Guerra e paz: uma análise de dois direitos

En el presente artículo nos propusimos a investigar guerra y paz como bienes jurídicos tutelados por el Derecho. Paralelamente a la existéncia de un derecho a la paz coexiste un derecho a la guerra, que para nosotros parece demandar mayor atención por parte de los juristas. Por eso, empezamos por tratar los dos fenómenos humanos separadamente, iniciando por la guerra para después trabajar la paz. Una vez superada esa cuestión, tratamos propiamente de las normas relativas al derecho de guerra. Si la fuerza es inherente al Derecho, en la guerra el Derecho es quien debe controlar el uso de la fuerza (violencia). Aquí estaremos ante el Derecho Internacional Humanitário (DIH). Después nos dedicamos a apreciar la tutela jurídica de la paz; no como ensayo que elenca las normas aplicables por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), sino como investigación de como el Derecho Constitucional tutela la paz. Buscamos comprender la constitución como intrumento garantizador de la paz duradera. En seguida, hicimos un abordaje sobre médios y fines, posibilitando tener en mente si fines justos pueden justificar médio injustos. Al final, destacamos un rápido análisis jurídico-filosófico sobre el binómio guerra/paz, para concluyer si es verdad que toda paz es ausencia de guerras. Nuestra investigación llevó en consideración una metodologia cualitativa de colecta de informaciones doctrinarias por obras publicadas y entrevistas concedidas.

Reflexiones en torno al derecho a la verdad

Las reflexiones que se ponen en consideración de la comunidad académica, están basadas en la necesidad de garantizar el derecho a la verdad en los procesos judiciales civiles, laborales y administrativos, como mecanismo para lograr el fortalecimiento y revitalización de la administración de justicia como presupuesto indispensable para la construcción de una paz estable y duradera. También se examina la responsabilidad interna e internacional del Estado cuando incumple la obligación de respeto y garantía del derecho a la verdad, que cada vez cobra mayor importancia en la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales con miras a convertirse en un derecho autónomo; empero, mientras se da el paso trascendental para el goce efectivo de los derechos humanos, se tiene que el derecho a la verdad en la mayoría de los casos se interpreta a partir de las normas consignadas en los tratados internacionales que regulan las garantías judiciales y la protección judicial. Este artículo pretende identificar el estándar internacional de interpretación del derecho a la verdad y se propone examinar la línea jurisprudencial que ha trazado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en los casos referidos a Colombia.

Prevalencia de la jurisdicción especial para la paz sobre la sostenibilidad fiscal, un asunto de reparación a las victimas

Uno de los pilares esenciales de la Justicia Especial para la Paz –Acto legislativo 01 de 2017- es la reparación a las víctimas, no obstante, se avizora una problemática que puede impactar este derecho fundamental, que es el incidente de impacto de sostenibilidad fiscal, según el cual, el Procurador General de la Nación o cualquier Ministro de Gobierno podrá tramitar este incidente para modular, modificar o diferir los efectos de una providencia judicial dictada por una alta corte, que, en clave de una interpretación extensiva, se debe entender que la naturaleza del Tribunal de Paz de la JEP, es la anterior. Este escrito buscará desarrollar la problemática suscitada y planteará como solución una interpretación conforme al derecho internacional de los derechos humanos en clave de control difuso de convencionalidad.

La conspiración septembrina

Uno de los acontecimientos de mayor trascendencia en la vida política de los inicios de la República fue el atentado contra la vida de Simón Bolívar, ocurrido en la noche del 25 de septiembre de 1828 en Santa Fe de Bogotá, conocido como la conspiración septembrina, el que se atribuyó a los principales contradictores del Libertador entre los que se incluyó al General Francisco de Paula Santander, vicepresidente en ese momento, quien en un proceso muy cuestionado y violatorio de las garantías del debido proceso, fue condenado a lapena de muerte la que se le conminó por la de destierro.

La sanción disciplinaria por no respuesta oportuna al derecho de petición

El Derecho de Petición bien puede ser tomado como una de las formas más comunes y efectivas para que las personas interactúen con el Estado y además es el punto de partida para dar inicio a la actuación administrativa general. Ahora bien, de parte de la administración se convierte en una obligación legal responder las peticiones de acuerdo al término establecido en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por la ley estatutaria 1755 de 2015, convirtiéndose además en una falta de tipo disciplinario para el servidor público o contratista del Estado que hasta la expedición de la ley 1755, se trataba como falta gravísima. Pese a que por disposición legal se debe aplicar sanción ante la no respuesta oportuna de un derecho de petición ¿realmente se sanciona a los servidores públicos por esta falta?, ¿es la medida correcta para prevenir la vulneración de este derecho? En la práctica se observa que la medida no resulta efectiva ni tampoco eficaz dada la gran cantidad de peticiones no respondidas y, además, el gran número de tutelas presentadas ante la violación de este derecho fundamental. Inclusive, ¿Qué pasa cuando la inatención a un derecho de petición proviene de un contratista del Estado?, ¿se sanciona la falta?, ¿es igualmente eficaz la medida contra un particular que temporalmente presta servicios a la administración? Se trata de idoneidad, de efectividad y aplicabilidad de la sanción disciplinaria frente a la no respuesta oportuna a los derechos de petición, desde un punto de vista crítico, pero en especial práctico, del diario vivir de la administración pública.

