scholarly journals El control de constitucionalidad de las reformas constitucionales : ¿un oximorón constitucional? : comentario al ATC 9/2012

Author(s):  
Ignacio Villaverde Menéndez

En este artículo su autor analiza el ATC 9/2012 que inadmitió a trámite el recurso de amparo interpuesto por varios parlamentarios contra las resoluciones y acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados que dieron trámite a la proposición de reforma del artículo 135 CE. El autor sostiene que, dado que la Constitución española no posee cláusulas de intangibilidad, e incluso existiendo, al Tribunal Constitucional tan sólo le es posible juzgar la conformidad constitucional de los actos parlamentarios de elaboración de la reforma constitucional con lo dispuesto en el artículo 23.2 CE; aunque la hipotética declaración de nulidad de dichos actos por vulneración de dicho artículo no se extendería a la reforma misma. Señala también el autor que el Tribunal Constitucional debió admitir a trámite el recurso de amparo y resolverlo mediante Sentencia.In this article the author analyses ATC 9/2012 that refuse to process the application for liberties warrant lodged by several parliamentarians against the resolutions and agreements of the Bureau of the Chamber of Deputies which gave the reform of article 135 EC proposal pending. The author argues that, because the Spanish Constitution does not have clauses of intangibility, and even exist, the Constitutional Court it is just possible constitutional conformy of parliamentary acts of preparation of constitutional reform pursuant to article 23(2) EC. Although a hypothetical Declaration of invalidity of such acts for infringement of that article would not extend to the reform. Also notes the author that the Constitutional Court was admissible the demand and resolve it by a judgment.

Author(s):  
Miguel Ángel Alegre Martínez

<p>El escaso uso de los mecanismos de reforma constitucional ha hecho recaer sobre el Tribunal Constitucional, casi en exclusiva, la tarea de actualizar la Constitución española de 1978, a través de la interpretación evolutiva de la misma. En este trabajo, nos ocupamos, por una parte, de las dificultades a las que el Tribunal Constitucional ha tenido que enfrentarse en el desempeño de sus funciones; y, por otra, en el mayor o menor acierto en el ejercicio de las mismas. Reflexionamos sobre la delicada posición del Tribunal Constitucional, situado en el límite entre interpretar la voluntad del poder constituyente y sustituirla; así como en la frontera entre el activismo y la autocontención. Intentamos establecer la incidencia de algunas de sus decisiones sobre los problemas que afectan actualmente a nuestro sistema constitucional, en especial al Estado de las Autonomías.</p><p> </p><p>The limited use of the mechanisms of constitutional reform has made to rest on the Constitutional Court, almost exclusively, the task of updating the Spanish Constitution of 1978, through its evolutive interpretation. In this paper, we attend to, on the one hand, the difficulties to which the Constitutional Court has had to face in the development of its functions; and, on the other hand, the greater or lesser success in the exercise of the same. We reflect about the delicate position of the Constitutional Court, located on the border between interpreting the will of the constituent power or replace it; as well as on the border between activism or self-restraint. We are trying to establish the incidence of some of its decisions on the problems that currently affect our constitutional system, in particular to the State of Autonomies.</p>


Author(s):  
José Antonio Sanz Moreno

La doctrina del Tribunal constitucional rechaza, para nuestro ordenamiento jurídico, el concepto de «democracia militante » y predica un procedimiento de reforma de la Constitución no sujeto a ningún límite material. Con ello el Estado constitucional y democrático se coloca ante uno de sus más peligrosos dilemas: modelo meramente formal o democracia axiológica y finalista. Sin embargo, la interpretación sistemática y teleológica de la Constitución puede permitir una mejor defensa de la ciudadanía y de su democracia.The jurisprudence of the Constitutional Court in Spanish Juridical Order rejects the concept of «militant democracy» and presents a procedure of constitutional reform without any material limit. A dangerous dilemma exists for the Constitutional Democratic State; a choice between a merely formal model and an axiological finalist democracy. However, a systematic and teleological interpretation of the Constitution could improve the defence of citizenship and democracy.


