scholarly journals Delincuencia socioeconómica y daño social. Perspectivas político-criminales para un contexto poscrisis

2020 ◽  
Vol 40 ◽  
Author(s):  
David Castro Liñares ◽  
Dyango Bonsignore Fouquet

El daño social es un concepto que ha acompañado al Derecho penal desde sus primeras enunciaciones Modernas. Sin embargo, tratar delito y daño social como nociones diferenciadas ha evidenciado una brecha conceptual de gran calado. Esto, unido a la existencia de asentadas inercias que sobre/infra representan a determinados colectivos, en el límite, puede llegar a situar al Derecho penal ante una crisis de legitimidad. Todo esto se muestra con especial claridad en el ámbito de la delincuencia socioeconómica, que ha adquirido especial relevancia a partir de la Gran Recesión iniciada en 2008. La necesidad de adaptar el sistema penal a las nuevas realidades sociales ha propiciado la formulación de propuestas pensadas desde la dicotomía global/local. En este mismo contexto, las posibilidades que ofrece la formulación de una política criminal imaginativa pueden resultar fructíferas frente a los desafíos que plantea el actual contexto post-crisis.

2019 ◽  
Vol 10 (18) ◽  
Author(s):  
Ana Elisa Liberatore S. Bechara

el artículo trae un análisis crítico sobre la política criminal represiva y simbólica de control de la corrupción pública en Brasil y sus consecuencias al sistema penal democrático.


2016 ◽  
Vol 2 (21) ◽  
Author(s):  
John Jairo Castro C.

La incorporación del principio de oportunidad en el proceso penal, es una característica innovadora en la aplicación de la política criminal de nuestro Estado, entendido este como una facultad que le permite a la Fiscalía General de la Nación suspender, interrumpir o reanudar la persecución penal. Dicha oportunidad debe ser sometida ante el juez de garantías para que haga el control de legalidad. No es una facultad absoluta, pues la Fiscalía debe tener en cuenta la política criminal y las causales definidas en la ley para su aplicación. Es por eso que el presente trabajo busca aclarar inquietudes que se generan en esta materia, haciendo un estudio de la política criminal general y la de nuestro Estado, para luego poder determinar en qué casos se puede predicar su aplicación teniendo en cuenta que esta debe ir enfocada a evitar la imposición de penas innecesarias y orientar los mecanismos de administración de justicia para la investigación de conductas más lesivas.Al respecto es importante tener en cuenta si con la inclusión de este principio en nuestro ordenamiento, se generan verdaderas garantías de aplicación de justicia, y si de esta manera el derecho penal, como instrumento sancionador del Estado, responde de manera eficaz a una sociedad con problemáticas evidentemente graves que necesitan respuestas que generen soluciones y establezcan bases de justicia humana.


Author(s):  
Hamed Aryanfar ◽  
Ghobad Kazemi ◽  
Mohammad Javad Jaafari.

La política criminal ha sido interpretada como un conjunto de prácticas con las que una junta comunitaria responde a un fenómeno criminal, y el sistema involucrado se define de esa manera. La prevención de delitos y violaciones deportivas puede ser una de las formas apropiadas de combatir las anormalidades en el deporte. La prevención social, que es basada en la educación, puede ser efectiva en este sentido. Esto no significa la falta de leyes y reglamentos, sino la falta de una perspectiva para este problema. La ética en el deporte es el objeto que falta en la política penal legislativa de Irán. La ausencia de un derecho penal legislativo coherente en relación con los crímenes y violaciones en el campo del deporte y la falta de un plan para mejorar la situación son evidentes.


2019 ◽  
Vol 15 (93) ◽  
pp. 11-49
Author(s):  
Juan Terradillos Basoco

La corrupción pública, sobre todo en forma de “gran corrupción”, participa de los caracteres de la criminalidad económica organizada. Por tanto, la política criminal frente a los delitos de corrupción debe inicialmente promover las reformas de derecho penal y procesal tendentes a prevenir las conductas de funcionarios corruptos y de particulares corruptores. Pero debe también implementar políticas de amplio alcance tendentes a neutralizar los factores criminógenos (pro-corrupción) integrados en el sistema de economía globalizada.


2021 ◽  
Vol 3 (3) ◽  
pp. 35-61
Author(s):  
Gabriel Fernández García

Este trabajo analiza en clave jurídica y político-criminal los delitos de terrorismo que en la legislación española inciden en el discurso y la radicalización terroristas, cuya expansión e intensificación ha sido notoria en las últimas reformas nacionales, con la finalidad de valorar su posible eficacia preventiva y los efectos que su aplicación produce. Para ello, se emplea el método axiológico, conjugando los principios y valores que integran la base del sistema jurídico vigente con la problemática social a la que se busca dar respuesta normativa. Sumaremos a este método la perspectiva de un análisis crítico y comparativo de base criminológica. En consecuencia, partiremos de los elementos que caracterizan y singularizan empíricamente al terrorismo, para después analizar si la norma penal española se ajusta al elemento de realidad sobre el que se aplica. Llegados a este punto, abordamos la configuración de los delitos considerados como contra-discursivos del terrorismo, concluyendo que su eficacia preventiva es muy limitada, al generar su aplicación más polarización ideológica y radicalización, además de someter a castigo conductas alejadas materialmente de un concepto estricto de terrorismo a nivel criminológico. Por todo ello, se recomienda replantear la sobredimensión que ha alcanzado la norma punitiva española en materia de terrorismo, poniendo en valor los efectos positivos de una política criminal transversal basada en estudios de rigor empírico sobre la entidad de las amenazas, que vierta respuestas proporcionadas y auténticamente preventivas, así como respete el sistema constitucional en el que son concebidas.


