ResumenEn Costa Rica, durante el siglo XX, tanto la ordenación territorial como las políticas ambientales y sus respectivos instrumentos de implementación resultaron ineficientes o insuficientes para evitar, o cuando menos reducir, los impactos negativos que generan, sobre el ambiente, las diversas actividades desarrolladas por el ser humano. Sin embargo, durante las últimas dos décadas -principalmente, a partir de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, en 1994, que consagró el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado- encontramos esfuerzos legislativos, administrativos y comunitarios, encausados a lograr una adecuada armonía entre las actividades humanas, la protección del ambiente y el crecimiento ordenado de las ciudades. Sin lugar a dudas, el elemento ambiental ha adquirido una creciente relevancia en el país, a lo largo de los últimos veinte años, que se ha visto reflejadaen la promulgación de leyes y reglamentos, que buscan tanto consagrar la protección ambiental, como suplir la ausencia, ya se directa o indirectamente, de normas jurídicas de naturaleza urbanística.Determinar con mayor precisión, desde la perspectiva jurídica, la incidencia del elemento ambiental en la ordenación territorial y la planificación urbana, a través de las acotadas normas y a su vez, de las políticas públicas y sus instrumentos de implementación, se convierte en el objetivo del presente artículo; buscando, a su vez, ofrecer un análisis sobre las resoluciones, tanto adminstrativas como judiciales, que permita identificar sus alcances y afectación -positiva o no- sobre las Administraciones Públicas y los ciudadanos. Lo anterior, con la finalidad de reconocer sus efectos y definir, de cara al futuro, cuáles aspectos se pueden y deben mejorar, en aras de lograr la consecución de una cohesión socioeconómica y un desarrollo sostenible pleno, que repercuta en una mejor calidad de vida para la población costarricense. AbstractDuring the twentieth century in Costa Rica, spatial planning and environmental policies, as well as their implementation tools, proved they have been inefficient or insufficient to avoid, or at least, to reduce, the negative impacts produced over the environment by the multiple activities developed by humans. However, during the past two decades -mainly, since article 50 of the Constitution was modified in 1994, enabling the right to enjoy an ecologically balanced and wholesome environment- we can find legislative, administrative and communitarian efforts, looking forward to an adequate harmony amid human activities, environmental protection and cities organized development. Without a doubt, the environmental factor has acquired an increasing relevance in the country during the last twenty years. This has been materialized by the enactment of laws and bylaws, trying to achieve not only environmental protection, but also support - direct or indirectly - the absence of urbanistic laws and regulations.To determine with accurate precision, from a legal perspective, the incidence of the environmental factor in spatial and urban planning, through the mentioned laws and bylaws, the public policies and their implementation tools, is the purpose of this paper; and also, to offer an analysis about the administrative and judicial decisions, that may allow the identification of the results - positive or not- over the Public Administrations and the citizens. The later, with the aim to recognize their effects, and define towards the future, which bearings may and must be improved. This in order to conquer a social economic cohesion and a plain sustainable development that will positively affect citizens’ quality of life.
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