Inversión pública en el desarrollo del Capital Mental. Primera medición
Partiendo de un concepto innovador de gasto social definido como capital mental, se intentará realizar la primera medición del gasto en inversión en capital mental, en este caso para la Provincia de Buenos Aires, durante el período comprendido entre 2013 y 2016. El gasto en inversión en capital mental es un concepto nuevo que surgió en Inglaterra en 2008, y se lo define como la totalidad de recursos cognitivos, emocionales y sociales con los que una persona cuenta para desenvolverse en la sociedad, adaptarse al entorno e interactuar con los demás y con el medio ambiente. Este conjunto de recursos incluye habilidades cognitivas (la atención, la memoria y el lenguaje), emocionales y sociales (la capacidad para reconocer y controlar las emociones, la empatía, las estrategias de afrontamiento), la capacidad de aprendizaje de manera flexible y eficiente y la resiliencia frente a situaciones de estrés, entre otros. Como el capital mental representa una constelación amplia de recursos que las personas pueden desarrollar durante toda su vida, el cuidado del mismo excede naturalmente el área de competencia de una jurisdicción determinada. De allí, la importancia de garantizar un enfoque intra e intergubernamental que conecte no sólo a los distintos ministerios entre sí, sino también a los gobiernos locales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Dos ejemplos ilustran la importancia de articular actores e intereses para adoptar y escalar hallazgos científicos que impactan directamente sobre el capital mental. En educación, la intervención temprana está asociada a menores niveles de participación en actos de violencia futuros, mejoras en la productividad laboral, mayores ingresos económicos, menor tolerancia a la corrupción, menor mortalidad materno-infantil y mayor equidad de género, entre otros. La amplitud y profundidad del impacto de las intervenciones educativas necesariamente supera la capacidad y alcance de un Ministerio o dependencia pública equivalente. De manera similar, en materia de salud la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo en 1948 que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Más recientemente, la caracterizó como el emergente de una serie de factores que interactúan entre sí y cuyo desbalance o incumplimiento genera malestar o enfermedad. Estos componentes incluyen el estado de adaptación al medio (biológico y sociocultural), el estado fisiológico de equilibrio, el equilibrio entre la forma y la función del organismo (alimentación), y la perspectiva biológica y social (relaciones familiares, hábitos). Por ello, al sostener que “la salud es parte de la responsabilidad de los gobiernos”, la OMS interpela a un amplio conjunto de actores estatales y de la sociedad civil por fuera de lo estrictamente sanitario. Ambas temáticas -la educación y la salud- ilustran por qué el diseño de políticas basadas en evidencia requerirá cambios significativos en la naturaleza compartimentada de la administración pública y la gestión de gobierno. En los últimos años, esta conceptualización transversal del desarrollo humano se materializó en la visión trazada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre los que se encuentran terminar con el hambre y la pobreza en todas sus formas, garantizar la seguridad alimentaria y una nutrición mejorada, promover la salud y el bienestar mental y garantizar el acceso a educación de calidad y a la educación superior. Al ratificar su adhesión a la Agenda 2030, el Estado Argentino se comprometió a abordar aspectos cruciales para el desarrollo del capital mental en materia de educación, vivienda, seguridad alimentaria, provisión de servicios básicos, desarrollo urbano, protección social y gestión del riesgo. Esta agenda de cambio interpela a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ya que sus intervenciones tienen un impacto directo sobre la calidad de vida de la ciudadanía y su participación activa resulta imprescindible para alcanzar las 169 Metas propuestas para el año 2030. En el ámbito científico, la investigación transdisciplinaria será fundamental para determinar cuáles son las condiciones óptimas para el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales.
