En el año 2012, fue autorizada la siembra de soya genéticamente modificada a escala comercial en comunidades mayas del Estado de Campeche, México. A este hecho se opusieron organizaciones indígenas mediante la vía legal -amparo-, obteniendo, luego de tres años, un fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero aún no definitivo, ya que la máxima instancia condicionó la siembra de soya genéticamente modificada a la realización de una consulta en las comunidades afectadas.Las primeras convocatorias de dicha consulta se realizaron desde el 31 de marzo de 2016.De acuerdo con el protocolo presentado por las autoridades encargadas de la organización y puesta en marcha del proceso de consulta, el mismo constará de cinco fases. Hasta el 23 de septiembre de 2017, se han realizado cinco sesiones que corresponden apenas a la primera fase del proceso de la consulta, que es la de acuerdos previos.Debido a que esta figura de la consulta es relativamente nueva en México, y a la marcada y tradicional relación asimétrica que existe entre autoridades oficiales y comunidades indígenas, el proceso al que se hace referencia se ha visto entorpecido debido a que las primeras están acostumbradas a imponer condiciones y las segundas están decididas a defender sus derechos.De esta manera, el tema principal del presente trabajo es mostrar el desarrollo, por demás irregular, de este proceso de consulta.