Derechos fundamentales y educación multicultural basada en tic en democracias deliberativas

El reconocimiento del multiculturalismo por las democracias modernas se caracteriza por gozar de espacios deliberativos en donde los diferentes actores sociales exponen sus argumentos para hacer efectivos los presupuestos normativos y éticos consagrados en las cartas de derechos. Sin embargo, los procesos educativos tradicionales y carentes de una adecuada comunicación de los presupuestos consagrados en las Constituciones ha conllevado a un conocimiento escaso de los derechos fundamentales y mecanismos para su protección, y la construcción de argumentos que dificultan una interacción tolerante y respetuosa del prójimo. Por esta razón, el uso de TIC en los procesos educativos de naturaleza intercultural podría llegar a masificar la comunicación de saberes democráticos y generar espacios deliberativos donde prime el reconocimiento y respeto del otro, y primen argumentos basados la diversidad cultural que tiene el Estado colombiano.

La responsabilidad social de las empresas frente a la contaminación visual producida por la publicidad exterior en la ciudad de Bogotá localidad de chapinero.

La publicidad exterior visual es un medio masivo de comunicación considerado como un método efectivo para fomentar el ejercicio natural del comercio en la sociedad, sin embargo no solo la economía actúa en éste campo, si no que se puede encontrar que son varios los sectores que acuden de manera continua a las personas naturales o jurídicas que realizan la labor de publicidad exterior visual como lo es el caso de la política, no obstante estas se ven afectadas por incumplimiento de las regulaciones vigentes por parte de la administración de Bogotá y que a su vez provocan contaminación visual, para mitigar esta contaminación es importante determinar de qué manera la responsabilidad social de las empresas pueden aportar a este objetivo y así adaptarse de manera proactiva a la sociedad atendiendo sus necesidades y demandas a través de políticas empresariales desarrolladas por sus directivos y de igual manera garantizar la eficacia de la normatividad mediante la aplicación del método etnográfico en el trabajo de campo realizado en la Secretaria Distrital de Ambiente.

Análisis comparativo de la ley 80 de 1993 y la ley 1882 de 2018

La ley 80 de 1993 es quizás el punto de partida de mayor relevancia en la contratación pública, que si bien ha sido objeto de numerosas reformas aun continua estando vigente en el ordenamiento jurídico nacional y muchas de sus disposiciones normativas se aplican en los actuales procesos de contratación con el objetivo de guiar los procedimientos contractuales públicos y contribuir a dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado, pero a pesar de que el legislador ha pretendido regular el tema de la contratación pública, en la actualidad se registran diferentes investigaciones sobre actos de corrupción en la contratación estatal que han sido de conocimiento nacional, en los que se evidencia que los objetos contractuales referentes a la infraestructura son sin lugar a dudas los que con mayor frecuencia y preocupación contienen irregularidades en sus procesos contractuales, por ello, la Ley 1882 de 2018 se incorpora al ordenamiento jurídico nacional, con la finalidad de regular los procesos públicos sobre obras de infraestructura, cuyo principal objetivo es hacer que este tipo de contratación se lleve a cabo de forma transparente aplicando las nuevas disposiciones normativas al respecto.

Escenarios de rehabilitación posbélica: análisis prospectivo para la ejecución de los acuerdos en relación con el componente de restitución de tierras

Este artículo de reflexión construye un análisis prospectivo alrededor de las políticas de negociación que se desarrollaron entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en relación con el tema agrario, uno de los seis puntos de negociación establecidos para dar inicio al proceso entre estos. Lo anterior es importante debido a que se construirá la base de las políticas de rehabilitación posbélica, las cuales son el punto de inicio de los procesos de implementación de los acuerdos de negociación. Para tal fin, se recurrió a una revisión documental basada esencialmente en las estrategias de minería de datos (Web mining), analizando las categorías teóricas y su implementación en el campo de reforma rural integral. Se puede concluir la importancia de garantizar la adecuada implementación de lo contenido en los acuerdos para garantizar los derechos de los reclamantes de las tierras arrebatadas en a consecuencia del conflicto armado.

Recuento de una tragedia: Venezuela

Venezuela vive una tragedia, que no se inició como muchos creen en 1999. Empezó antes, en 1993 cuando se utilizó el sistema de justicia para saldar deudas políticas. Las barras que leerán no van tan atrás. Se inician con ocasión a la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias frente al gobierno en diciembre de 2015. Estas fueron escritas en su momento y reflejan a mis ojos, la situación del país venezolano en esa oportunidad que a la fecha; a mi juicio es peor. ¡Que cada quien haga el suyo!