El proceso cautelar como situación jurídica

La presente investigación tuvo como propósito examinar las incidencias de la diversidad de concepciones aplicables según el desenvolvimiento propio del proceso civil y del proceso cautelar en Venezuela. Para el análisis del fenómeno se emplearon normas adjetivas de carácter civil, nacionales y extranjeras, así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), posturas doctrinales y criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Justicia. Esta investigación tuvo un diseño documental, empleando el método dialéctico para la interpretación del fenómeno. Se concluyó que la naturaleza jurídica del proceso cautelar se circunscribe a la teoría del mismo como una situación jurídica dinámica.

La Administración Pública chilena ante una nueva Constitución

Este trabajo examina las líneas de continuidad de la Administración Pública chilena en las Constituciones de 1833, 1925 y 1980, entre las que está el presidencialismo, la rigidez institucional, la pretensión de un empleo público basado en el mérito y el centralismo, para luego analizar tres intentos fallidos de innovación en este ámbito: la descentralización territorial, la creación de una jurisdicción contencioso-administrativa especializada y la profesionalización del empleo público. A la luz de lo anterior formula algunas recomendaciones para el proceso constituyente en curso.

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 1/2019

La sentencia que resuelve el recuso de casación interpuesto por el abogado del Estado en representación de la Administración General del Estado contra la decisión de la Audiencia Nacional, por la que se procedía a anular una resolución sancionadora de la CNC, desestima el mismo y, a su vez, sienta doctrina acerca dos cuestiones. La primera consiste en determinar el alcance y extensión del control jurisdiccional sobre las apreciaciones económicas complejas que puede llevar a cabo un órgano regulador de un sector haciendo uso del margen de apreciación de que dispone en base al ámbito de sus competencias; la segunda, en determinar si la delimitación del mercado relevante que había hecho la CNC para sancionar a Vodafone podía vulnerar el art. 2 LDC y la jurisprudencia comunitaria.

El control de constitucionalidad del estado de alarma

El 14 de julio de 2021 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunas de las disposiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. La sentencia basa su argumentación en que dichas restricciones constituían una suspensión de la libertad de circulación y no una mera limitación. Esto las hacía incompatibles con el art. 55 CE que establece que la suspensión de determinados derechos solo puede darse bajo los estados de excepción y sitio. La resolución ha suscitado un debate doctrinal que incide sobre la interpretación del derecho de excepción y el papel de las instituciones.

Las tensiones de la justicia constitucional con el legislador y el juez ordinario

El artículo trata sobre la jurisdicción constitucional que realiza el Tribunal Constitucional de Chile, en el sentido restringido del control de constitucionalidad de las normas infraconstitucionales, con miras a analizar los aspectos controvertidos de sus relaciones con el legislador y la jurisdicción ordinaria. En el estudio de estos aspectos se plantean las cuestiones de diseño o práctica constitucional que han generado críticas y tensiones interorgánicas; se presentan ideas y propuestas para el debate constituyente en curso, se examinan la doctrina constitucional chilena y comparada, así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Segunda frustración de las víctimas del conflicto colombiano buscando justicia

Para mediados de 2020 la Justicia Especial para la Paz, el régimen de justicia transicional pactado entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Colombia en el 2016, tenía decidido dictar su primera sentencia sobre los secuestros cometidos por este grupo. Esto se frustró porque se convirtió en un escándalo al que los exlíderes guerrilleros negaran desde el 2019 los detalles de este crimen, adujeran que los mismos habían sido retenciones y que, además, no había existido reclutamiento de menores. El mismo patrón de no reconocer su responsabilidad fue usado por generales del ejército con respecto a los “falsos positivos” (ejecuciones extrajudiciales de personas presentadas como producto de un combate). El hecho de que la JEP no procediera a abrir los incidentes de incumplimiento tal como se había pactado, pasados dos años desde rendidas estas versiones, ha afectado a su credibilidad. Mientras que nuevos ejércitos irregulares están tomando el control de diferentes zonas del país dominadas antes por las FARC, las víctimas reclaman a la JEP que aplique el régimen previsto para quienes violen el compromiso de contar la verdad completa, exhaustiva y detallada a cambio de no tener pena de cárcel. Desde una perspectiva socio-jurídica, se indaga sobre las razones por las que la JEP adoptó una estrategia “dialógica” en contravía del Acto Legislativo 01 de 2017, mediante el cual, ese compromiso se elevó a rango constitucional y por qué se niega a atender el reclamo legítimo de las víctimas.