2017 ◽  
Vol 1 (100) ◽  
pp. 849
Author(s):  
Miguel Agudo Zamora

Resumen:Este trabajo analiza la situación en el modelo constitucional español del principio de no regresividad de los derechos sociales. Se parte del análisis sucinto del modelo social de nuestra Constitución lo que implica el reconocimiento de derechos económicos y sociales. Este reconocimiento es la plasmación constitucional de los principios de solidaridad y de cohesión social. El principio de cohesión social ha sido definido por el Consejo de Europa e incluido explícitamente en los tratados constitutivos de la Unión Europea. La necesidad de lograr la cohesión social fundamenta la inclusión en las Constituciones y en los tratados internacionales del principio de no regresividad de los derechos sociales. En la Constitución española de 1978 este principio no se incluye expresamente. La no inclusión en la Constitución de este principio supone un peligro para la cohesión social en tiempos de crisis económica. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha sentado una doctrina ambigua sobre este asunto, que ha sido analizada en este trabajo, así como las más significativas aportaciones doctrinales sobre la materia. Para saber cuáles son los limites de la regresividad de los derechos sociales que dotan de contenido este principio se ha realizado una comparativa internacional y de los principios constitucionales. Del estudio del ordenamiento internacional y de los valores y principios constitucionales se ha obtenido una serie de límites a la regresividad del contenido, eficacia y protección de los derechos sociales. Concluye este trabajo sugiriendo una propuesta de reforma constitucional que incluya el principio de no regresividad de los derechos sociales en el texto constitucional estableciendo una serie de requisitos de aquellas medidas que puedan suponer una regresión de contenido de los mismos tales como que deberán justificarse plenamente en referencia a la totalidad de los derechos, valores y principios recogidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el Estado español y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga; se aplicarán tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles; tendrán en todo caso carácter temporal hasta que las circunstancias económicas permitan restablecer el ámbito material de contenido, eficacia, protección y garantía prexistente de los derechos sociales afectados; en todo caso respetarán el contenido mínimo esencial de los derechos sociales como manifestación de la dignidad humana; serán razonables y estarán suficientemente motivadas; no vulnerarán, entre otros, los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, no discriminación e irretroactividad de disposiciones restrictivas de derechos individuales, serán proporcionadas y respetarán los principios de solidaridad, cohesión y sostenibilidad social. Summary1. State, solidarity and social cohesion. 2. Doctrinal and jurisprudential notes on the principle of non-regressivity of social rights. 3. Limits to the regressivity of social rights. a) Limits derived from international law. b) Limits derived from dignity as essential content of social rights. c) Limits derived from the prohibition of arbitrariness: the need for sufficient motivation. 4. Conclusion: constitutionalamendment and non-regressivity of social rights.Abstract:This paper analyzes the constitutional recognition of the principle of non-regressivity of social rights in Spain. It starts from the succinct analysis of the social model of our Constitution which implies the recognition of economic and social rights. This recognition is the constitutionalization of the principles of solidarity and social cohesion. The principle of social cohesion has been defined by the Council of Europe and explicitly included in the constitutive treaties of the European Union. The need to achieve social cohesion underpins the inclusion in the Constitutions and international treaties of the principle of non-regression of social rights. In the Spanish Constitution of 1978 this principle is not expressly included. The non-inclusion in the Constitution of this principle poses a danger to social cohesion in times of economic crisis. For its part, the Constitutional Court has established an ambiguous doctrine on this subject, which has been analyzed in this work, as well as the most significant doctrinal contributions on the subject. In order to know which are the limits of the regressivity of the social rights that give content of this principle an international comparison has been made as well as a study of constitutional principles. Limits to the regressivity of content, effectiveness and protection of social rights have been obtained from the study of international order and constitutional values and principles. This paper concludes by suggesting a proposal for constitutional amendment that includes the principle of non-regressivity of social rights in the Spanish Constitution establishing some requirements of those measures that imply a regression of their content such as: they shall be fully justified in relationship with all the rights, values and principles contained in the Constitution and in the international treaties signed by the Spanish State and in the context of full exploitation of the maximum resources available; Shall be applied after a more comprehensive examination of all possible alternatives; Shall in any case be of a temporary nature until the economic circumstances permit the restoration of the content, effectiveness, protection and pre-existing guarantee of the social rights affected; In any case they will respect the essential minimum content of social rights as a manifestation of human dignity; Shall be reasonable and sufficiently motivated; Shall not infringe, inter alia, the principles of legal certainty, legitimate expectations, non-discrimination and non-retroactivity of provisions restricting individual rights; Shall be proportionate and shall respect the principles of solidarity, cohesion and social sustainability.


