La tierra hecha pedazos: Análisis crítico de la narrativa constitucional sobre el desarrollo, el territorio y la consulta previa

El propósito de este artículo es sintetizar un examen crítico sobre la relación del discurso jurídico del modelo de desarrollo, las políticas nacionales sobre inversión extranjera directa y la gobernabilidad minera con las reivindicaciones de las comunidades étnicas colombianas, en especial las comunidades indígenas. Para ello, mencionaremos la literatura latinoamericana que ha impulsado una aproximación crítica al modelo de desarrollo promovido por los Estados del Norte global y las agencias multilaterales que estos presiden. Posteriormente, haremos un breve recuento histórico de la correlación entre la extracción minera extranjera y el esquema jurídico occidental que hemos heredado y acogido, que se asienta como antecedente y telón de fondo de un contexto jurídico que refleja la ineficacia de la consulta previa para alcanzar un verdadero diálogo intercultural. En este sentido, demostraremos que la jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno a este mecanismo ha defendido un régimen de verdad oficial, acorde con la metáfora de éxito del desarrollo económico y, de esta manera, ha desconocido el saber-poder situado y periférico de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en Colombia. Proceder que ha significado la ausencia de una reflexión seria sobre la interculturalidad legal (o interlegalidad) crítica.

El silencio de las víctimas de secuestro y sus significados

El secuestro causa daños físicos, psíquicos, morales y sociales tan profundos que algunas víctimas no pueden elaborar la experiencia del horror o prefieren abstenerse de hablar al respecto. Este estudio da cuenta del enmudecimiento de muchas víctimas ante la experiencia del secuestro, de su imposibilidad de narrar o de su voluntad de no narrar. Urge hacer resonar esos silencios para que digan ciertas verdades sobre la guerra interna –que no ha sido solo combates, sino también violencia contra indefensos–, la inhumanidad del secuestro y los sufrimientos que deja, pasados años o décadas. Es indispensable interpretar ese silencio para que esta porción de la realidad no quede privada de significado ni sea un sufrimiento por siempre inaudible e ignoto.

Un replanteamiento a la forma de entender la legitimidad democrática del juez constitucional a través del ejercicio del poder público a su cargo

La legitimidad democrática se relaciona con la elección popular y la representatividad, pues son algunas de las expresiones más robustas del valor del autogobierno. Por tanto, se ha afirmado que un juez constitucional no puede conseguir dicha legitimidad. Así, primero, propongo un replanteamiento a la forma de entender la legitimidad democrática solo desde una dimensión política, mediante lo que denomino la tesis de la legitimidad democrática constitucional, que se compone de una dimensión procedimental y una sustantiva, que dan cuenta tanto de procesos de elección y designación como de la evaluación del ejercicio del poder público, para el caso del juez constitucional. Segundo, analizo lo complejo del ejercicio del poder público de un juez constitucional, ya que representa la forma de conseguir su legitimidad democrática sustantiva. Ambas cuestiones desarrollan la hipótesis de que existen dos ámbitos de legitimación democrática del juez constitucional, en donde el ámbito sustantivo de la misma se vincula con su ejercicio del poder público. El trabajo concluye en que la legitimidad democrática sustantiva del juez constitucional a través de su ejercicio del poder público es una cuestión dinámica, plausible y dependiente de diferentes factores y condiciones, por lo que resulta necesario considerarla en niveles.

Georg Jellinek: un pensador político liberal contra el gobierno despótico (1885-1898)

Georg Jellinek es concebido, por lo general, como uno de los representantes más destacados del positivismo jurídico alemán. En este artículo, lo observo no solo como un teórico del derecho, sino también como un pensador político de inspiración liberal. En ese sentido, busco demostrar algunas continuidades y conexiones clave entre los aspectos fundamentales de su teoría jurídica positivista, su visión política de inspiración liberal, así como su estancia en Viena y migración posterior hacia Alemania.

Una académica comprometida con el estudio de la historia del pensamiento iuspolítico alemán y el trabajo de Hans Kelsen: una aproximación a la apasionante obra de Sara Lagi

Sara Lagi obtuvo el grado de doctora en Historia del Pensamiento Político Europeo por la Universidad de Perugia en el año 2005. Actualmente es catedrática de la Universidad de Turín; también ha sido docente en la Universidad de Florencia (2007-2009), Middlebury College, Smith College y Fashion Institute of Technology (2005-2014). A lo largo de su prolífica trayectoria docente, Sara Lagi ha publicado un gran número de artículos y libros, entre los que destacan: “Pensare la democracia: Hans Kelsen e Hermann Heller a confronto”; “Kelsen e la Corte costituzionale austriaca: un percorso storico-politico (1918-1920)”; “Hans Kelsen, un pensatore democrático tra Europa e America (1920-1955)”; Il Pensiero político di Hans Kelsen (1911-1920). Le origini di Essenza e valore della democracia; “Georg Jellinek storico del pensiero politico (1883-1905)”; “Adolf Fischer e Karl Renner: la questione nazionale austriaca (1869-1917)”; “The formation of a liberal thinker: Georg Jellinek and his early writings”; “Hans Kelsen and the Austrian Constitutional Court (1918-1929)”; “Karl Renner: Staat und Nation”; “Hans Kelsen: pensador político”; “Territorio y pueblo en Hans Kelsen”.

