminentemente pragmático y utilitarista; su objetivo no es otro que mantener en límites admisibles el delito como fenómeno social multicausal, razón por la cual más que un conjunto de teorías contra la criminalidad deben ser estimadas acciones técnicas que tributan a una disminución consciente y deliberada del crimen. Su aporte criminológico consiste en que desconoce los procesos de estigmatización que tradicionalmente ha asumido la criminología al considerar al delincuente portador de una conducta desviada, su fundamental crítica radica en que la posible ejecución de actividades delictivas no puede descansar en la condición de ser racional del comisor del delito, toda vez que la motivación del delincuente en última instancia se supedita a condicionantes sociales y económicos, los que se corresponden con fallas estructurales de las sociedades actuales, propias del neoliberalismo.

La responsabilidad social empresarial en el área medioambiental: una obligación constitucional en Colombia

Las prácticas socialmente responsables se establecen como obligación constitucional para dar cumplimiento a los principios de función social y ecológica de la empresa, y se traducen en preservación de recursos naturales, en protección a la biodiversidad y en garantía de derechos humanos como la salud y el medioambiente sano. Estos derechos consagrados no solo en la Carta Magna, sino en instrumentos internacionales se constituyen como compromisos del Estado, cuyo incumplimiento puede derivar en responsabilidad de él mismo ante escenarios internacionales. La afirmación sobre la obligatoriedad en el cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresarial en el área medioambiental se sustenta en el constitucionalismo principialista, que defiende la obligatoriedad de la totalidad del texto constitucional y exige un camino para garantizar los derechos y principios allí reconocidos. Este artículo construye un criterio de interpretación respecto de la obligatoriedad de la figura de la Responsabilidad Social Empresarial en el área medioambiental, a partir del análisis de normativa nacional, esencialmente de la Constitución Política de Colombia, y de normativa internacional, estudiando aquellos instrumentos que regulan la protección del medioambiente.

La debida diligencia judicial y la protección de los derechos humanos de las mujeres en contextos de violencia

En el presente texto se plasman dos aspectos, primero: el difícil ingreso al sistema de administración de justicia para las mujeres víctimas y, segundo, el predominante panorama de impunidad. Estas situaciones serán vistas desde dos elementos: La debida diligencia como obligación reforzada en materia de derechos humanos y, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de las mujeres. Se pretende demostrar que al adoptar medidas de debida diligencia, estas permitan proteger los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial de las mujeres en contextos de violencia, especialmente, en aquellos casos de violencia sexual donde se torna más complejo su acceso a la justicia.