Crónica inacabada del proceso constituyente chileno

Actualmente en la República de Chile se está produciendo un proceso constituyente sin precedentes. En este contexto de pandemia se ha escogido democráticamente una asamblea constituyente con representación equitativa de mujeres y hombres y con unos escaños reservados para miembros de los pueblos originarios de Chile. Esta Convención Constituyente tiene el mandato específico de elaborar y votar la nueva constitución para el país que posteriormente se someterá a plebiscito. La historia constitucional de Chile es muy extensa y el camino hasta este momento ha sido largo. Desde la promulgación de la Constitución Política de la República de Chile en 1980, durante la dictadura militar de Pinochet, hasta la actualidad ha sido reformada en cincuenta y dos ocasiones. En este artículo se realiza una crónica de lo acontecido hasta el momento y se analiza el concepto de proceso constituyente, el órgano encargado y, por último, cómo repercutirá esto en los derechos de sus ciudadanos.

Artificial Intelligence and the Green Transition for 2030

The United Nations have developed the 2030 Agenda for Sustainable Development as a global agreement aiming to eradicate extreme poverty, fight inequality and injustice and leave no one behind. Agreed by world leaders at the UN in 2015, the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) succeed the well-known Millennium Development Goals (MDGs). Parts of the Goals directly address environmental issues. Other do indirectly. In response to this growing awareness, the European Union has enacted a number of policies targeting environmental issues, including lowering carbon emissions and water conservation. It can be argued that the EU is at the forefront of addressing the environmental issues outlined in the SDGs. These policies are mentioned in this Paper and they are to be considered strategic. Artificial Intelligence has been having an impact in human activities for decades. Lately the impact is happening exponentially. The European Union is aware of such a fact and it implements policies towards increasing innovation in the public and private sector, including funding programmes and instruments to foster business development and efficiency in the Union and in the Member States. AI is also capable of having a profound impact in the environmental issues that the Agenda 2030 is bringing.

El derecho a la vivienda en la nueva Constitución de Chile

Chile está escribiendo una nueva Constitución con el objeto de generar un pacto social y político que organice y distribuya el poder económico y político de una manera más justa, y que garantice los derechos de todas las personas y comunidades en igualdad de condiciones. El objetivo de este ensayo es ofrecer un análisis del derecho a una vivienda adecuada en el contexto del proceso constituyente en Chile, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y de la experiencia constitucional comparada. Los elementos y principios que recogemos de ambas experiencias tienen el potencial de guiar la discusión constitucional en el contexto del apartheid urbano que experimenta el país.

La educación de género y diversidad sexual, ¿imposición ideológica u obligación constitucional?

La educación de género y diversidad sexual en el sistema educativo español es un asunto controvertido y politizado, que tiene lugar solo en determinadas comunidades autónomas a través del desarrollo de leyes autonómicas. En este artículo se trata de dilucidar si la educación en dicha materia constituye una obligación constitucional y no una imposición ideológica o adoctrinamiento por parte de los poderes públicos. En primer lugar, se realiza un análisis del principio de autodeterminación extendido a la identidad de género y la orientación sexual. Secundariamente, se estudia el alcance de la vertiente prestacional del derecho a la educación y su finalidad en contraposición a la libertad de enseñanza. Concretamente, se analizan los resultados de dicha interacción, el principio de neutralidad del Estado en la actividad educativa y la extensión de la objeción de conciencia de los padres. Asimismo, se establece la analogía con la obligatoriedad de la asignatura de Educación para la ciudadanía a través de la proposición de un modelo educativo nacional en materia de identidad de género y orientación sexual basado en las leyes autonómicas existentes. Finalmente, se concluye que la educación de género y diversidad sexual constituye una obligación constitucional que implica una modificación de la programación general de la enseñanza.