La resocialización de la pena al interior de las comunidades indígenas

La Sentencia T-921 de 2013 de la Corte Constitucional introduce el cambio de sitio de reclusión a territorio indígena como una forma de garantizar la identidad cultural, así como la autonomía y el ejercicio del derecho propio de estas comunidades. La presente investigación se llevó a cabo en algunos centros de armonización indígenas y muestra cómo en estos es posible alcanzar una resocialización como fin de la pena. De otro lado, evidencia que la resocialización es apenas una aspiración utópica en los centros de reclusión de la cultura mayoritaria, pese a los pronunciamientos de estado de cosas inconstitucional en las cárceles colombianas, como en la Sentencia T-153 de 1998 de la Corte Constitucional.

Población venezolana en Perú en tiempos de COVID-19: luchar contra la adversidad para lograr la inclusión social

Antes del año 2014, Perú nunca había sido país de destino recurrente de personas migrantes y refugiadas. Sin embargo, el éxodo de personas venezolanas llevaría al país a convertirse en el segundo mayor receptor de esta población en números absolutos, con 830 000 a julio de 2020 (Bahar et al., 2020, p. 9).Aunque al inicio el Estado decidió adoptar una política de apertura respecto del ingreso y permanencia de personas venezolanas, desde mediados de 2018 el control migratorio se volvió más restrictivo. Esta situación se tornó aún más adversa para ellas desde el inicio de la pandemia por el COVID-19, teniendo que pasar por situaciones de discriminación a pesar de su condición de especial vulnerabilidad. Ante este panorama, en el presente artículo se examinarán ciertas acciones y omisiones del Estado que ponen de manifiesto vulneraciones de los derechos humanos de estas personas, fomentadas por una opinión pública de rechazo hacia ellas. Finalmente, se analizará la importancia del desarrollo de acciones de sensibilización que cuestionen estas percepciones y coadyuven a la inclusión social.

La idoneidad del control inmediato de legalidad para la protección de poblaciones vulnerables en el marco de estados de excepción

A raíz de la pandemia causada por el COVID-19, ha surgido un fenómeno en materia de regularización de situaciones migratorias, específicamente en materia de expedición de los salvoconductos de permanencia (en adelante, salvoconducto SC2). Esto, debido a que con la expedición de la Resolución 1006 de 2020 se suspendió la emisión de salvoconductos SC2 por parte de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, lo que se convirtió en un impedimento parael acceso a la salud, puesto que en la legislación interna colombiana no está contemplada la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud con una constancia de salvoconducto SC2. De esta manera, por las decisiones tomadas por el Gobierno nacional, se ha generado una barrera administrativa para que la población solicitante de refugio pueda acceder a sus derechos fundamentales, puntualmente el derecho a la salud. Teniendo el cuenta lo mencionado, evidenciamos que a través de la figura administrativa del control inmediato de legalidad se puede lograr la protección de diversos derechos fundamentales de la población con necesidad de protección internacional que se encuentra en situación de vulnerabilidad por su contexto de movilización, como resultado del impedimento de la emisión de salvoconducto SC2, a raíz de la emergencia sanitaria, económica y social causada por el COVID-19. En este sentido, el control inmediato de legalidad es una herramienta de vigilancia ciudadana que permite considerar los efectos reales y materiales de una norma que es en principio legítima, pero que el Consejo de Estado no puede percibir a simple vista. Adicionalmente, es un límite a las funciones del Estado y de la Administración durante la vigencia del estado de excepción, que permite proteger poblaciones vulnerables, debido a que estos grupos históricamente se han visto relegados y perjudicados en la toma de decisiones, y más aun en la adopción de medidas durante los estados de excepción.

Repensar la praxis sociojurídica a propósito de la emergencia sanitaria, social y económica por COVID-19

Este documento procura reflexionar críticamente sobre el papel de la educación jurídica alternativa como piedra angular del método clínico. A partir de una breve lectura contextual del fenómeno global del COVID-19 y de sus impactos a nivel nacional, se devela la incapacidad real del estado social de derecho para extender la justicia social por todo el corpus popular. En particular, esta aseveración confirma la necesidad de descolonizar el derecho como campo reproductor de la colonialidad del ser, del saber y del poder. La metodología de este trabajo es la siguiente. Primero, se propone como antesala de la discusión una invitación a superar las lecturas legalocéntricas o tradicionalistas del derecho, que no se han cuestionado críticamente la función reproductora de la crisis de justicia social por parte del Estado moderno/colonial/capitalista. La categoría vertebradora de pueblo oculto permite entender que la discriminación y la exclusión social hoy agravadas por el COVID-19 están atravesadas por los derroteros del racismo implantado por la colonialidad. Estas dos últimas categorías vertebradoras (racismo y colonialidad) se constituyen como pilares explicativos del fenómeno del doble estado de excepción que emerge en las zonas periféricas del país. A partir de este escenario, se intenta esclarecer la importancia del método clínico sociojurídico y los objetivos fundamentales de su implementación desde un punto de vista integral, social y solidario. Se trata, por tanto, de plantear como horizonte la necesidad de repensar la metodología clínica, a partir de la integración de saberes otros que enriquezcan la educación jurídica en contexto y que permitan usar las tradicionales herramientas del derecho de interés público como insumos de lucha contrahegemónica, capaces de fracturar a nivel estructural la matriz de la colonialidad.