2017 ◽  
Vol 1 (100) ◽  
pp. 639 ◽  
Author(s):  
Artemi Rallo Lombarte

Resumen:La referencia a la informática en la Constitución de 1978 reconoció trascendencia constitucional a la necesidad de protección del individuo frente a los riegos derivados de los avances tecnológicos. Cuatro décadas después, la sociedad contemporánea afronta el reto de constitucionalizar nuevos derechos digitales. En España, sendas leyes (LORTAD y LOPD) desarrollaron el precepto constitucional que consagra la garantía de los derechos frente al uso de la informática. Para preservar a los individuos frente a los riesgos y amenazas de latecnología, el Tribunal Constitución dedujo del artículo 18.4 CE un derecho fundamental autónomo a la protección de datos personales. Las leyes españolas de protección de datos son el resultado de la obligación de cumplir compromisos internacionales (Convenio 108 del Consejo de Europa de 1981) y europeos (Directiva 95/46, artículo 8 de la CDFUE 41 y Reglamento UE 2016/679). Sin embargo, el reconocimiento constitucional o europeo, legal o constitucional, del derecho fundamental a la protección de datos no agota la necesidad de establecer un nuevo marco de protección de los ciudadanos en la era digitalen el que se reconozcan nuevos derechos digitales.SummaryI. Introduction. II. The misleading constitutionalization of «computing ». III. Convention 108 of the council of europe (1981). IV. Data protection right as an autonomous fundamental right. V. LORTAD (1992), LOPD (1999) and its reform. VI. The europeanization of data protection right: Directive 95/46, art. 8 CDFUE and regulation EU 2016/679. VII. Towards the constitutionalization of new digital rights.Abstract:The reference to computing in the Spanish Constitution (1978) recognized constitutional significance to the need for protection against the technological risks. Four decades later, the contemporary society faces the challenge of constitutionalising new digital rights. In Spain, two laws (LOPD and LORTAD) developed the constitutional article that enshrined the guarantee of rights against the use of computers. The Constitutional Court inferred from article 18.4 CE an autonomous fundamental right to the protection of personal data. Spanish data protection laws are the result of the obligation to comply withinternational (Convention 108 of the Council of Europe from 1981) and European (Directive 95/46, article 8 of the CDFUE and Regulation EU 2016/679) commitments. However, the European, legal or constitutional, recognition of the fundamental right to data protection does not exclude the need to establish a new framework for the protection of citizens in the digital age in which new digital rights should be recognized.


2021 ◽  
Vol 12 (2) ◽  
pp. 22
Author(s):  
Ismail Tafani ◽  
Renata Tokrri

In this study we will try to analyze the foundations of the Constitution as a pillar and as a guarantee for its solidity. The study will also address the need for revision of the constitution as a fundamental element of its existence and continuity. Particular emphasis will be given to the comparison of the constitutions of the most important countries in the world as regards the procedures and limits to the constitutional revision. In this sense, the constitutions of some Balkan Peninsula countries will be analyzed to draw a comparison and analyze the Albanian Constitution as regards the procedure for its revision. The study intends to analyze the procedures for the revision of the Constitution as well as the explicit and implicit limits to these revisions. In the Constitutional revision in Albania in 2016, the role of the Constitutional Court on the control of the constitutional legitimacy of constitutional revision laws was clarified. Formal constitutionality is usually emphasized since the Albanian constitutional reform underlined that the Constitutional Court in Albania could express itself on the constitutionality of the Constitutional revision law only from a formal point of view.   Received: 2 January 2021 / Accepted: 27 February 2021 / Published: 7 March 2021


Author(s):  
Darinka Piqani

In 2016, the Albanian constitution underwent the most comprehensive constitutional reform since its adoption in 1998. One of the purposes of this reform was to transform the judicial system in Albania in order to detach it from corruption. One of the novelties of the reform was the vetting process of judges and prosecutors at all levels, including judges of the Albanian Constitutional Court. Following termination of mandates of some of the members to the Court, dismissals, and resignations in the context of the vetting process, Albania’s Constitutional Court did not function for more than a year. Although indisputably the constitutional reform and more specifically vetting were designed as a means of guaranteeing the rule of law, it seems that they were contributing factors to the stalemate within the Constitutional Court, thus ultimately undermining the rule of law. This chapter unfolds this paradox in Albania, an EU candidate country.


Author(s):  
Josep M.ª Castellá Andreu

En este estudio se pasa revista a las cinco sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional entre 2014 y 2015 en relación con el proceso secesionista iniciado en Cataluña en 2012. Buena parte de las impugnaciones siguen el procedimiento del artículo 161 CE y Título V LOTC y versan unas sobre la constitucionalidad de dos resoluciones aprobadas por el Parlamento de Cataluña en las que se plantea el derecho a decidir, el carácter soberano del pueblo de Cataluña y el inicio del proceso político y de un proceso constituyente, y las otras sobre la regulación y aplicación de los instrumentos para llevar a cabo el proceso secesionista seguido hasta ahora: una llamada consulta popular no referendaria y un proceso de participación ciudadana. Las sentencias advierten contradicciones con la Constitución de las normas y actos impugnados tanto de carácter sustantivo como de orden competencial. Para el Tribunal la reforma constitucional es ineludible a la hora de afrontar el proceso secesionista con respeto al ordenamiento jurídico. Se concluye que el Tribunal en las diferentes sentencias emitidas otorga distinta relevancia a las exigencias de la democracia pluralista y a las de la democracia constitucional.The essay deals with the five rulings dictated by the Constitutional Court in 2014-15 in relation with the secessionist process started in Catalonia in 2012. Most of the cases follow the procedure of section 161.2 Spanish Constitution and Title V of the Organic Law of the Constitutional Court. They are focused on i) the constitutionality of two resolutions passed by the Catalan Parliament on the right to decide, the sovereignty of Catalan people and the beginning of the political and constituent processes and ii) the regulation and exercise of the instruments to reach the secessionist process followed until now: a so-called popular consultation without referendum and a participatory process. The rulings take into account the contradiction of the norms and acts contested with the Constitution, in both substantive and allocation of powers perspectives. For the Court the constitutional amendment is ineluctable to confront the secessionist process. We conclude that the Constitutional Court assumes in the different rulings differently the obligations of a pluralist and of a constitutional democracy.