Justicia ◽  
2015 ◽  
Vol 20 (27) ◽  
pp. 42-72
Author(s):  
Harold Vega Arrieta

Resumen Un fenómeno complejo y sistematico como lo es el delito, presenta en cada uno de los escenarios que lo componen una serie de problemas jurídicos que tiene repercusiones en la libertad del ciudadano. Es por ello que resulta me- nesteroso precisar cuál es la postura político criminal del Estado colombiano a cada una de esas preguntas problema. Necesitandose por ende, inferir cuales son las soluciones dogmaticas contenidas en la Ley 599 de 2000 producto de esa política criminal. Entendiéndose que al determinar esa necesidad de construir un marco teórico como cierto, se reitera de inmediato lo ya sabido: que el Derecho Penal como ciencia, es decir como dogmatica, al igual que la prueba son herramientas imprescindibles en un proceso penal.


Author(s):  
Ana Expósito López

El tráfico de drogas constituye un problema social, político y económico. Las prohibiciones y el endurecimiento de las penas se muestran inútiles, existe una huída hacía el derecho penal como política criminal más aparente que otra cosa, si se tiene en cuenta que en corto espacio de tiempo el Código Penal ha sufrido dos reformas sustanciales en materia de drogas, ampliando la materia de lo punible e incrementando las penas, introduciendo tímidas, medidas correctoras no del todo satisfactorias. El endurecimiento penal y policial presenta problemas importantes cuando se trata de organizaciones criminales, que excepcionalmente, muy de cuando en cuando caen en las redes de la justicia. En consecuencia hay que seguir llamando la atención sobre unos hechos preocupantes, por un lado el costo económico que supone mantener un sistema judicial que atribuye una gran dedicación a este tipo de delincuencia, así como todos los temas relacionados o derivados directamente de ella, los tribunales son auténticas narcosalas, la policía y el sistema penitenciario derrochan esfuerzos, unos a investigar y otros a custodiar y hacer cumplir las sanciones, por otro lado se puede discutir si es una cuestión de demanda o de oferta de la droga, pero lo que es cierto es que la prohibición empeora las cosas. Por estas razones, los movimientos que propugnan la despenalización y liberalización de la droga, están admitidos y medianamente regulados.Drug trafficking is a social, political and economic problem. The prohibitions and the toughening of sentences are useless, there is a flight towards criminal law such as criminal policy more apparent than anything else, this conclusions is easily deductible if one takes into account that in short time, the criminal code has suffered two substantial reforms on drugs, extending the subject of the crime and increasing the penalties, by introducing shy when not unsatisfactory, corrective measures. The toughening criminal and police present major problems when it comes to criminal organizations, exceptionally, from time to time falling in networks of justice. We must therefore continue to call attention to some disturbing facts, on the one hand the economic cost that implies maintaining a judicial system that attributes a great dedication to this type of crime, a well as all the topics related or derived directly from it, the courts are genuine piloting, the police and the penitentiary system wasted efforts, one to investigate and others to monitor and enforce sanctionson the other hand it is debatable if it is a matter of demand or supply of drugs, but what is certain is that prohibition worsens things. For this reason movements calling for the decriminalization and liberalization of drugs, are admitted and moderately regulated


2016 ◽  
Vol 4 (6) ◽  
Author(s):  
Juana del Carpio Delgado (Universidad Pablo Olavide – Sevilla)

Un reciente cambio legislativo producido en España incorporó el delito de blanqueo de capitales acci- ones no tipificadas antes, ampliando su descripción típica. Estos cambios son el producto de la expansión que se produce en el derecho penal de hoy y hay problemas derivados de esta expansión que necesitan ser tratados, tanto en el ámbito de aplicación de los principios penales cuanto en la política criminal. 


2008 ◽  
Vol 6 ◽  
pp. 1-31
Author(s):  
José Cid Moliné

En 2003-2004 el Grupo de Estudios de Política Criminal elaboró un proyecto de reforma del sistema de penas y de su ejecución. La propuesta de este grupo de orientación progresista –integrado por profesores/as de derecho penal y jueces/zaspartía de un diagnóstico negativo del sistema punitivo en España, al que se culpaba del incremento de la tasa de encarcelamiento a partir de la implementación del Código Penal de 1995. En este artículo se exploran las razones del incremento de la población penitenciaria entre 1996-2006, se analiza la capacidad del proyecto reduccionista presentado por este grupo de invertir la tendencia y se discuten posibles objeciones a esta propuesta político-criminal.


2020 ◽  
pp. 23-39
Author(s):  
DIEGO HERNÁN GOLDMAN
Keyword(s):  

El objetivo del sistema penal en un Estado de Derecho no es reemplazar la venganza privada, sino prevenir el delito. Sin embargo, esa prevención también debe estar sujeta a principios de racionalidad y proporcionalidad y no puede perseguirse a cualquier precio, dado que en ocasiones el sistema penal puede resultar para la sociedad más costoso que el delito mismo. El análisis económico del derecho brinda herramientas para procurar un sistema penal que contribuya a la maximización del bienestar de la sociedad, optimizando la utilización de los distintos tipos de pena como mecanismo de prevencióndel delito. En este trabajo efectuaremos un repaso en relación a la aplicación del análisis económico al derecho penal, con especial hincapié en los delitos económicos.


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