Introducción: En 2014, la llegada a Estados Unidos de decenas de miles de menores no acompañados (en adelante, MeNAS) desde de El Salvador, Honduras y Guatemala reveló una crisis humanitaria de grandes proporciones resultado de la violencia de los cárteles de las drogas, las pandillas, y en la que también participan agentes del Estado. Este artículo analiza el flujo de menores no acompañados centroamericanos como una crisis humanitaria prolongada y silenciosa que los países involucrados parecen no reconocer. Ante la sólida evidencia que apunta a la violencia como factor clave del desplamiento forzado de miles de MeNAS, se examina como han respondido México y Estados Unidos.Método: La metodología está basada en una revisión de las encuestas aplicadas a menores para identificar las razones por las que dejan sus países (ACNUR, 2014; Human Rights Watch, 2016; Jones & Podkul, 2012; Kennedy, 2014); se revisan también estudios sobre la violencia en la región, en particular el índice de homicidios violentos. Se analiza la relación entre violencia y migración forzada de menores no acompañados que estarían en condición de recibir protección, examinanando la brecha existente entre los instrumentos jurídicos en torno al refugio y las políticas con las México y Estados Unidos han respondido a su llegada.Resultados: La situación de violencia generalizada en los países del Triángulo Norte Centroaméricano (TNCA) exhibe las características de una emergencia humanitaria cuya dimensión migratoria está vinculada al desplazamiento forzado de menores no acompañados. Dicha emergencia no ha sido reconocida por los países involucrados, lo que entre otras cosas tiene como consecuencia que los menores que huyen de la violencia no sean atendidos con medidas congruentes con el régimen internacional de protección a refugiados.Discusión o Conclusión: México y Estados Unidos han enfrentado la crisis de menores no acompañados centroamericanos con una serie de medidas que, lejos de atender su dimensión humanitaria, han resultado en la deportación masiva de muchos menores que serían elegibles para recibir asilo y que al retonar a su país corren riesgos que amenazan su vida. Así, el régimen de protección internacional a refugiados no está siendo adecuadamente aplicado adecuadamente. Introduction: In 2014, the arrival in the United States of tens of thousands of unaccompanied minors (UAM) from of El Salvador, Honduras and Guatemala revealed a major humanitarian crisis resulting from the violence of drug cartels, gangs, and which also involved state agents. This paper analyzes the flow of UAM as a long and silent humanitarian crisis that the countries involved do not seem to recognize. Given the strong evidence pointing to violence as a key factor forced displacement of thousands of UAM, the paper examines how Mexico and the United States have responded to the crisis. Method: The methodology is based on a review of the most influencial surveys on the reasons why children leave their countries (Human Rights Watch, 2016; Jones & Podkul, 2012; Kennedy, 2014; UNHCR, 2014); as well as documenting violence in the region, particularly the rate of violent killings to explore the relationship between violence and forced migration of UAM who would be in condition to receive protection, identifying the gap between the legal instruments of the refugee regime, and the policies of Mexico and the U.S. to responded to the situation.Results: The generalized violence in the Central American Northern Triangle (CANT) countries displays the characteristics of a humanitarian emergency which migratory dimension is linked to the forced displacement of UAM. Such emergency has not been recognized by the countries involved having as a consequence, among other things, that minors fleeing criminal violence have not been subjects of measures which are consistent with the international refugee protection regime.Conclusion: Mexico and the United States have responded to the arrival of UAM with a series of measures that, far from addressing the humanitarian dimensión of the crisis, have resulted in the mass deportation of many minors who would be eligible for asylum. To mamy of these minors, returning to their country poses life-threatening risks. Thus, the international regime of refugee protection is not being properly implemented.
Gendered aspects of distress migration:
