Este artículo tiene como objetivo primordial reflejar el estado actual de las víctimas del conflicto armado y sus familiares en materia de justicia en el país y, además, mostrar la deuda que el Estado posee con estas personas aun después de haber transcurrido casi veinte años desde la firma del Acuerdo de Chapultepec, a efecto de motivar el discurso académico en torno al tema. Esto se debe a que existen diversas razones jurídicas, éticas y políticas por las cuales los Estados, no obstante la fragilidad de sus incipientes democracias, deben responder a las violaciones masivas o sistemáticas de los derechos humanos. Dentro de estas razones se encuentran la urgencia de reconocer el valor intrínseco de las víctimas y de sus familiares —especialmente porque, en general, ellas representan los sectores más vulnerables e indefensos de nuestra sociedad—, así como la necesidad de instituir la rendición de cuentas como un elemento esencial del sistema democrático. Si bien, al momento de iniciar procesos judiciales contra los responsables de abusos cometidos dentro de una guerra civil o de una dictadura durante el pasado reciente, es necesario tener en cuenta las difíciles realidades que deben enfrentar los Gobiernos sucesores, eso no debe implicar, en ningún momento, que la impunidad se presente como una opción posible desde el punto de vista ético y jurídico, tal como ha sucedido hasta este momento en El Salvador.
ECA Estudios Centroamericanos, Vol. 69, No. 736, 2014: 119-141.
Ser extranjero en Centroamérica. Génesis y evolución de las leyes de extranjería y migración en El Salvador: siglos XIX y XX