Author(s):  
Yolanda Gómez Lugo

¿Pueden las Cámaras tramitar las iniciativas de reforma constitucional aplicando simultáneamente los procedimientos parlamentarios de reforma constitucional y procedimientos legislativos abreviados? Más específicamente, ¿puede considerarse que los métodos de lectura única y urgencia son procedimientos adecuados para tramitar la revisión de la Constitución? En el Auto 9/2012 el Tribunal Constitucional parece haberse decantado por la tesis de la simultaneidad procedimental, conforme a la cual los procedimientos de reforma constitucional podrían aplicarse transversalmente junto a las técnicas procedimentales de lectura única y de urgencia. Sin embargo, haciendo una interpretación sistemática de las normas constitucionales y parlamentarias que regulan el modo de producción legislativa, es posible deducir que dichas modalidades abreviadas actúan como límites procedimentales en la tramitación parlamentaria de la revisión de la Constitución.Can the Parliament process constitutional reform initiatives applying the procedures of constitutional reform and abbreviated legislative procedures simultaneously? More specifically, can it be considered that the method of single reading and the urgent procedure are adequate for processing the revision of the Constitution? In the decision ATC 9/2012 the Constitutional Court seems to have embraced the thesis of procedural simultaneity, according to which the procedures of constitutional reform could be applied transversally along with the legislative techniques of single reading and urgency. However, making a systematic interpretation of constitutional and parliamentary rules governing the lawmaking process, it might be argued that these kind of abbreviates procedures act as procedural limits in the parliamentary processing of the constitutional revision.


2018 ◽  
Vol 1 (102) ◽  
pp. 235
Author(s):  
Pablo Fernández de Casadevante Mayordomo

Resumen:El año 2017 fue testigo de importantes acontecimientos en relación con el fenómeno de la ideología de ultra derecha en Alemania. Si en enero, el Tribunal Constitucional Federal fallaba en contra de la prohibición del  NPD pese a reconocer el carácter antidemocrático de sus objetivos, en julio entraba en vigor una reforma constitucional para excluir de la financiación estatal a formaciones políticas que, siendo contrarias al orden democrático, no sean objeto de prohibición al carecer del potencial necesario para alcanzar sus objetivos. A modo de colofón, septiembre finalizaba con la celebración de elecciones federales y la entrada de la AfD en el Bundestag como tercera fuerza política. A la luz de todo ello, en el presente trabajo se apuesta por el análisis de las principales implicaciones jurídicas derivadas de dichos hechos, ello con el ánimo de ofrecer al lector una visión actualizada sobre el control jurídico aplicable a la ideología de los partidos políticos en Alemania.Summary1. Introduction. 2. The right of every democratic system to its self-defence. 2.1. Theoretical approach. 2.2. Express intangibility clauses and ideological control. 3. The defense of democracy and political parties in the German legal system. 3.1. The German concept of militant democracy. 3.2. Legal regime applicable to anti-democratic political parties. 3.2.1. Constitutional framework. 3.2.2. Basic legislative framework. 4. The German jurisprudential adaptation to the ECHR conventionality control: the NPD case. 4.1. The necessity test according to the ECHR jurisprudence. 4.2. Potentiality as a substitute for the principle of proportionality. 4.3. Anti-democratic but constitutional. 5. Main observations after the recent constitutional reform. 6. Conclusions. Bibliography.Abstract:2017 witnessed important events in relation to the phenomenon of the right-wing ideology in Germany. First, in January, the Federal Constitutional Court ruled against the prohibition of the NPD, despite recognizing the anti-democratic nature of its objectives; then, in July, a constitutional reform came into effect to exclude from the state funding those political formations that, contravening the democratic order, are not prohibited as they lack the necessary potential to achieve their objectives. To conclude, September ended with the holding of federal elections and the entry of the AfD into the Bundestag, as the country’s third largest force. In light of all this, the present work is committed to the analysis of the main legal implications derived from these events, this with the aim to offer the reader an updated view on the legal control applicable to theideology of political parties in Germany.


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